Casi veinte años sin justicia para la mexicana Digna Ochoa

El 19 de octubre de 2001, Digna Ochoa y Plácido, de 37 años, abogada defensora de derechos humanos, fue asesinada de dos disparos en la cabeza. Ocurrió en la Ciudad de México. Dijeron que se suicidó, pero uno de los balazos entró por la parte izquierda, y ella era diestra. Solo con eso, estaba más que justificada la investigación para dar con los asesinos. Pero no fue así.

En los ochenta del siglo pasado, Digna Ochoa había llevado los casos penales más delicados en los que estaban involucrados el ejército y los servicios de seguridad pública.

También se ocupó de los presuntos zapatistas de Yanga, Veracruz y el Estado de México (1995), además de los de Aguas Blancas y el Charco (1995), en Guerrero; Acteal, en Chiapas (1997), y peleó el encarcelamiento de los hermanos Cerezo Contreras, estudiantes universitarios acusados de detonar una bomba en el banco Banamex, y el de los ecologistas guerrerenses Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, en que pudo demostrar que los militares habían abusado de su poder y habían torturado a los campesinos.

En definitiva, Digna tocó intereses políticos y económicos y tenían que callarla. Primero la secuestraron en 1999, por lo que se marchó a EE UU para salvaguardar su integridad. Pero volvió, siguió con su trabajo de defensa de los oprimidos y atacando al “poder establecido”. Y acabaron con ella.

Desde entonces, no ha habido manera de llevar a sus asesinos ante la justicia. La letanía oficial se enrocó en que era depresiva y que se suicidó. Ningún gobierno del país hizo nada. Pero sí se ocupó de ello la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien presentó el caso el 2 de octubre de 2019 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con el fin de exigir responsabilidad al Estado mexicano por la falta de “debida diligencia” en la investigación.

La Comisión estableció la existencia de un contexto de amenazas y agresiones en contra de las personas defensoras de derechos humanos en la época de los hechos y estimó que, tanto la incidencia de esta situación en el Estado de Guerrero, como los altos índices de impunidad de casos que involucraban a militares, eran parte de dicho contexto.

Diez años de investigación

La CIDH determinó que, desde el día de la muerte de Digna Ochoa, el Estado comenzó una investigación en la jurisdicción penal que duró alrededor de diez años, en la que se practicaron un alto número de diligencias forenses, químicas, balísticas, informes psicológicos; se tomaron pruebas testimoniales, documentales, fotográficas, entre otras.

La CIDH ha determinado la existencia de una serie de irregularidades graves en ese procedimiento en función de la imparcialidad de quienes estuvieron al frente en la primera etapa de la investigación, que determinó que la muerte de Ochoa fue suicidio, omisiones en el registro de los fenómenos cadavéricos que no fueron subsanadas y lesiones no advertidas en los diversos exámenes médicos, contradicciones en las pruebas de balística y evidencia de un mal manejo de la cadena de custodia de la prueba. Por otro lado, la Comisión también observó la obstaculización de la participación de los familiares de la señora Ochoa en la investigación, lo que, a su vez, generó un importante retraso.

Asimismo, la CIDH opina que la prueba testimonial fue integrada sin considerar las posibles repercusiones y protecciones a los testigos. Que un testigo clave -que gozaba de medidas cautelares por parte de la Comisión y que sindicó a un responsable- fue asesinado, sin que esto hubiera abierto una nueva línea de investigación. Además, indica que los hechos de hostigamiento experimentados por Digna Ochoa en su labor de defensora de derechos humanos no fueron debidamente considerados en las líneas lógicas, y que los peritajes psicológicos guardaron un peso desmedido en la investigación, descartándose un testimonio clave sobre un hecho de acoso por parte de militares días antes de su muerte.

El Estado, responsable

Como consecuencia de todo ello, la Comisión ha concluido que el Estado es responsable por la vulneración del derecho a la protección judicial y a las garantías judiciales de los familiares de Digna Ochoa, y por el sufrimiento debido al desconocimiento de las causas de la muerte de la señora Ochoa y el retraso en las investigaciones.

Por ello ha establecido las siguientes recomendaciones al Estado mexicano:

1. Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe tanto en el aspecto material como inmaterial. La CIDH solicita a la Corte que ordene al Estado adoptar las medidas de compensación económica y satisfacción.
2. Disponer las medidas de atención a la salud física y mental necesarias para la rehabilitación de la familia de Digna Ochoa y Plácido, de ser su voluntad y de manera concertada.
3. Reabrir la investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa. Esta investigación deberá disponer de todas las medidas necesarias para subsanar las violaciones establecidas en el presente informe de fondo, incluyendo:

• practicar las diligencias que fueron identificadas en el Informe de Fondo No. 61/19 como que adolecieron de falta de motivación suficiente ordenando la práctica de peritajes para el mayor esclarecimiento posible de las contradicciones vigentes;
• determinar adecuadamente si los testimonios de las líneas de investigación asociadas a la defensa de los derechos humanos fueron tomados correctamente tomando en consideración el posible riesgo que enfrentaban los declarantes;
• investigar la muerte del señor Torres Cruz y su relación con la muerte de Digna Ochoa;
• y diseñar y agotar exhaustivamente una línea de investigación sobre las amenazas y los hechos de violencia sufridos previamente por Digna Ochoa, que dieron lugar a su protección internacional.

El último punto de las recomendaciones se refiere a “disponer mecanismos de no repetición” que incluyan el fortalecimiento de la capacidad de investigación de actos de violencia contra defensoras y defensores de derechos humanos, lo que deberá incluir el diseño y puesta en práctica de protocolos, así como las medidas de fortalecimiento institucional y debida capacitación a todas las autoridades que entran en contacto con este tipo de casos, desde policiales, hasta ministeriales y judiciales.

Con el actual Gobierno de López Obrador, de momento no se ha visto que las cosas sean diferentes a los sexenios anteriores. Desgraciadamente, las recomendaciones internacionales seguirán llegando y el presidente seguirá enrocado en que lo que pasa en el país en cuanto a seguridad de los ciudadanos, es heredado. Eso lo sabe todo el mundo, pero ahora él es el presidente y tiene que solucionarlo. Es de Perogrullo, pero parece que no le llega a su raciocinio populista.

Lo más sangrante: a Digna la asesinaron mientras Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México (2000 a 2005).