Ahora que México está por abrir el negocio de los hidrocarburos a las transnacionales, necesita fortalecer la institucionalidad, con regulaciones que obliguen a los actores privados a buenas prácticas para evitar problemas como los derrames petroleros, y que sancionen las negligencias, informa Emilio Godoy (IPS).
Las dos cámaras del Congreso legislativo mexicano aprobaron el 10 y el 11 de este mes la reforma constitucional que abre a inversores privados, locales y extranjeros, la exploración, extracción, refinación, transporte, distribución y venta de hidrocarburos. Una decisión que desmantela las bases de la nacionalización de la industria vigente desde 1938.
«Es una buena oportunidad para el Estado mexicano de construir un marco regulatorio robusto y, sobre todo, acumular una capacidad de sanción ante conductas oportunistas o negligencia», dijo a IPS el académico José del Tronco, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Para el experto, la intensificación de la extracción de hidrocarburos requiere más prevención de riesgos y que las empresas incorporen el costo ambiental y humano de sus actividades.
Las dos cámaras aprobaron la reforma de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, para facultar al gobierno a firmar con particulares contratos de servicios, de producción y renta compartidas.
También habilitan al Ejecutivo a otorgar licencias o concesiones para la exploración y explotación de bloques petroleros, mecanismo utilizado en países como Argentina, Ecuador, Estados Unidos y Perú.
Además, las corporaciones podrán almacenar, transportar y vender productos petrolíferos, con lo cual se rompe el monopolio de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), que es también desde hace tiempo un actor transnacional del sector.
Pero Pemex será una contratista más y no mantendrá el control de la actividad y los contratos con nuevas operadoras, que estarán a cargo de la Secretaría de Energía.
El marco regulatorio, planteó Tronco, tiene que ser muy diferente a cuando solo había que controlar a un grupo, regido por reglas locales. Múltiples operadores participarán en múltiples actividades y los controles se dificultarán sin reglas fuertes y que tengan en cuenta las leyes internacionales en la materia.
En caso de que Pemex supuestamente incumpla un contrato, las compañías operadoras podrán recurrir a organismos internacionales de arbitraje, como paneles del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial.
Los alcances totales de la reforma se definirán en las leyes secundarias que deberán elaborar los legisladores en los próximos meses y en reglamentos a cargo del gobierno.
La reforma obtuvo en un tiempo récord de 80 horas los avales de los parlamentos de al menos 17 de los 31 estados de este país, necesarios para obtener su rango constitucional. Ahora ha vuelto al Congreso para su ratificación final, antes de que el presidente Enrique Peña Nieto la promulgue.
«Las experiencias internacionales no son nada alentadoras. Es solo abrir el negocio, pero no está claro cómo queda el beneficio de la población», dijo a IPS el director de Comunicación de Greenpeace México, Raúl Estrada.
«Se asegura que va a atraer inversión, esa inversión se va a gastar en los efectos secundarios de la reforma», como derrames y contaminación, abundó.
La reforma tensó el ambiente político. Las dos fuerzas de la izquierda parlamentaria, el Partido de la Revolución Democrática y el Movimiento de Regeneración Nacional, la rechazan por considerar que privatiza Pemex y entrega el petróleo a empresas extranjeras.
Ambos se proponen interponer amparos contra la reforma y organizar un referendo en 2015, con base en la Ley Federal de Consulta Popular aprobada el 11 de este mes.
En el Senado la reforma obtuvo 95 votos a favor y 28 en contra. En la cámara baja los votos favorables fueron 354 y los contrarios 134.
Las dos fuerzas tradicionales, el gobernante Partido Revolucionario Institucional y el opositor Partido de Acción Nacional, la apoyaron, junto con dos grupos minoritarios, el Verde Ecologista y Nueva Alianza.
El gobierno asegura que la producción de crudo pasará de los actuales 2,5 millones de barriles diarios a tres millones en 2018 y a 3,5 millones en 2025. En gas natural, se pasará de 5.700 millones de pies cúbicos diarios a 8.000 millones en 2018 y a 10.400 millones en 2025.
Asimismo, promete que incrementará en uno por ciento el producto interno bruto para 2018 y en dos por ciento para 2025, al tiempo que generará 500.000 nuevos empleos en los próximos cuatro años y 2,5 millones en algo más de una década.
Los terrenos susceptibles de nuevas regulaciones serían la exploración y explotación de yacimientos a profundidades superiores a los 1.500 metros y los campos de gas de esquisto, en los cuales Pemex trabaja desde 2010 con escasos resultados.
Luego del derrame de petróleo de la plataforma Deepwater Horizon, en abril de 2010 en aguas estadounidenses del Golfo de México, la estatal Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) puso en marcha las Disposiciones administrativas en materia de seguridad industrial en aguas profundas, para prevenir ese tipo de ecocidios.
Las regulaciones incluyen la evaluación de planes de contingencia y la contratación de un seguro contra accidentes. Pero la reforma implica revisar esas acciones para abarcar a empresas privadas.
«No hay seguridad de que el Estado sea más riguroso con Pemex respecto de lo que puede ser con empresas privadas. ¿Es más probable que se metan con Pemex o con Exxon?», se preguntó retóricamente Tronco.
«¿Tenemos la capacidad como para ejercer justicia en cualquiera de los ámbitos, para empresas estatales o privadas? Si no la tenemos, debemos empezar a construirla», planteó.
El gobierno estadounidense no aplica por completo las nuevas normas de seguridad industrial y protección ambiental creadas luego del desastre de 2010.
«Tenemos muchísimos ejemplos de cómo se viola la ley. ¿Cómo se traduce la reforma en políticas públicas, presupuesto, transparencia, seguimiento y control sobre el uso de los recursos y objetivos logrados? Esa es la parte trascendente para tener claro si esas reformas van a funcionar o no», cuestionó Estrada.
En México Greenpeace ha denunciado la conducta de Pemex en comunidades donde hay actividad petrolera. Este tipo de conflictos se agudizarían con la entrada de empresas privadas.
La reforma crea la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente, que fijará estándares para la industria. Hay dudas de si duplicará labores y competencias de la CNH, la Secretaría de Medio Ambiente y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
