Tras cuarenta años de presencia en Hong Kong, la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) ha anunciado este 25 de octubre de 2021 que cierra sus oficinas en Hongkong «ante la incapacidad de proteger» a las personas contratadas y voluntarias que trabajan en ellas.
La vaguedad con que está redactada la controvertida Ley de Seguridad Nacional impuesta el 1 de julio de 2020 por el gobierno del Partido Comunista Chino, que gobierna en Pekín, ha propiciado en los últimos meses la detención arbitraria de periodistas, profesores, sindicalistas y militantes , con acusaciones como «poner en peligro la seguridad del estado», «terrorismo» o «incitar al separatismo», lo que supone «un punto de inflexión en el contexto general de represión» que padecen los habitantes de la región semiautónoma, antigua colonia británica retrocedida a China el 1 de julio de 1997 con una serie de condiciones sobre las libertades de sus habitantes que las autoridades chinas han decidido ignorar, imponiendo sus criterios sin esconder la decisión de anexionarse este territorio.
«Esta decisión, tomada con gran pesar, es debida a la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, que imposibilita en la práctica que las organizaciones de defensa de los derechos humanos puedan trabajar allí libremente y sin temor a serias represalias del gobierno», escribe en un comunicado la presidenta de la organización, Anjhula Mya Singh Bais, de nacionalidad india, psicóloga y exmodelo.
Hong Kong ha disfrutado hasta ahora de un sistema legal diferente del resto del país, que garantizaba la libertad de expresión y de reunión: «Pero el hecho de que los grupos locales de defensa de los derechos humanos, lo mismo que los sindicatos, se hayan convertido en objetivos es una señal de la campaña emprendida por las autoridades para desembarazar a la ciudad de cualquier tipo de voz disidente. Cada vez es más difícil seguir trabajando en un ambiente tan inestable», añade el comunicado.
AI dispone en Hong Kong de dos oficinas: una sección local, que cerrará el próximo 31 de octubre, y otra regional para el Sudeste Asiático y el Pacífico que se despedirá antes de que finalice este año 2021.
La criticada Ley de Seguridad Nacional, que de hecho convierte en ilegal cualquier forma de oposición, según las autoridades de Pekín ha permitido que «Hong Kong recobre la estabilidad» tras las gigantes manifestaciones a favor de la democracia de 2019, aunque en realidad lo que hace es castigar, incluso con cadena perpetua, cualquier actuación que se califique de «secesión», «subversión», «solución con fuerzas extrajeras» o «terrorismo», lo que está «transformando radicalmente el paisaje político, cultural y legal» de Hong Kong, ya que «el ambiente represivo y de perpetua incertidumbre creado por la Ley de Seguridad Nacional hace imposible saber qué actividades pueden llevara sufrir sanciones legales».
Desde que se aplica la nueva Ley el jurado ha desaparecido, raramente se concede la libertad con fianza y los magistrados han sido elegidos especialmente para aplicarla. En el tiempo transcurrido desde que se plebiscitó han detenido a más de setenta personas, simplemente por manifestar sus opiniones políticas, y no son pocas las que han abandonado Hong Kong para instalarse en países occidentales.
Varias decenas de asociaciones y sindicatos de la isla han cerrado en los últimos meses y el principal periódico, el «Apple Daily», cerró en junio pasado tras el encarcelamiento de sus dirigentes y la congelación de sus cuentas bancarias.
Según información del canal público francés TV5 Monde, el primer hongkonés juzgado en julio de 2021 por la nueva Ley, un hombre de veinticuatro años, fue condenado a nueve años de cárcel por adelantar con su moto a un policía, ondeando una bandera con una lema «subversivo». Y el segundo, un repartidor de comida de 31 años, fue condenado por «secesión» por gritar consignas como «Hongkoneses construid vuestro propio país». Encarcelado desde hace diez meses, está amenazado de una pena de siete años de cárcel.
