Bajo un halo de superioridad y de dominio, por ser el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio visitó cuatro naciones de América Central para dejar en claro lo que el gobierno de Donald Trump quiere imponer en esta parte del mundo: detener la migración irregular hacia Estados Unidos y frenar la influencia china en la región, informa Edgardo Ayala (IPS) desde San Salvador.
Ese elemento de imposición no pasó desapercibido para analistas de la región consultados por IPS, al final del primer viaje que Rubio hizo por América Central como secretario de estado de EEUU por Panamá, El Salvador, Costa Rica y Guatemala, país donde la gira culminó, el 5 de febrero 2025.
«En este segundo mandato, Trump no jugará a la negociación con ningún país, lo está demostrando, va a utilizar cuanta arma tenga a su favor para presionar e imponer», señaló a IPS el analista salvadoreño Mauricio Maravilla.
Rubio logró acuerdos migratorios para que esas naciones centroamericanas, pobres y sin capacidad de maniobra geopolítica, sirvan de tapón tanto para frenar a sus propias poblaciones migrantes, que parten en alto número hacia Estados Unidos, como a las personas que atraviesan sus países desde América del Sur.
Fuerza militar en la frontera con México
Por ejemplo, Rubio obtuvo que el presidente de Guatemala, el socialdemócrata Bernardo Arévalo, aceptara conformar la Fuerza de Tarea de Control y Protección Fronteriza, que patrullará a lo largo de unos trescientos kilómetros de frontera con México.
Arévalo también se comprometió a aumentar en cuarenta por ciento el número de vuelos de personas deportadas de Estados Unidos, tanto guatemaltecas como de otras nacionalidades. Estas últimas serán repatriadas posteriormente a sus lugares de origen, explicó el mandatario guatemalteco durante una conferencia de prensa, junto a Rubio, el 5 de febrero.
Ya en 2019, Estados Unidos impuso que Guatemala, Honduras y El Salvador aceptaran volverse «tercer país seguro», aunque esos acuerdos se suspendieron por la irrupción de la pandemia de covid un año después.
«Todo eso son muestras palpables de una política exterior de corte transaccional que, a base de intimidación y amenazas por la vía arancelaria y otros frentes, ha alertado a sus vecinos», explicó a IPS el investigador Jaime Rivas.
En Costa Rica, Rubio y el presidente costarricense, el derechista Rodrigo Chaves, acordaron fortalecer la cooperación contra el crimen organizado, entre otros temas. «Logramos esbozar en esta reunión la ruta de colaboración con la nueva administración» de Trump, sostuvo en conferencia de prensa conjunta.
América Central, conformada por siete naciones, asemeja un estrecho puente, geográficamente hablando, para llegar desde el sur hasta Estados Unidos, de ahí la importancia que para la potencia del norte tiene esta región, sobre todo el llamado Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador).
Esas tres naciones están entre las que más generan inmigrantes en Estados Unidos, unos siete millones, de los cuales 2,1 millones son indocumentados, según cifras del Instituto de Políticas Migratorias de ese país, publicadas en 2023.
Esos 2,1 millones representan aproximadamente una quinta parte de los once millones de inmigrantes no autorizados que viven en Estados Unidos. Los principales países de origen, de ese segmento, son El Salvador (740.000), Guatemala (724.000) y Honduras (490.000).
La megacárcel de Bukele
Quizá el hecho que más llamó la atención mediática, relativo al viaje de Marco Rubio, fue el ofrecimiento que le hizo el presidente salvadoreño, Nayib Bukele: recibir y encarcelar en El Salvador a inmigrantes que hayan delinquido en Estados Unidos, incluyendo a miembros de peligrosas bandas criminales como la salvadoreña pandilla MS-13 y El Tren de Aragua, de origen venezolano.
Bukele, el gran aliado centroamericano de Trump y afiliado a la llamada corriente trumpista, también le ofreció encarcelar a ciudadanos estadounidenses convictos, a cambio de una suma de dinero por cada persona.
Se desconoce el monto que el gobierno salvadoreño cobraría en esa operación calificada por las autoridades como de «outsourcing» o prestación de servicios a terceros, en este caso, carcelarios.
«El gobierno de El Salvador, que está convirtiendo al país en una sociedad carcelaria, es lo que tiene para ofrecer», las cárceles, observó Rivas.
Con ello el investigador se refirió a la política de mano dura que Bukele y sus funcionarios mantienen en el país desde marzo de 2022, con la cual, echando mano de redadas policiales y militares, han logrado desarticular la actividad de las temidas y violentas pandillas MS-13 y el Barrio 18.
Desde entonces, unas 84.000 personas acusadas de pertenecer a esos grupos criminales han sido arrestadas y encarceladas, y aunque la mayoría serían efectivamente pandilleros, hay amplia evidencia de que se ha detenido a gente inocente, sin vínculos con esas estructuras delictivas, como lo han documentado organizaciones de derechos humanos, locales e internacionales.
Muchas de las personas detenidas en el marco del régimen de excepción, impuesto en el contexto de esa mano dura, están detenidas en el Centro del Confinamiento del Terrorismo (Cecot), inaugurado por el gobierno salvadoreño en febrero de 2023 y diseñado para albergar a 40.000 reclusos.
A esa megacárcel vendrían a parar aquellos convictos estadounidenses y miembros de bandas delictivas deportados, según el ofrecimiento de Bukele, del que dijo es algo «sin precedentes».
La propuesta del presidente salvadoreño ha sido bien recibida por Trump. «Si tuviéramos el derecho legal de hacerlo, lo haríamos en un santiamén», dijo el 5 de febrero el mandatario estadounidense.
No obstante, el plan de Bukele enfrenta vacíos legales que de momento no permiten ver que la propuesta inicie pronto. Uno de ellos es que la Constitución de El Salvador establece que alguien puede ser encarcelado solamente luego de haber sido oído y condenado en un juicio según las leyes nacionales, no de otros países.
«Todo ese análisis de constitucional, de los convenios internacionales y de leyes secundarias, ha sido ignorado completamente. No sabemos cómo van a resolver eso», acotó Maravilla, abogado de profesión.
Mulino, el primero en ceder
Previo a la llegada de Rubio a Panamá, el 1 de febrero, Trump había dado declaraciones incendiarias sobre cómo, sin mostrar evidencias, China había logrado tomar control el canal de Panamá, y que estaba decidido a retomarlo incluso por la fuerza militar, si fuera necesario, dado el interés estratégico que el canal representa para Estados Unidos.
Y aun cuando el presidente panameño, el derechista José Raúl Mulino, insistiría en que el control de la vía interoceánica lo mantiene y mantendrá su país, al final tuvo que ceder y verse obligado a suspender la renovación de un acuerdo con China que Panamá había suscrito en noviembre de 2017.
Ese acuerdo incluyó a Panamá en la llamada Ruta Marítima de la Seda del Siglo veintiuno, una iniciativa transcontinental de China, que abarca alrededor de veintitrés países para, en esencia, promover el comercio y el intercambio de tecnología, capital y personal.
El convenio con Panamá se renovaría automáticamente cada tres años y, en efecto, eso sucedió en 2020 y 2023. Y en virtud de ese plan, una compañía de Hong Kong operaba dos puertos cerca de las entradas del canal.
Pero el 3 de febrero, tras la reunión sostenida con Rubio, Mulino confirmó a los medios que el acuerdo ya no se renovaría.
Incluso «vamos a estudiar la posibilidad de ver si se puede terminar antes o no», sostuvo Mulino, visiblemente incómodo, en un breve espacio para responder preguntas de los periodistas, tras el encuentro con el secretario de estado estadounidense.
Para Elías Cornejo, coordinador de Promoción Social y Atención al Migrante, de la organización Fe y Alegría, en Panamá, era de esperarse el papel de avasallamiento jugado por Mulino, pues desde que llegó al Ejecutivo, en mayo de 2024, se mostró dócil con los Estados Unidos, cuya frontera sur, dijo en su momento, no era el estado de Texas, sino Lajas Blancas.
Lajas Blancas es la región fronteriza con Colombia que abarca el Darién, la espesa y peligrosa selva que es paso de inmigrantes que viajan como indocumentados desde América del sur.
«Mulino se comportó como un lacayo, todos sabemos que los chinos no controlan el canal, que no hay soldados chinos en Panamá», sostuvo Cornejo.
Mulino también ofreció ampliar una pista aérea de Nicanor, en Metetí, (provincia de Darién) para recibir a indocumentados deportados de Venezuela, Colombia y Ecuador, entre otras nacionalidades.
Por otro lado, el secretario de estado no visitó Honduras debido a que el gobierno de Xiomara Castro es considerado de izquierda y por ello política e ideológicamente opuesto a la visión de extrema derecha de Trump.
Rubio no mencionó en absoluto a Honduras en su viaje, «para no darle ninguna importancia al gobierno de Castro», dijo Cornejo.
A Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega, sí la mencionó durante su escala en San José, para indicar que junto con Cuba y Venezuela «son enemigos de la humanidad» y causa de la crisis migratoria actual en el hemisferio.
