Tras una maratónica semana de trabajo del Congreso, el Gobierno de Argentina promulgó el 12 de mayo de 2016 la ley 27362 que excluye de la normativa del 2×1 a represores y genocidas con delitos de lesa humanidad.
La ley fue dictada frente al reciente fallo de la Corte Suprema de la Nación sobre la llamada disposición del 2×1, que reduce el cómputo de prisión para personas encarceladas por este tipo de delitos.
La nueva norma promulgada, difundida en el Boletín Oficial, precisa que ‘no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional’.
El cómputo de las penas establecido en su oportunidad por el artículo 7 de la 24390 (2×1) ‘será aplicable solamente a aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de aquella ley’, señala.
Una ola de rechazo se levantó en el país tras la decisión de la Corte de hacer aplicable esta ley, que estuvo vigente entre 1994 y 2001, dictada en la causa de Luis Muiña, quien en 2013 fue condenado a 13 años de cárcel por ser coautor del delito de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos en cinco casos.
Hace dos días el propio presidente, Mauricio Macri, felicitó al Congreso de la Nación por la celeridad con que comenzó a resolver el tema del vacío legal que había dejado ‘esta desafortunada ley del 2×1’, dijo.
Estoy en contra de cualquier herramienta que sea a favor de la impunidad y más aún cuando se quiere aplicar para delitos de lesa humanidad, subrayó el gobernante.
Desde que salió a la luz la noticia, varios represores solicitaron acogerse a la norma, entre ellos el excomisario Miguel Etchecolatz y el exagente de Inteligencia Arnoldo José (Chubi) López, condenado a cadena perpetua por cometer torturas seguidas de muerte y la apropiación de menores.
Manifestaciones contra la impunidad
El Congreso de Argentina ha tenido que actuar con celeridad después de que miles de argentinos salieran el miércoles 10 de mayo de 2017 a las calles de Buenos Aires y de las principales ciudades del interior del país en rechazo a ese fallo de la Corte Suprema, que permitía acortar la pena a condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983).
La masiva marcha de la capital tuvo como epicentro la emblemática plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, hasta donde confluyó un amplio espectro político y social, encabezado por organismos de derechos humanos como: Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y el colectivo Espacio Memoria, Verdad y Justicia.
La convocatoria se hizo bajo la consigna #10MNuncamas, que evoca el «Nunca Más», informe dirigido por el escritor Ernesto Sábato para dar cuenta y documentar los crímenes ocurridos durante el último Gobierno militar en el país.
Los manifestantes asistieron con pañuelos blancos, símbolo de la lucha de las Madres de la Plaza de Mayo, las primeras en reclamar, a fines de la década de 1970, la aparición con vida de sus hijos desaparecidos.
La referente de esa entidad, Taty Almeida, definió a la protesta como una «jornada histórica». «El pueblo y los organismos de derechos humanos reunidos en (esta) histórica plaza decimos bien fuerte ‘Nunca más'», proclamó.
Por su parte, la titular de las Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, resaltó que «afortunadamente la sociedad ha reaccionado con firmeza» ante la decisión del máximo tribunal del país y pidió a «cada uno de los representantes de los poderes del Estado que realicen las acciones pertinentes para dar vuelta a este fallo».
Estuvieron presentes, además, la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos vertientes de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), organizaciones sociales, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, y el Frente para la Victoria, la coalición que agrupa al kirchnerismo.
Militares encarcelados querían acortar sus condenas
El viernes anterior, la Corte Suprema de Argentina abría la posibilidad de que 248 de los casi 500 militares condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983 recuperaran la libertad, al aplicar un mecanismo previsto en la legislación denominado «dos por uno», por el cual cada día en prisión preventiva (en la cárcel pero sin sentencia firme) se cuenta doble.
El instrumento del «dos por uno» se había utilizado para delitos comunes pero nunca para casos de lesa humanidad, lo que conmovió a la sociedad argentina.
Mauricio Macri negó que el Gobierno tuviera relación con el fallo y señaló, en una conferencia de prensa en la provincia de Mendoza (oeste), que en el país hay «división de poderes», en virtud de lo cual el Ejecutivo no influye en las decisiones de la Justicia: «La independencia de poderes en un país es fundamental. Estoy contento de que tengamos una Corte Suprema independiente, prestigiosa, que decide las cosas de acuerdo al criterio jurídico que se presenta».
Pero el fallo del Supremo se había adoptado por una mayoría de tres a dos votos, entre ellos con los magistrados Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, ambos designados por el presidente Macri. El tercer voto lo sumó la jueza Elena Highton de Nolasco, cercana al Frente para la Victoria de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015).
En su decisión, la Corte Suprema aprobó una reducción de condena para el ex agente paramilitar Luis Muiña, condenado a trece años de prisión, lo que causó malestar entre jueces de tribunales inferiores, fiscales, legisladores y abogados.
En ese contexto se produjo el acuerdo en el Congreso entre el oficialista Frente Cambiemos y los distintos bloques de la oposición, dando paso a la ley que excluye del beneficio del «dos por uno» a los autores de delitos de lesa humanidad.
La norma, aprobada por unanimidad en el Senado, establece que el beneficio «no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional».
La reacción de los legisladores «da esperanza y gratitud», subrayó Carlotto, de las Abuelas de la Plaza de Mayo.
