Desde la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) se ha lanzado una acción en la plataforma de incidencia social Osoigo, con la que persiguen que los políticos del Congreso de los Diputados se posicionen y digan por qué España deja sin protección a miles de víctimas de crímenes de lesa humanidad, cuando podría aplicar la Jurisdicción Universal.
Tras el lanzamiento internacional este 12 de marzo de 2018 del Informe Anual de Jurisdicción Universal, elaborado por la organización TRIAL International y sus socios Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), FIDH, ECCHR y REDRESS, organizaciones referentes en la promoción y defensa de la Justicia Universal y la lucha contra la impunidad, ahora buscan el apoyo de 1500 firmas que ayuden a implicar a los portavoces políticos en la lucha contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad.
«La Jurisdicción Universal está aquí para quedarse, y para ello necesitamos tanto la concienciación de nuestra sociedad como la implicación de nuestros políticos», sostiene la FIBGAR.
En España, la aplicación de la Jurisdicción Universal quedó muy limitada tras las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de 2009 y 2014, que tuvieron como detonante las causas abiertas a China por el genocidio del Tíbet, y se debe luchar «para que siga siendo una herramienta valiosa y necesaria para la persecución de los crímenes más graves».
Asegura la FIBGAR que si consiguen 1500 apoyos en diez días los políticos de todos los partidos responderán a la pregunta antes citada de por qué España deja sin protección a miles de víctimas de crímenes de lesa humanidad, cuando podría aplicar la Jurisdicción Universal, y buscarán respuestas concretas de Susana Sumelzo (PSOE), Oskar Matute (EHBildu), Carles Campuzano (PDeCAT), Eduardo Maura (Podemos), Iñigo Barandiaran (EAJ-PNV), Ester Capella (ERC), Nacho Prendes (Cs) y Eloy Suarez (PP)
FIRMAR LA PETICIÓN
