El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial alerta de que al menos cuatro migrantes han sido asesinados y cincuenta mil han sufrido desplazamientos forzados desde comienzos de 2026. El organismo reclama al Gobierno sudafricano medidas contra los grupos racistas y protección para las víctimas.
El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial ha denunciado el aumento de la xenofobia, los delitos de odio y la violencia contra la población migrante en Sudáfrica desde principios de 2026.
El organismo de expertos independientes sostiene que al menos cuatro migrantes han sido asesinados y otros cincuenta mil han sido desplazados por civiles y grupos organizados de carácter paramilitar. Su pronunciamiento, difundido el 27 de agosto en Ginebra, también recoge denuncias de secuestros, saqueos, destrucción de propiedades y desalojos ilegales.
Según una información de IPS fechada en Ginebra, las restricciones impuestas a algunas personas migrantes han alcanzado servicios esenciales como la asistencia sanitaria y la educación.
El Comité considera que los hechos descritos vulneran derechos protegidos por la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
Cifras cuestionadas por el Gobierno sudafricano
El Gobierno de Mozambique sostiene que once ciudadanos de ese país han muerto en ataques cometidos en Sudáfrica. Nigeria y Ghana también han comunicado fallecimientos de algunos de sus nacionales.
Las autoridades sudafricanas han cuestionado parte de esas cifras. Su versión indica que algunas muertes pueden estar relacionadas con delitos comunes, como robos, y no necesariamente con movilizaciones contra la inmigración. La policía mantiene abiertas investigaciones sobre varios homicidios.
Esta discrepancia obliga a diferenciar entre las cifras recogidas por el Comité de la ONU, las comunicadas por los países de origen y los casos cuya motivación todavía investiga la justicia sudafricana.
El órgano de Naciones Unidas también menciona la proliferación de discursos de odio y estereotipos contra migrantes, personas refugiadas y solicitantes de asilo. En su declaración identifica a la Fundación para el Desarrollo Insizwa Nobunsizwa y al movimiento March and March entre las organizaciones que promueven movilizaciones contra la inmigración irregular.
Según el Comité, estas campañas han favorecido un clima de estigmatización y han alentado desalojos y exigencias de expulsión de ciudadanos extranjeros.
La ONU reclama medidas contra la xenofobia en Sudáfrica
El Comité atribuye la persistencia de la discriminación a factores como las desigualdades socioeconómicas heredadas del apartheid y las demoras administrativas en la expedición o renovación de documentos de identidad y visados.
El desempleo constituye otro elemento del contexto social. De acuerdo con Statistics South Africa, la tasa oficial alcanzó el 33,6 por ciento durante el segundo trimestre de 2026. El país contabilizaba entonces 8,5 millones de personas desempleadas.
El organismo de la ONU advierte, además, de una respuesta insuficiente de las fuerzas de seguridad ante los delitos de odio racista. Añade que muchas agresiones no se denuncian debido al miedo a represalias, la desconfianza hacia la policía y el desconocimiento de los mecanismos de protección disponibles.
En este contexto, el Comité reclama investigaciones eficaces y rendición de cuentas para impedir que los delitos queden impunes. También pide prevenir la formación de grupos racistas organizados y proceder a su ilegalización y desmantelamiento cuando corresponda conforme a la legislación.
Ramaphosa condena el vigilantismo
El Comité ha valorado la declaración sobre política migratoria pronunciada el 7 de junio por el presidente Cyril Ramaphosa. En aquella intervención, difundida por la Presidencia de Sudáfrica, el mandatario rechazó la xenofobia y advirtió de que únicamente las autoridades pueden exigir documentación o actuar frente a infracciones migratorias.
Ramaphosa defendió una aplicación más estricta de las leyes de inmigración, pero afirmó que el Estado debe proteger los derechos humanos de todas las personas, con independencia de su nacionalidad. También anunció un refuerzo del control fronterizo, inspecciones laborales y medidas contra quienes empleen y exploten a trabajadores indocumentados.
Pese a esa posición institucional, el Comité considera que la respuesta sigue siendo insuficiente. Por ello, ha instado a las autoridades a combatir las causas sociales de la discriminación, proteger a las víctimas y garantizar alojamiento y servicios básicos a los miles de migrantes desplazados.
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