El periodista griego Thanasis Koukakis ha acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la respuesta judicial a la vigilancia de sus comunicaciones. Su demanda cuestiona la investigación sobre el seguimiento efectuado por el servicio de inteligencia griego y la invasión de su teléfono con el programa espía Predator.
La Federación Internacional de Periodistas (FIP-IFJ) informó el 27 de agosto de 2026 de que los abogados de Koukakis habían anunciado la presentación de la demanda el día anterior ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo.
La iniciativa se dirige contra Grecia por el modo en que las autoridades judiciales nacionales tramitaron la investigación de la doble vigilancia del periodista. Según la defensa, no se llevó a cabo una investigación «independiente, imparcial y efectiva».
La demanda invoca posibles vulneraciones del derecho a la vida privada, la libertad de expresión, la protección de las fuentes periodísticas y el derecho a un recurso efectivo.
La doble vigilancia de Thanasis Koukakis
Koukakis fue sometido a seguimiento por el Servicio Nacional de Inteligencia de Grecia durante el verano de 2020, según la información que recibió posteriormente el periodista.
Además, su teléfono móvil permaneció controlado con Predator durante al menos dos meses de 2021. El análisis técnico que permitió detectar la intrusión se conoció en 2022.
Periodistas en Español informó entonces del espionaje a Thanasis Koukakis con Predator y de la petición de la FIP para que el Gobierno griego investigase el origen de la operación.
Este tipo de software puede permitir el acceso a mensajes, archivos, contactos y datos almacenados en un dispositivo, además de comprometer el micrófono y la cámara. Su utilización contra profesionales de la información afecta también a la confidencialidad de las fuentes y a las investigaciones periodísticas en curso.
La investigación judicial del caso Predator
La FIP recuerda que un tribunal de Atenas dictó en febrero de 2026 condenas contra cuatro personas por hechos relacionados con el uso ilegal de Predator.
El órgano judicial ordenó además investigar si se habían cometido otros delitos e identificar a quienes se hubieran beneficiado de la vigilancia. Sin embargo, según la comunicación de la federación, la Fiscalía del Tribunal Supremo rechazó el veintisiete de abril reabrir el procedimiento.
Los abogados de Koukakis cuestionan la imparcialidad de esa decisión. Alegan que el fiscal que rechazó la reapertura había supervisado anteriormente al Servicio Nacional de Inteligencia y había firmado en 2020 las autorizaciones para levantar la confidencialidad de las comunicaciones del periodista.
La existencia de ese posible conflicto constituye uno de los argumentos centrales de la demanda. Corresponderá al Tribunal de Estrasburgo decidir primero sobre su admisibilidad y, en su caso, examinar las vulneraciones alegadas.
La FIP pide garantías contra la vigilancia de periodistas
El secretario general de la FIP, Anthony Bellanger, considera que «vigilar y espiar ilegalmente a periodistas es un acto inaceptable».
La organización sostiene que la libertad de prensa exige proteger tanto la privacidad de los profesionales como la confidencialidad de sus fuentes. También reclama investigaciones rápidas e independientes y normas nacionales que establezcan garantías específicas frente al uso abusivo de tecnologías de vigilancia.
La federación ya advirtió en abril de 2026 de que el espionaje digital contra periodistas se ha convertido en un problema internacional. Su estudio sobre esta materia describió la expansión de una industria en la que confluyen programas comerciales, sistemas de interceptación de comunicaciones y mecanismos de supervisión insuficientes.
Ese análisis fue recogido por Periodistas en Español en la información sobre la vigilancia sistémica contra periodistas a escala mundial.
