El 5 de marzo de 2015 los diputados argelinos han aprobado una ley que pretende luchar contra las agresiones a las mujeres y especialmente contra la violencia conyugal, un crimen que en Argelia causa cada año la muerte de entre 100 y 200 mujeres, según cifras oficiales recogidas en una información del canal internacional France 24 y del digital Aufaitmaroc.
Una situación alarmante para la diputada Fouzia Sahnoun, de la Agrupación Nacional Democrática (RND) quien no duda en hablar de “terrorismo familiar”.
A finales de 2014, los servicios de policía argelinos demostraron que los problemas familiares encabezaban la lista de “motivos” de las agresiones a mujeres, con 4113 casos contabilizados en los nueve primeros meses del año.
La nueva ley -que entre otras cosas preserva los recursos económicos de la mujer frente al esposo (hasta ahora propietario único de todos los bienes del matrimonio) e introduce la noción de acoso en lugares públicos y acoso moral conyugal-, endurece las penas aunque mantiene que el marido pueda quedar en libertad sin cargos si su esposa le perdona, y ha provocado todo tipo de reacciones airadas entre los conservadores –los islamistas, incluso, abandonaron la sala en el momento de iniciarse la votación- que ven en ella «una dislocación de la familia», y sobre todo una «imposición de normas occidentales», según ha manifestado el diputado Naamane Belaouar, de la Alianza por una Argelia Verde, coalición de partidos islamistas: “Considero que el texto es un copiar y pegar de leyes occidentales, hechas para aplicarse en situaciones totalmente distintas”.
Para ellos, se trata de “una intrusión inadmisible en la intimidad de la pareja contraria a los valores del Islam”. Según el independiente Ahmed Khelif, la ley es una forma de legitimar las relaciones extraconyugales: “será más fácil tener una amante que casarse y correr el riesgo de ser juzgado por cualquier cosa”.
En cambio, para el ministro de Justicia Tayeb Louh los versos coránicos no permiten aceptar el fenómeno “cada vez mayor en nuestra sociedad” de la violencia contra las mujeres. Después de Túnez, Argelia es el segundo país del Maghreb que criminaliza la violencia contra las mujeres.
Como la ley es para todos, a partir de ahora quien pegue a su pareja puede ser condenado a una pena de entre 1 y 20 años de cárcel, en función del daño y las heridas causadas, y a cadena perpetua en caso de que la agresión tenga como resultado la muerte. Otro artículo prevé de seis a doce meses de cárcel para «quien ejerza presiones sobre su esposa con el fin de disponer de sus recursos económicos».
Para algunos juristas occidentales, aunque la ley significa un avance en el país, sus efectos se verán muy limitados por la aparición en ella de la noción de perdón, porque “en efecto, el perdón de la esposa pone fin a la actuación judicial en los casos menos graves, y la aligera en los más graves”, y porque, como subraya Soumia Salhi, sindicalista y feminista, el perdón llega siempre debido a las presiones familiares sobre la víctima “lo que significa que está en duda la palabra de las mujeres y envía un mensaje de impunidad a los agresores”.
Por su parte, Amnistía Internacional estima que la ley es “un paso adelante” pero condena el parón judicial en los casos de perdón de la victima. “A partir del momento en que se introduce la noción de perdón, la ley pierde substancia”, argumenta el diputado Oujdane Hamouche, del Frente de Fuerzas Socialistas (FFS) en el diario canadiense La Presse. Por su parte, la jurista Nadia Aït Zai pide que se mantenga la actuación pública de la fiscalía contra los agresores, también en los casos de perdón de la víctima.
Las asociaciones feministas y ONG que defienden los derechos fundamentales han aplaudido los avances de la ley pero recuerdan que no existen en el país instituciones ni estructuras capaces de acoger a las mujeres maltratadas, a las que en no pocas ocasiones sus familias no solo no ayudan, sino que incluso repudian una vez que denuncia la violencia sufrida.
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