El día 2 de octubre de 2018, el periodista Jamal Khashoggi entró en el consulado de su país (Arabia Saudí) en Estambul, Turquía, para recoger unos documentos, y ya no salió. La voz de alarma la dio su prometida, Hatice Cengiz, quien le esperó durante horas a las puertas del edificio. Desde entonces han sido mútiples las informaciones que han circulado al respecto, así como las versiones “oficiales” del gobierno saudí.
A estas alturas, ya está más que claro que el periodista fue asesinado. Falta saber exactamente cómo fue, encontrar sus restos, arrestar a sus autores, y que el rey Salman deje de proteger a su heredero, Mohamed bin Salman.
Esta historia, que parece sacada de una novela de ficción, que parece increíble que pueda suceder en pleno siglo XXI, es real, por desgracia, pero no es un caso aislado. Khashoggi fue un gran crítico de los desmanes gubernamentales y de la falta de protección de los ciudadanos saudiés. Él tuvo que marcharse, como muchos otros que alzaban sus voces. Otros están encarcelados o han sido ejecutados.
Jamal tenía razón en sus críticas, pues coincide punto por punto con lo que Amnistía Internacional denuncia en su informe 2017/2018: que las autoridades de Arabia Saudí restringen severamente la libertad de expresión, de asociación y de reunión. Han detenido a muchos defensores de derechos humanos y personas críticas con el gobierno, y algunos han sido condenados a largas penas de cárcel en juicios sin las debidas garantías. Además, varios activistas chiíes han sido ejecutados, y muchos más fueron condenados a muerte en juicios manifiestamente injustos ante el Tribunal Penal Especializado. La tortura y otros malos tratos bajo custodia continuaban siendo práctica habitual.
A pesar de las cacareadas reformas introducidas por el heredo al trono, Mohammed bin Salmán, las mujeres sufren una discriminación sistémica en la ley y en la práctica, y no reciben protección adecuada contra la violencia sexual y de otros tipos. Amnistía recuerda, también que la coalición militar dirigida por Arabia Saudí sigue cometiendo violaciones graves del derecho internacional en Yemen.
En junio de 2017, el rey Salmán reorganizó la estructura política y de seguridad, reduciendo considerablemente las atribuciones del Ministerio del Interior. El 17 de junio le retiró la facultad de investigar y enjuiciar delitos y la transfirió a la Fiscalía, que puso bajo su autoridad directa.
En julio, un real decreto estableció la Presidencia de la Seguridad del Estado, con el cometido de abordar todos los asuntos relacionados con la seguridad del Estado, incluido el “terrorismo”, y dependiente directamente del rey, lo que redujo aún más las funciones del Ministerio.
Durante este periodo hubo también movimientos en varios altos cargos, pero el más significativo se produjo el 21 de junio, cuando el rey nombró a su hijo Mohammed bin Salmán príncipe heredero, destituyendo a su sobrino Mohammed bin Naif Al Saud.
Todos esos cambios no mejoraron la situación de los ciudadanos, por lo que, en mayo de 2017, el relator especial de la ONU para la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo concluyó que la legislación antiterrorista de Arabia Saudí incumplía las normas internacionales, e instó al gobierno a que pusiera fin a los enjuiciamientos de personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos o autoras de blogs u otros escritos, entre otras, sólo por expresar opiniones no violentas.
Contra Yemen
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó Arabia Saudí en mayo de 2017 para participar en la cumbre de Riad, a la que asistieron representantes de más de 55 Estados, en su mayoría árabes o de mayoría musulmana. Durante la visita se anunció un acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudí para el suministro de armas por valor de 300 000 millones de dólares (259 950 millones de euros). Comparada con esta cifra, las ventas de España de 584 millones de euros son casi una anécdota, lo cual no deja de ser grave, por supuesto, dado el fin al que se destina el armamento, pues entre 2015 y 2017 exportó material de defensa a este país por valor de 932 millones de euros.
La coalición militar dirigida por Arabia Saudí continuó bombardeando en Yemen zonas controladas o disputadas por las fuerzas huzíes y sus aliados, matando e hiriendo a civiles. Algunos de los ataques constituyeron crímenes de guerra, una guerra que ya dura tres años. Un informe de la ONU publicado en septiembre del año pasado concluía que la coalición liderada por Arabia Saudí seguía siendo la causante principal de víctimas civiles en el conflicto.
En octubre, el secretario general de la ONU incluyó la coalición dirigida por Arabia Saudí en su informe anual sobre la infancia y los conflictos armados, creando una nueva categoría concebida expresamente para limitar las condenas a la coalición. En este sentido, hay que recordar que, a primeros de agoto de este año 2018, fue bombardeado un autobús escolar en el que murieron más de un centenar de niños que viajaban en él.
El gran muftí dirige un rezo en una mezquita ante autoridades saudíes.La minoría chií, discriminada
La minoría musulmana chií en Arabia Saudí continúa discriminada debido a su fe, lo que limita su derecho a la libertad de expresión religiosa y su acceso a la justicia, y restringe arbitrariamente otros derechos, como los relativos al empleo y los servicios públicos. Los activistas chiíes están expuestos a ser detenidos, encarcelados y, en algunos casos, condenados a muerte en juicios sin garantías, aunque las acusaciones fueran únicamente de haber realizado protestas.
Por otra parte, entre mayo y agosto de 2017 las fuerzas de seguridad empezaron a desalojar el distrito de Al Masura de la localidad de Al Awamiya, en la zona oriental, de población mayoritariamente chií, para implementar proyectos de desarrollo urbanístico. Estallaron enfrentamientos armados, caracterizados por el uso de artillería pesada y bombardeos terrestres, entre las fuerzas de seguridad y hombres armados que se negaban a marcharse, por lo que hubo decenas de muertos y heridos entre los habitantes y la ciudad sufrió daños importantes.
Las autoridades acusaron a los hombres armados de “actividades terroristas” y otros delitos y prometieron tomar medidas enérgicas contra ellos. Según sus habitantes, las autoridades prohibieron la entrada de ambulancias y asistencia médica en la zona, y muchas familias que permanecían en ella se quedaron sin comida, agua, tratamiento médico y otros bienes básicos. Los informes indicaban que durante la operación fueron detenidas decenas de personas, entre las que había activistas. Por ejemplo, el 15 de mayo fue detenido el defensor de los derechos humanos Ali Shaaban tras expresar en Facebook su solidaridad con los habitantes de Al Awamiya. Al terminar el año continuaba recluido.
En julio, las familias de quince hombres chiíes acusados de espiar para Irán y condenados a muerte en un juicio colectivo manifiestamente injusto tuvieron conocimiento de que la sala de apelación del Tribunal Penal Especializado había confirmado sus penas. En diciembre, se comunicó a algunas de ellas que las condenas habían sido confirmadas tras la revisión del Tribunal Supremo, por lo que los hombres corrían riesgo inminente de ejecución.
El Tribunal Penal Especializado actualmente continúa enjuiciando a activistas chiíes por su presunta participación en las protestas de 2011 y 2012. Se sigue utilizando la pena de muerte contra la disidencia política. Al menos 38 hombres chiíes corren riesgo de ejecución, entre ellos cuatro que habían sido condenados a muerte por participar en protestas en 2012, cuando eran menores de dieciocho años.
En general, las autoridades reprimen a activistas pacíficos y disidentes, acosando a escritores, comentaristas activos en Internet y a quienes manifiestan opiniones contrarias a las políticas del gobierno. Tras el anuncio de la decisión de romper las relaciones con Catar, las autoridades advirtieron de que las expresiones de afinidad con ese país y las críticas a las medidas del gobierno se considerarían un delito punible en aplicación del artículo 6 de la Ley de Delitos Informáticos.
También están prohibidas todas las concentraciones públicas, incluidas las manifestaciones pacíficas, en virtud de una orden dictada por el Ministerio del Interior en 2011.
Miembros de Amnistía Internacional reclaman ante la embajada de Arabia Saudí en Madrid la liberación del bloguero Raif Badawi con motivo del aniversario de su condena © AI.Prohibido criticar
Dos años después de la aprobación de la ley de asociaciones no se había creado ninguna nueva organización independiente de derechos humanos en aplicación de sus disposiciones. Las organizaciones independientes que habían sido clausuradas, como la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, la Unión por los Derechos Humanos, el Centro Adala de Derechos Humanos y el Observatorio de Derechos Humanos en Arabia Saudí, siguieron inactivas. Casi todos sus integrantes habían sido declarados culpables y condenados. Algunos consiguieron huir del país, pero otros fueron llevados ante el Tribunal Penal Especializado para ser juzgados. En octubre de 2017, las autoridades aprobaron una nueva Ley Antiterrorista que sustituía a la de febrero de 2014 e introducía condenas específicas para los delitos de “terrorismo”, incluida la pena de muerte.
La Ley seguía usando una definición de los actos de terrorismo imprecisa y demasiado general, que permitía que fuera usada como instrumento para reprimir aún más la libertad de expresión y a los defensores de derechos humanos. Las autoridades continuaban deteniendo, enjuiciando y condenando a defensores y defensoras de los derechos humanos por cargos imprecisos, basados en su mayor parte en la Ley Antiterrorista de febrero de 2014.
Por ejemplo, los once miembros fundadores de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, que las autoridades habían cerrado en 2013, fueron condenados a prisión. Tras ver confirmada su condena en apelación, Abdulaziz al Shubaily, miembro fundador de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, fue detenido en septiembre para empezar a cumplir su condena de ocho años de prisión, seguidos de la prohibición de viajar durante otros ocho y de escribir en las redes sociales. Había sido declarado culpable de, entre otros cargos, “ofender la integridad del sistema judicial y de los jueces” y “violar el artículo 6 de la Ley de Delitos Informáticos” al “incitar a la opinión pública contra los gobernantes del país y firmar declaraciones publicadas en Internet en las que se pedía a la gente que se manifestara”.
A principios de enero de 2017, el ingeniero informático y activista de derechos humanos Essam Koshak fue citado para ser interrogado; le preguntaron de forma insistente sobre su cuenta de Twitter. Su juicio ante el Tribunal Penal Especializado comenzó el 21 de agosto. Se enfrentaba a varios cargos relacionados con su activismo en Internet. El 21 de agosto se inició en el Tribunal Penal Especializado el juicio contra el defensor de los derechos humanos Issa al Nukheifi. Se enfrentaba a varios cargos relacionados con sus publicaciones en Twitter. Había sido detenido el 18 de diciembre de 2016, y al finalizar 2017 permanecía recluido en la prisión general de La Meca.
En Arabia Saudí, los servicios de seguridad practican detenciones arbitrarias y recluyen a la gente sin cargos ni juicio durante periodos largos sin remisión a un tribunal competente, lo que vulnera el Código de Procedimiento Penal. Con frecuencia se mantiene a los detenidos en régimen de incomunicación durante los interrogatorios y se les niega el acceso a abogados, lo que incumple las normas internacionales sobre juicios justos.
En febrero de 2017, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria declaró que Ali al Nimr, Abdullah al Zaher y Dawood al Marhoon, tres jóvenes detenidos por cargos relacionados con protestas y que corrían riesgo inminente de ejecución, estaban recluidos arbitrariamente. El Grupo indicó que se les había privado de libertad sin ningún fundamento jurídico, pues habían sido enjuiciados y condenados basándose en leyes promulgadas dos años después de su detención.
En septiembre, las autoridades practicaron una serie de detenciones que afectó a más de veinte destacadas figuras religiosas, escritores, periodistas e intelectuales. En noviembre detuvieron a centenares de funcionarios, exfuncionarios y empresarios sin revelar detalles de los cargos formulados contra ellos. Algunos quedaron en libertad posteriormente, al parecer, tras llegar a un acuerdo económico.
Tortura y malos tratos, práctica habitual
La tortura y otros malos tratos bajo custodia también son una práctica habitual y generalizada. Los tribunales declaran culpables a los acusados y confirman condenas a muerte basándose en controvertidas “confesiones” hechas en prisión preventiva. Los agentes de seguridad someten a los detenidos a torturas y otros malos tratos con total impunidad.
En julio del año pasado se comunicó por teléfono a las familias de catorce hombres condenados a muerte por cargos relacionados con protestas la confirmación de sus condenas. Había documentación judicial según la cual estas personas habían sido sometidas a detención prolongada previa al juicio y habían denunciado haber sido objeto de tortura y malos tratos durante su interrogatorio para obtener “confesiones”. En la imposición de las condenas, aparentemente el Tribunal Penal Especializado se basó sobre todo en las “confesiones” como prueba contra los procesados, sin investigar sus denuncias de tortura.
La situación de la mujer
Las sauditas necesitan autorización de un tutor varón —su padre, esposo, hermano o hijo— para matricularse en un centro de enseñanza superior, buscar empleo, viajar, o casarse. Y carecen de protección contra la violencia sexual y de cualquier otro tipo.
En abril de 2017, el rey Salmán emitió un real decreto en el que instaba a las entidades públicas a que se abstuvieran de pedir la autorización de un tutor varón salvo para los servicios en que estuviera estipulado en el reglamento. El decreto ordenaba también a las entidades públicas que revisaran sus reglamentos y elaborasen una lista de los procedimientos que exigían la autorización de un tutor. Este decreto podía aumentar la libertad de las mujeres para controlar su vida; sin embargo, al concluir el año no se había aplicado.
Ese mismo mes, Arabia Saudí fue elegida miembro de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU. En septiembre, el rey promulgó otro real decreto que permitía a las mujeres conducir vehículos y que entraría en vigor el 23 de junio de 2018. El decreto especificaba que se aplicaría de conformidad con “las normas legales establecidas”, sin más aclaraciones, lo que planteaba dudas sobre cómo se implementaría en la práctica. Tras este anuncio, activistas de los derechos de las mujeres que habían hecho campaña contra la prohibición de conducir denunciaron que habían recibido llamadas telefónicas en las que se les advertía de que no comentasen públicamente la noticia so pena de ser interrogadas.
El 19 de abril, Maryam al Otaibi, activista de 29 años que había participado activamente en la campaña para acabar con el sistema de tutela masculina, fue detenida en la capital, Riad, tras huir de un entorno familiar abusivo en Al Qassim. Fue interrogada después de que su padre, que era también su tutor legal, la denunciase por abandono del hogar familiar. El 30 de julio quedó en libertad bajo fianza. Al concluir el año su caso seguía en los tribunales y corría el riesgo de ser detenida de nuevo.
Loujain al Hathloul, destacada defensora de los derechos humanos que había estado detenida por desobedecer la prohibición de conducir, fue detenida de nuevo el 4 de junio, al llegar al aeropuerto de Dammam. Tras ser interrogada en relación con su activismo, salió en libertad cuatro días más tarde. No estaban claras las condiciones de su liberación.
Pena de muerte por sistema
Los tribunales imponen la pena de muerte por diversos delitos, como los de drogas, o por conductas que según las normas internacionales no deberían penalizarse, como la “hechicería” y el “adulterio”. Muchas personas fueron condenadas a muerte en juicios injustos ante tribunales que las declararon culpables sin investigar adecuadamente las denuncias de que sus “confesiones” habían sido obtenidas mediante coacción, incluida tortura.
Por lo general, las autoridades no informan a las familias de los condenados de su ejecución inminente ni inmediatamente después de ella. El 11 de julio, Yussuf Ali al Mushaikhass, padre de dos hijos, fue ejecutado junto con otros tres hombres por delitos de terrorismo relacionados con protestas antigubernamentales celebradas en la Provincia Oriental entre 2011 y 2012. Su familia no supo de la ejecución hasta después de que fuera llevada a cabo, cuando vieron un anuncio del gobierno en la televisión. Al parecer, el tribunal había basado en gran medida la declaración de culpabilidad en “confesiones” que, según había declarado Yussuf al Mushaikhass ante él, se habían obtenido mediante tortura y otros malos tratos.
El 13 de septiembre fue ejecutado Said al Saiari. Había sido condenado a muerte por el Tribunal General de Nayran en 2013, a pesar de haberse determinado que no había pruebas suficientes para declararlo culpable. Al dictar su fallo, el tribunal se basó en las declaraciones juradas del padre de la víctima, que, aunque no había estado presente en el lugar del asesinato, creía que Said al Saiari era el responsable.
Tras leer todo esto, ¿a alguien le extraña la ejecución del periodista Jamal Khashoggi a manos de los saudíes?
