“Los ataques a periodistas están ocurriendo frecuentemente en nuestro país, es algo que está ocurriendo todos los días, justamente por dedicarnos a lo que nos dedicamos, por trabajar y hablar con la verdad. Es triste y lamentable porque hoy tenemos más periodistas caídos en México que soldados en Irak”, afirmaba la periodista Hannia Novell recientemente, en la presentación de su libro* en la edición de este año de la Feria Universitaria del Libro (FUL) que organizaron la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y su Patronato, bajo el auspicio del Consejo Nacional para la cultura y las Artes.
Hannia, Premio Nacional de Periodismo 2003, exhortó a los estudiantes a trabajar con ética, pasión y compromiso: “Nunca acepten una moneda, un soborno, por una nota, porque no sabemos qué puede pasar el día de mañana; tal vez al que la paga no le gusta, y luego vienen las consecuencias”.
Escuchándola viene a la mente el último y macabro caso ocurrido en la colonia Narvarte de la capital mexicana, donde fue asesinado el fotoperiodista Rubén Espinosa y otras cuatro personas más. A día de hoy, sigue sin saberse la verdad. Las autoridades insisten en culpabilizar a una de las mujeres, de origen colombiano, quien dicen estaba relacionada con el tráfico de drogas. Y que es un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Pero Rubén y su amiga Nadia habían señalado hace tiempo que estaban amenazados en Veracruz por el entorno del gobernador. Difícil creerse la versión “oficial”, puesto que armas y drogas son el pretexto (real o no) para detener, encarcelar o matar la verdad.
Un frente común
En este contexto, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, una agrupación de organizaciones entre las que se encuentran Artículo 19, el Centro Prodh, Serapaz, el centro Fray Francisco de Vitoria, Fundar, Cepad, Causa, la Red TDT, el Instituto de Derechos Humanos y Democracia, Propuesta Cívica y el Colectivo Resonar, ha elaborado un segundo informe titulado Control de Espacio Público, en el que insisten en que la aprobación de las denominadas “leyes anti-protesta” es “un reflejo del desconocimiento y de la profunda negación de la realidad y del contexto social de nuestro país”. Ya lo dijeron en abril del pasado año, y ahora vuelven sobre lo mismo, puesto que, en su opinión, el panorama actual no es diferente al descrito en 2014. Porque, si bien, en algunas protestas, hubo casos aislados de violencia por parte de manifestantes, se documentó la existencia de detenciones arbitrarias, procesamientos injustos, falseamiento de pruebas, uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades e incluso casos de tortura.
El informe señala todas las iniciativas, leyes y reformas aprobadas que restringen (de forma directa o indirecta) la libertad de expresión y la protesta social en México, haciendo énfasis en la obligación que tienen los Estados de adecuar y adoptar su marco jurídico, políticas públicas y prácticas gubernamentales con la finalidad de garantizar y respetar los derechos humanos. Esto significa que, por un lado deben adoptar las medidas legislativas para proteger los derechos; y por el otro, deben eliminar o abstenerse de adoptar leyes que los restrinjan. En consecuencia, crear, proponer y aprobar cambios legislativos que tiendan a inhibir, restringir o permitan la represión del ejercicio de la protesta social son acciones contrarias a las obligaciones que el Estado mexicano ha contraído a nivel internacional.
A pesar de haber firmado tratados internacionales, en México se ha adoptado una tendencia opuesta, basada en la restricción de la protesta social también por la vía legislativa.
La criminalización de la protesta asume múltiples formas, desde la represión desproporcionada de los manifestantes, la investigación y persecución penal del grupo social (con frecuencia dirigida hacia los líderes de los movimientos), hasta la descalificación automática y desde una óptica delincuencial de las organizaciones y colectivos que protestan. Dicha criminalización también implica la creación de sanciones administrativas y delitos ad hoc que posibilitan la persecución penal de grupos y personas o de sus acciones. Asimismo, alcanza a integrantes de medios de comunicación.
El informe detalla, punto por punto, las leyes de cada Estado que restringen de forma injustificada el derecho a la protesta social y la libertad de expresión y reunión. Pero las legislaciones que restringen injustificadamente la protesta no se han detenido, pues, recientemente, se aprobó en Puebla una nueva ley que sigue la misma tendencia.
Los autores de este exhaustivo trabajo aseguran que el nivel de abuso de autoridad ha llegado al extremo de imputárseles los delitos más graves contemplados en códigos penales a quienes son detenidos durante una movilización. Por ejemplo, uno de los contenidos en el Código Penal del DF, “ataques a la paz pública”, implica una pena de 30 años y representa el triple de punibilidad respecto a la pena de rebelión, o el doble de la que se especifica para sabotaje o terrorismo.
Las “autoridades” tampoco tienen empacho en aplicar las mismas leyes a cuanto reportero encuentran en las protestas, a quienes requisan las cámaras, golpean y, si se quejan, les detienen. Y si les detienen, deben darse prisa sus colegas en denunciarlo, porque, quizás, no vuelvan a ver la luz del día…, o lo hagan a cabo de años.
- “Bitácoras de guerra, experiencias de una reportera”, editado por Trillas y Círculo Editorial Azteca
