España no se queda al margen en el menoscabo de derechos, especialmente de las personas migrantes y refugiadas, o en limitaciones de derechos como la libertad de expresión
Los políticos que se valen de la retórica tóxica y deshumanizadora del “nosotros contra ellos” están creando un mundo más dividido y peligroso, advierte Amnistía Internacional en su evaluación anual de la situación de los derechos humanos en el mundo.
En un informe titulado La situación de los derechos humanos en el mundo, la organización presenta un análisis especialmente exhaustivo del estado de los derechos humanos en 159 países y advierte que las consecuencias de la retórica del “nosotros contra ellos” con que se elabora la agenda en Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo están fomentando un retroceso en materia de derechos humanos y debilitando peligrosamente la respuesta global a las atrocidades masivas.
“2016 fue un año en el que el uso cínico de una retórica del “nosotros contra ellos” en discursos de culpa, odio y miedo adquirió relieve global a una escala nunca vista desde la década de 1930. Son demasiados los políticos que responden a los temores legítimos de índole económica y de seguridad haciendo una manipulación venenosa y divisiva de la política de la identidad con el fin de ganar votos”, ha señalado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
Agrega que el alarmismo divisivo se ha convertido en una peligrosa fuerza en los asuntos del mundo. Se trate de Trump, Orban, Erdoğan o Duterte, cada vez son más los políticos que dicen ser antisistema y tienen una agenda tóxica que persigue, convierte en chivos expiatorios y deshumaniza a grupos enteros de personas.
“La política de demonización que se hace en la actualidad difunde la peligrosa idea de que algunas personas son menos humanas que otras, despojando de su humanidad a grupos enteros de personas. Esta práctica amenaza con desatar los aspectos más negativos de la naturaleza humana”, concluye.
La política de demonización
Los radicales cambios políticos de 2016 pusieron de manifiesto el potencial de la retórica de odio para desatar el lado más oscuro de la naturaleza humana. Un claro ejemplo de la tendencia global a hacer política de manera más airada y divisiva fue la venenosa retórica de campaña de Donald Trump, pero los líderes políticos de otras partes del mundo también apostaron su poder a discursos de miedo, culpa y división.
Está retórica tiene un impacto cada vez mayor en las políticas y medidas que se adoptan. En 2016, los gobiernos hicieron la vista gorda ante crímenes de guerra, impulsaron acuerdos que menoscababan el derecho a solicitar asilo, aprobaron leyes que violaban la libertad de expresión, incitaron a asesinar a personas simplemente por estar acusadas de consumir drogas [1], justificaron la tortura y la vigilancia masiva y ampliaron poderes policiales draconianos.
También dieron la espalda a las personas refugiadas y migrantes, a las que a menudo resultaba fácil convertir en chivos expiatorios. El Informe Anual de Amnistía Internacional documenta cómo 36 países violaron el derecho internacional devolviendo ilícitamente a personas refugiadas a países donde sus derechos humanos corrían peligro.
En el caso más reciente, el presidente Donald Trump ha puesto en práctica la retórica xenófoba y de odio que utilizó en su campaña electoral firmando una orden ejecutiva con la que se intenta impedir que las personas refugiadas soliciten su reasentamiento en Estados Unidos, dificultando así que quienes huyen de la guerra y la persecución en Estados asolados por los conflictos, como Siria, busquen refugio seguro en el país.
Mientras tanto, Australia causa deliberadamente un terrible sufrimiento dejando a las personas refugiadas atrapadas en Nauru y la isla de Manus, la UE ha llegado a un temerario acuerdo ilegal con Turquía para enviar a las personas refugiadas de regreso a suelo turco, aunque no sea un país seguro para ellas y México y Estados Unidos continúan expulsando a personas que huyen de la violencia incontrolada de Centroamérica.
En otras partes, China, Egipto, Etiopía, India, Irán, Tailandia y Turquía han llevado a cabo campañas masivas de represión. Al mismo tiempo, otros países han adoptado intrusivas medidas de seguridad, como el prolongado estado de excepción de Francia y la inaudita y catastrófica legislación sobre vigilancia de Reino Unido. Otro rasgo de la política del “más fuerte” ha sido el aumento de la retórica antifeminista y anti LGBTI, que se ha manifestado, por ejemplo, en el intento de reducir los derechos de las mujeres en Polonia, al que se respondió con protestas multitudinarias.
“Son demasiados los líderes que, en vez de luchar por los derechos de la gente, han adoptado por conveniencia política una agenda deshumanizadora. Muchos violan los derechos de grupos utilizados como chivos expiatorios para marcarse tantos políticos o desviar la atención de su propio fracaso a la hora de garantizar derechos económicos y sociales”, afirma Salil Shetty.
“En 2016, estas formas especialmente tóxicas de deshumanización se convirtieron en fuerza dominante en la política convencional global. Los límites de lo que se considera aceptable han cambiado. Los políticos legitiman desvergonzada y activamente todo tipo de retóricas y políticas de odio basadas en la identidad de las personas, como la misoginia, el racismo y la homofobia.
“El primer blanco han sido las personas refugiadas, y si esta situación persiste en 2017, aparecerán también otros en el punto de mira. Las reverberaciones darán lugar a más ataques, perpetrados por motivos de raza, género, nacionalidad y religión. Cuando las personas dejemos de vernos unas a otras como seres humanos con los mismos derechos, empezaremos a precipitarnos en el abismo.”
El mundo vuelve la espalda a atrocidades masivas
Amnistía Internacional advierte de que en 2017 veremos agravarse las crisis en curso debido a la debilitadora ausencia de liderazgo en materia de derechos humanos en un escenario mundial caótico. El modo de hacer política basado en el “nosotros contra ellos” se está poniendo también de manifiesto en el plano internacional, donde el multilateralismo está siendo sustituido por un orden mundial más agresivo y belicoso.
“Sin voluntad política de los líderes mundiales para ejercer presión sobre los Estados que violan los derechos humanos, están en juego principios básicos que abarcan desde la rendición de cuentas por atrocidades masivas hasta el derecho de asilo”, ha señalado Salil Shetty.
“Incluso los Estados que afirmaban defender derechos en otros países están ahora demasiado ocupados restringiendo los derechos humanos internamente como para pedir cuentas a los demás. Cuantos más países den marcha atrás en sus compromisos fundamentales con los derechos humanos mayor será el riesgo de que se produzca un efecto dominó de líderes con el que se anime a retirar garantías de protección de los derechos humanos ya establecidas.”
El mundo se enfrenta a una larga lista de crisis con poca voluntad política para abordarlas, entre ellas las de Siria, Yemen, Libia, Afganistán, Centroamérica, la República Centroafricana, Burundi, Irak, Sudán del Sur y Sudán. En el Informe Anual de Amnistía Internacional se documentan crímenes de guerra cometidos en al menos 23 países en 2016.
A pesar del desafío que plantean cifras como ésta, la indiferencia internacional ante los crímenes de guerra se ha convertido en algo totalmente normal, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU permanece paralizado por las rivalidades entre sus Estados miembros permanentes.
“2017 da comienzo con muchos de los Estados más poderosos del mundo afanados en estrechos intereses nacionales a costa de la cooperación internacional. Esta situación amenaza con llevarnos hacia un mundo más caótico y peligroso”, ha afirmado Salil Shetty.
“Un nuevo orden mundial en el que los derechos humanos aparecen representados como un obstáculo para los intereses nacionales reduce peligrosamente la capacidad de abordar las atrocidades masivas y abre la puerta a abusos que recuerdan a las épocas más funestas de la historia humana».
“La comunidad internacional ha respondido ya con un ensordecedor silencio a las incontables atrocidades de 2016, como la transmisión en directo del horror de Alepo, las miles de personas muertas a manos de la policía en la “guerra contra las drogas” de Filipinas y el uso de armas químicas y los centenares de pueblos quemados en Darfur. La cuestión fundamental que se plantea en 2017 es a qué extremos va a dejar el mundo que lleguen las atrocidades antes de tomar medidas contra ellas”.
Defender los derechos humanos
Amnistía Internacional pide a la gente que oponga resistencia en todo el mundo a los cínicos intentos de retirar derechos humanos consolidados con la lejana promesa de prosperidad y seguridad.
En su Informe Anual, la organización advierte de que la solidaridad global y la movilización popular serán de especial importancia para proteger a las personas que se oponen a quienes están en el poder y defienden los derechos humanos, que suelen ser tachadas por los gobiernos de amenaza para el desarrollo económico, la seguridad y otras prioridades.
Amnistía Internacional documenta en su Informe Anual que en 2016 se dieron casos de personas a quienes mataron por defender los derechos humanos en 22 países. Las mataron por actividades como cuestionar arraigados intereses económicos, defender a minorías y a comunidades pequeñas u oponerse a los obstáculos tradicionales para los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI. El homicidio de la notable dirigente indígena y defensora de los derechos humanos Berta Cáceres en Honduras el 3 de marzo de 2016 fue una pavorosa advertencia a quienes hacen activismo, pero no se llevó a nadie ante la justicia.
“No podemos depender pasivamente de los gobiernos para defender los derechos humanos; somos las personas quienes que tenemos que hacer algo. Con los políticos cada vez más dispuestos a demonizar a grupos enteros de personas, raras veces ha sido tan evidente la necesidad de que todas las personas luchemos por los valores básicos de la dignidad humana y la igualdad en todas partes”, ha manifestado Salil Shetty.
“Cada persona debe pedir a su gobierno que utilice todo el poder e influencia que tenga para poner en evidencia a quienes cometen abusos contra los derechos humanos. En los malos tiempos, la gente ha logrado cambiar las cosas cuando ha tomado postura, fuera como activistas de los derechos civiles en Estados Unidos, activistas contra el apartheid en Sudáfrica o movimientos por los derechos de las mujeres y de las personas en todo el mundo. Todas las personas tenemos que aceptar ahora este reto.”
España, en medio de esta tendencia internacional
En 2016, España no se ha quedado al margen del menoscabo de los derechos humanos. Por un lado, la acogida de personas que huyen de conflictos o de graves violaciones de derechos humanos sigue siendo insuficiente, y se siguen produciendo expulsiones colectivas en las fronteras de Ceuta y Melilla. Por otro, se ha utilizado el delito de «enaltecimiento de terrorismo» para limitar desproporcionadamente la libertad de expresión. Mientras tanto, la impunidad es una tendencia en las violaciones de derechos humanos: los miembros de fuerzas de seguridad implicados en el uso excesivo de la fuerza rara vez son identificados, y los casos de tortura siguen sin investigarse adecuadamente, al igual que los crímenes contra el derecho internacional, como los cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.
«Aunque España, en su discurso, se comprometió en septiembre de 2015 con la Unión Europea a la reubicación y reasentamiento de más de 17.000 personas que huyen de la guerra y la persecución, lo cierto es que sólo ha acogido a 1.034 personas (23 enero de 2017), tan sólo el 6% de su compromiso. Unas cifras que son claramente insuficientes», señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Amnistía Internacional ha denunciado, entre otros aspectos, que el sistema español de recepción de solicitantes de asilo sigue prácticamente bloqueado, no se garantiza el derecho a la información de los solicitantes de asilo, es excesivo el tiempo que permanecen en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) las personas solicitantes de asilo de algunas nacionalidades (en algunos casos hasta más de un año), y no hay garantías de protección para colectivos vulnerables como las mujeres víctimas de violencia de género, las víctimas de trata, o las personas del colectivo LGBTI.
La organización ha documentado cómo las fronteras se encuentran prácticamente selladas para migrantes y solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla, especialmente de origen subsahariano, donde se siguen produciendo expulsiones colectivas por parte de las fuerzas de seguridad, la última en enero de 2017, sin tener en cuenta si estas personas podrían ser solicitantes de asilo o estar en una situación vulnerable.
A lo largo de 2016, hubo ejemplos de cómo la amplia y vaga definición de terrorismo recogida en la reforma del Código Penal sirvió para limitar desproporcionadamente el derecho a la libertad de expresión. Es el caso, entre otros, de Alfonso Lázaro de la Fuente y Raúl García Pérez, titiriteros de la compañía «Títeres desde abajo» y encarcelados por sacar un cartel en el que se leía «Gora Alka-ETA» en el transcurso de una representación de marionetas.
«Ninguna obra de teatro, ninguna opinión por mucho que su contenido pueda parecer inadecuado, representa un peligro para la seguridad», señaló Beltrán. Ambos titiriteros fueron acusados de «enaltecimiento del terrorismo» y de «incitación al odio». Su causa se archivó en enero de 2017.
En 2016, Amnistía Internacional denunció nuevos casos de uso desproporcionado de la fuerza por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, y otros casos de malos tratos, que no se investigaron con eficacia y exhaustividad.
En el caso de Ester Quintana, quien perdió un ojo en noviembre de 2012 tras el impacto de una pelota de goma en una manifestación, los policías implicados en el incidente fueron absueltos en mayo de 2016 al no poder demostrarse quién había disparado. Ese mismo mes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminaba por octava vez desde 2010 que los casos de torturas y malos tratos en España no se investigaban adecuadamente. La impunidad para los miembros de las fuerzas de seguridad que recurren a este tipo de prácticas se consolida por la falta de investigación.
Igualmente se consolida la impunidad de los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo porque las autoridades españolas siguen sin investigarlos o impiden la investigación llevada a cabo por tribunales argentinos. Se niega así el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y sus familiares.
