La Uníón Europea (UE) ha dado dos fuertes reveses diplomáticos en una semana en su relación con Marruecos. Así, apunta «deficiencias» en el respeto de la libertad de expresión y de reunión en Marruecos en el informe anual sobre Derechos Humanos hecho público el martes 20 de septiembre de 2016, en el que admite que activistas de los derechos humanos han denunciado «varios» casos de restricciones a periodistas y representantes de la sociedad civil.
En el caso del Sáhara Occidental, la UE ha vuelto a insistir en la importancia de «mejorar la situación de los Derechos Humanos» en el territorio así como «en los campamentos de Tinduf», pero deja claro que «la UE no tomará ninguna iniciativa que pueda socavar el proceso encabezado por la ONU» para resolver el conflicto saharaui.
«La UE ha continuado animando a las autoridades marroquíes a reforzar la cooperación con la sociedad civil y establecer un proceso de reformas inclusivo», se subraya en el informe, en el que recuerda que también se pide a Rabat «acelerar» las reformas.
Cuatro años después de la adopción de la Constitución en 2011, sólo diez de un total de 19 leyes orgánicas han sido aprobadas por el Parlamento marroquí. Actualmente se está en periodo preelectoral ya que las elecciones parlamentarias en Marruecos tendrán lugar el viernes 7 de octubre.
Este informe coincide con lo manifestado por el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Melchior Wathelet, el martes 13 de septiembre de 2016, apuntando que los acuerdos de la Unión Europea con Marruecos para estrechar lazos o en materia comercial no deben aplicarse al Sáhara Occidental.
En una opinión legal, Melchior Wathelet afirma que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos y varios países miembros de la UE nunca han reconocido la soberanía del país norteafricano sobre el territorio.
El jurista recuerda algo obvio, «el Sahara Occidental está, desde 1963, inscrito por la ONU en su lista de territorios no autónomos relativa al ejercicio del derecho a la autodeterminación de los pueblos coloniales» y subraya que la Unión (Europea) y sus estados miembros «nunca reconocieron que el Sahara occidental forma parte de Marruecos o se encuentra bajo su soberanía».
Sede del Tribunal de Justicia de la UE en LuxemburgoNingún acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos sobre lazos más estrechos, «ni tampoco ningún pacto comercial en agricultura o pesca debe aplicarse allí», añade. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló el 10 de diciembre de 2015 el acuerdo comercial agrícola firmado en 2012 entre Marruecos y la Unión Europea (UE).
Argumenta que la decisión recurrida –entre otros por España- «no afecta directa e individualmente al Frente Polisario», pues este es «reconocido por la comunidad internacional como el representante del pueblo del Sahara Occidental en el proceso político» y «no como entidad que tenga por misión defender los intereses comerciales de dicho pueblo».
Marruecos suspendió sus contactos con la UE después de que el máximo tribunal europeo anulara en diciembre su acuerdo de pesca y agricultura porque incluía el territorio de Sáhara Occidental, rico en recursos minerales, que Marruecos considera como sus ‘provincias del sur’.
Las opiniones legales como la emitida por Wathelet no son documentos vinculantes, pero suelen respetarse en tribunales de la UE en el 70 por ciento de los casos.
La española Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera que el informe de conclusiones presentado por Melchior Wathelet, sobre la sentencia que declaró nulo el acuerdo agrícola y comercial UE-Marruecos, confirma la “chapuza jurídica” en la que está sustentado.
A esto se añade que el gobierno de Dinamarca pidió la retirada de las fuerzas militares que salieron del puesto de Guergarat y respetar el alto el fuego firmado entre el Frente Polisario y Marruecos en 1991. En respuesta a una pregunta escrita de la Comisión de Exteriores del Parlamento, el Ministerio de Asuntos Exteriores danés dijo que su país apoya la apertura de una investigación sobre las violaciones marroquíes del alto el fuego.
Mientras, en España, se está a la espera que el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel García Margallo acuda al Senado para responder al grupo de Compromís sobre este mismo asunto.
