El Gobierno de España deberá responder por los casos de malversación que se producen cuando un cargo público utiliza los recursos públicos que dependen de la institución que controla para acosar judicialmente a los periodistas, asociaciones, oenegés o sindicatos que les critican, según una iniciativa parlamentaria del diputado de Izquierda Unida (IU) Gaspar Llamazares.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, Gaspar Llamazares. ha presentado tres preguntas sobre medidas contra el uso de los servicios jurídicos públicos en defensa de intereses particulares, para las que se solicita respuesta escrita.
Entre los casos que se citan, María Dolores de Cospedal, presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha, presentó el 9 de enero de 2013 ante el Tribunal de primera instancia de Toledo una demanda por vulneración del derecho a su honor contra Greenpeace, firmada por la directora de los Servicios Jurídicos de su comunidad, Alicia Segovia, en relación con un informe de la ONG denunciando el papel del marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, en Metrovacesa, y su incidencia en la elaboración de la Ley de Costas.
La demanda fue archivada 14 meses después por desistimiento de la propia presidenta de Castilla-La Mancha, quien tras catorce meses de procedimiento admitía que no se había dañado su honor.
En otro caso citado, Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, con la firma del subdirector general de lo Contencioso de la CAM, Roberto Pérez Sánchez, demandó el 2 de abril de 2009 ante el Tribunal de primera instancia de los de Madrid 600.000 euros a varios periodistas de “Público”, por una supuesta campaña de difamación, desprestigio y acoso del periódico contra él,
En un tercer caso citado, dos profesores de la Universidad Politécnica de Madrid, arrogándose actuar en representación de dicha Universidad, demandaron el 27 de octubre de 2008 300.000 euros a un particular por haber señalado que ambos docentes habían elaborado informes periciales a demanda y en favor, respectivamente, de la SGAE y de la empresa minera Boliden en el inacabable enjuiciamiento de la catástrofe de Aznalcóllar, todo ello con la firma del letrado director de la Asesoría Jurídica de la Universidad Politécnica de Madrid UPM Juan Manuel del Valle Pascual; denuncia que fue archivada por considerar la Justicia que no había sido vulnerado el derecho al honor de ambos denunciantes.
Sostiene Gaspar Llamazares que más allá del ejercicio de los derechos que puedan corresponder a los demandados por abogados del Estado o letrados institucionales o por abogados privados pagados con fondos públicos, se trata de actuaciones «inaceptables desde cualquier perspectiva moral o política e inconcebible en cualquier otro país europeo».
Añade que estos tres casos son ejemplos de instrumentación pública de instituciones como las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha y de Madrid, o de la Universidad Politécnica de Madrid, para defender lo que son intereses particulares.
En el fondo, señala Llamazares, estamos ante unos delitos de malversación pública, por cuanto, los abogados y las costas de los juicios perdidos por los denunciantes los pagan las instituciones públicas que dicen representar, mientras que si las sentencias les son favorables, las sanciones impuestas son a beneficio particular de los denunciantes, mientras que el denunciado debe afrontar los honorarios de sus propios abogados, en un claro desequilibrio en la balanza de la Justicia.
Con estos argumentos, el diputado de IU formula las siguientes preguntas:
- ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para evitar que cargos públicos o funcionarios puedan seguir utilizando impunemente a las Instituciones y a sus Servicios jurídicos, a cargo del erario público, para defender intereses personales?
- ¿Por qué en estos casos, si la sentencia es favorable al cargo público o funcionario denunciante, es éste quien cobra lo asignado por el Juez, y no la institución a quien dice representar en la denuncia?
- ¿Piensa el Gobierno encomendar al Fiscal General del Estado una investigación en este ámbito, para dilucidar si no estamos ante casos de malversación de caudales públicos y una instrumentación espuria de los servicios jurídicos de la Administración pública en beneficio de intereses particulares?
Acoso judicial
La relevancia pública de los casos que sustentan las preguntas de Gaspar Llamazares se debe en parte a la labor del criminólogo Miguel Ángel Gallardo Ortiz, quien ha desarrollado varias iniciativas contra actuaciones claras de acoso judicial de políticos contra periodistas y activistas que investigan y denuncian en los medios de comunicación malas prácticas de los cargos públicos al frente de sus instituciones.
Esta actividad le supuso a Miguel Angel Gallardo, que su empresa fuera denunciada por los mismos abogados de la UPM ante la Agencia Española de Protección de Datos y sancionada con 6000 euros, aunque la Audiencia Nacional estimó el recurso de la empresa, condenando en costas a la UPM por personarse y recurrir pretendiendo aumentar la sanción hasta los 600.000 euros y otra cantidad igual para Gallardo.
Las demandas de Miguel Angel Gallardo han alcanzado también a profesionales de la comunicación que practican el periodismo de trinchera, como fue el caso de la querella criminal contra el periodista Hermann Tertsch y quienes resulten responsables del uso indebido de fondos públicos de Telemadrid para el pago indebido de costas judiciales a que fue condenado tras su denuncia fallida contra El Intermedio y su presentador El Gran Wyoming.
Miguel Angel Gallardo sostiene que la mayoría de las iniciativas de acoso judicial por cargos públicos se podrían haber solventado en los primeros trámites, ya que existe jurisprudencia que define el honor como derecho personalísimo y los querellantes deben actuar como personas físicas, pero no ha sido así por la “absoluta descoordinación y ausencia total de criterio común por parte de los distintos representantes del Ministerio Fiscal», aunque salva por su «coherencia y superioridad» el mantenido por el fiscal de Madrid Castro Páramo de Santiago dando lugar a la sentencia con ROJ: SAP M 8629/2012 extremadamente elocuente al motivar que Jaime Ignacio González González, actual presidente de la Comunidad de Madrid, como “demandante no podía ser defendido y representado por el Letrado de la Comunidad de Madrid, sino que había de integrar la postulación en la forma ordinaria, esto es, mediante abogado y procurador colegiados, de su elección“.
Gallardo se enfrenta ahora a un gigante de la comunicación, Google, cuyo representante legal deberá comparecer en el Juzgado de Instrucción 45 de Madrid el 22 de septiembre de 2014, a las 10:00 horas como imputado por espionaje masivo de redes inalámbricas Wi-Fi (Google Street View).
