La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH ¹) ha emitido un comunicado de condena por los recientes asesinatos de personas defensoras de derechos humanos integrantes de organizaciones indígenas y defensores de la tierra y el territorio registrados en Guatemala.
La CIDH expresa su preocupación ante estos hechos de violencia, y llama al Estado a proteger a quienes defienden los derechos humanos en el país, así como conducir investigaciones diligentes considerando como móvil de estos hechos la actividad de defensa de las víctimas.
Según información pública, entre los meses de junio y agosto del presente año, se habría registrado el asesinato de por lo menos ocho personas defensoras de derechos humanos cuyas actividades estarían relacionadas con la defensa de la tierra y el territorio de comunidades indígenas.
Al respecto, el 6 de junio de 2020, el líder indígena q’eqchi y especialista en medicina tradicional maya, Domingo Choc Che, fue quemado vivo en San Luis, Petén, tras ser acusado de brujería. El 8 de junio, Alberto Cucul Cho, defensor del territorio en Alta Verapaz, fue asesinado mientras se dirigía al Parque Nacional Laguna Lachuá donde trabajaba como guardaparques. El 15 de junio, fue asesinado Medardo Alonzo Lucero, defensor de los derechos indígenas y del territorio y miembro de la comunidad ch’orti’ La Cumbre, en el municipio de Olopa, Chiquimula. El 23 de junio fue asesinado Fidel López, miembro del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) en el municipio de Morales, Izabal. El 20 de julio fue asesinado Abel Raymundo, defensor de la tierra y territorio y Vocal II del Consejo Comunitario de Lelá Chancó de Jocotán, Chiquimula.
También, el 10 de agosto fue asesinado en el departamento de Alta Verapaz Benoît Maria ciudadano francés dedicado a la defensa de los pueblos indígenas en Guatemala. El 11 de agosto fue asesinado Misael López Catalán, líder comunitario e integrante de CODECA en el departamento de Jalapa. El 16 de agosto fue asesinado el Dirigente indígena maya q´eqchi´ Carlos Mucú Pop en la comunidad de Santa Rosa, Sayaxché, Petén. Del mismo modo, según información de público conocimiento, el líder comunitario y pastor Carlos Enrique Coy se encontraría desaparecido desde el 3 de agosto de 2020.
Preocupa a la Comisión que estos actos de violencia se enmarcan en un contexto de agresiones a los que las personas defensoras en Guatemala están expuestas constantemente, y que ha sido señalado anteriormente en su Informe de País de 2017 y en los informes de seguimiento en el capítulo V de sus Informes Anuales de 2018 y 2019 .
Según la Unidad de Protección a defensoras y defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), el total de agresiones registradas contra personas defensoras entre enero y junio de 2020 ascendería a 677, en su mayoría actos de criminalización, difamación, estigmatización y discursos de odio, así como asesinatos, amenazas, intentos de asesinato, actos de intimidación y vigilancia.
Al respecto, la CIDH destaca que los asesinatos y otros actos de violencia contra personas defensoras de derechos humanos tienen un efecto multiplicador que va más allá de la afectación a su persona pues, cuando la agresión es cometida en represalia a su actividad, produce un efecto amedrentador que se extiende a quienes defienden causas similares. En especial, para las comunidades indígenas, la pérdida de una persona líder o defensora podría afectar su participación efectiva en asuntos que inciden en sus derechos, su inclusión, autodeterminación y su libre desarrollo dentro de un Estado multicultural y democrático.
La Comisión urge al Estado a investigar de oficio estos hechos, enjuiciar y sancionar tanto a los responsables materiales como intelectuales. En particular, la Comisión insta al Estado de Guatemala iniciar investigaciones exhaustivas, serias e imparciales, que tengan como primera hipótesis las labores de defensa de los derechos humanos que las víctimas conducían. De igual forma, se debe procurar la incorporación de un enfoque diferenciado étnico-racial en la investigación, juzgamiento, sanción y reparación de estos crímenes.
La labor desempeñada por defensoras y defensores sólo puede ser ejercida libremente cuando estos colectivos no sean víctimas de amenazas, ni de cualquier tipo de agresión física, psíquica u otros actos de hostigamiento. Por ello, la CIDH llama al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, en especial de líderes y lideresas indígenas y defensoras y defensores es de la tierra y del territorio que se han visto particularmente afectados por esta situación de violencia.
La Comisión recuerda al Estado de Guatemala la obligación de proteger la vida y la integridad personal de quienes defienden los derechos humanos cuando se encuentran en una situación de riesgo, incluso cuando este riesgo deriva de la acción de un agente no estatal. Esta obligación adquiere particular relevancia en el contexto de propagación de la pandemia del COVID-19, especialmente cuando las personas defensoras se encuentran en una situación de mayor riesgo en virtud de las medidas de excepción que limitan, entre otros, la libertad de circulación tal y como lo señaló en su comunicado de prensa No. 101/20.
- La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.
La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
