Amnistía Internacional ha hecho público que la inmensa mayoría de los casos de tortura y malos tratos en el País Vasco siguen impunes, después de que el Instituto Vasco de Criminología haya publicado esta semana un estudio que analiza un total de 4113 denuncias públicas o judiciales recopiladas entre los años 1960 y 2014.
El documento recoge, entre otras cosas, una de las preocupaciones de la organización: la impunidad sigue imperando pese a las denuncias por tortura durante 50 años en el País Vasco, tal y como señala el hecho de que en todo este tiempo tan solo se hayan dictado 20 sentencias por 31 personas torturadas en régimen de incomunicación contra 49 funcionarios, 27 de los cuales habrían sido indultados.
Tanto Amnistía Internacional, como otros mecanismos internacionales, como el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas o el Comité para la prevención de la tortura del Consejo de Europa, llevan décadas documentando casos de tortura y otros malos tratos en España, y en concreto en el País Vasco, cometidos por miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en vía pública, en dependencias policiales, y dentro del contexto de la lucha antiterrorista, que no han sido debidamente investigadas o sancionadas.
Para Amnistía se trata de una práctica, atenuada en los últimos años, que no puede considerarse superada, ni esporádica, donde la ausencia de investigaciones exhaustivas contribuye a invisibilizar aún más a las víctimas de estas violaciones de derechos humanos. De hecho, desde 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España hasta en siete ocasiones por no haber emprendido investigaciones efectivas, la última de ellas en 2016, sobre alegaciones de tortura formuladas por personas detenidas en régimen de incomunicación.
“A pesar de la magnitud de estas cifras, y tal y como afirma el informe, la dimensión real de las personas afectadas podría ser mayor, especialmente en lo que se refiere a denuncias por hechos producidos durante el franquismo y los primeros años de democracia”, ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “Sin embargo, la falta de investigaciones exhaustivas sigue siendo la norma y, como consecuencia, la impunidad sigue vigente para las víctimas de tortura y malos tratos”, añade Esteban Beltrán.
Mientras que el Estado español ni tan siquiera ha reconocido públicamente la práctica de la tortura, Amnistía Internacional observa que sólo por parte del gobierno vasco se han impulsado iniciativas, como este reciente estudio, para avanzar en el derecho a la verdad, tanto individual como colectiva, de las víctimas estas violaciones de derechos humanos.
El estudio, encargado por la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno vasco, ha analizado un archivo conformado por más de 26 113 documentos, y 1027 testimonios de víctimas de tortura, 500 de ellos testimonios directos. Además, el Instituto aplicó el Protocolo de Estambul (directrices de Naciones Unidas para investigar casos de tortura) a 202 personas, de las cuales el 95,5 % presentaban consistencia con casos de tortura y malos tratos. Entre el 5 % y el 15 % de los casos analizados, además, presentarían secuelas psicológicas importantes necesitadas de atención especializada.
“Tal y como muestra este informe, la impunidad en los casos de tortura está perpetuada mediante un círculo vicioso: no solo es difícil que las denuncias sean atendidas, sino que muchos de los informes forenses son deficientes, y cuando se lleva a cabo una investigación, hay muchas probabilidades de que los responsables sean indultados, y vuelta a empezar”, asegura el director de Amnistía Internacional.
La organización, que en septiembre de 2017 publicó el informe “País Vasco: Informe de Amnistía Internacional sobre el derecho a la verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos como la tortura” ha recordado algunas de sus principales recomendaciones:
- Que el Gobierno estatal haga un reconocimiento público del daño causado por la tortura y otros malos tratos en el contexto de la lucha antiterrorista contra ETA, y que lance un mensaje claro de que los malos tratos a personas detenidas no serán permitidos.
- Que de manera exhaustiva y unitaria, se recojan y publiquen datos oficiales detallados y desglosados sobre la aplicación de la tortura, que permitan evaluar la respuesta ofrecida por las autoridades políticas, legislativas y judiciales, tanto a nivel estatal como en el País Vasco, a las víctimas directas y a sus familiares.
- Que se revise toda la legislación vigente para asegurar que las víctimas de esta grave violación de derechos humanos tienen garantizada su reparación y derecho a garantías de no repetición, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos. Para ello, entre otras, sería necesario adecuar la definición de tortura del artículo 174 del Código Penal a la de la Convención contra la Tortura, o reformar la ley de Enjuiciamiento Criminal para eliminar el régimen de incomunicación.
- Que se reforme el sistema para garantizar que todas las denuncias de tortura y malos tratos cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley son investigadas de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos, de manera imparcial e independiente. Para ello, AI recomienda, tanto a las autoridades vascas como a las autoridades centrales, la creación de un mecanismo independiente de investigación.
