Derechos humanos en México: el caso de Digna Ochoa

Defensores de los derechos humanos perseguidos en México

Hace 13 años, Digna Ochoa fue asesinada por defender los derechos de los pobres. Había nacido el 15 de mayo de 1964, en Misantla, Veracruz, en una familia religiosa en donde primaba la defensa de los derechos humanos. Fue la quinta de 13 hijos.

Se graduó como licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana en 1984. A partir de entonces, su vida se centró en asesorar a personas con escasos recursos. Estaba marcada por el encarcelamiento injusto de su padre.

En 1991 se trasladó a la Ciudad de México para ejercer en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (ProDH). A finales de ese mismo año ingresó en la congregación de dominicas, donde profesó al año siguiente. Es decir, era religiosa.

En los ochenta, Digna Ochoa había llevado los casos penales más delicados en los que estaban involucrados el Ejército y los servicios de seguridad pública. También se ocupó de los presuntos zapatistas de Yanga, Veracruz y el estado de México (1995), además de los de Aguas Blancas y el Charco (1995), en Guerrero; Acteal, en Chiapas (1997).

Peleó el encarcelamiento de los hermanos Cerezo Contreras, estudiantes universitarios acusados de detonar una bomba en el banco Banamex, y el de los ecologistas guerrerenses Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, en donde ella pudo demostrar que los militares habían abusado de su poder y habían torturado a los campesinos.

Había intereses políticos y económicos que Digna estaba tocando. Era necesario callarla. En 1999 fue secuestrada e interrogada en su domicilio de la Ciudad de México, por lo que decide irse a Washington, EEUU, para salvaguardar su integridad física. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expidió una resolución pidiendo al gobierno mexicano que tomara medidas para proteger su vida.

Regresó a México y siguió con su trabajo en el centro ProDH. Encontró la muerte el 19 de octubre de 2001. La versión “oficial” es que se suicidó, el recurso “oficial”, siempre que hay un ajusticiamiento con implicaciones de algún estamento o elemento público. En su cuerpo había dos heridas de bala de calibre 22: una en la cabeza con trayectoria de izquierda a derecha, y otra en el muslo que entró por la parte delantera. Digna era diestra. Al lado de su cuerpo se encontró una advertencia escrita en un trozo de papel: “Pros, hijos de puta, si siguen así, a ustedes también les va a tocar. Conste que bajo advertencia no hay engaño”. El aviso era, claramente, para todos los integrantes del grupo de derechos humanos donde trabajaba.

Durante su estancia en la capital estadounidense, Digna, la monja digna llamada Digna, fue reconocida, junto con otros 50 activistas de derechos humanos, por el presidente Bill Clinton. Al gobierno de Veracruz nunca le importó su labor.

El legado

En el año 2009 nació el Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa, motivado por la necesidad de las comunidades de Chiapas de contar con un espacio propio que propiciara el trabajo de base para la defensa de los derechos humanos. Esta necesidad se acentuó tras la detención de un líder campesino de la OCEZ-RC el 30 de septiembre de 2009, quien fue presentado como guerrillero y narcotraficante en los medios informativos, cuando sólo se le acusaba formalmente del delito de despojo de tierras. Es decir, se le criminalizó para justificar las violaciones a sus derechos, consustancial a la detención de cualquiera que pertenezca al campesinado mexicano.

Tras una acción de protesta en la oficina del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), situada en San Cristóbal de las Casas, se consiguió su liberación sin ningún cargo, junto a dos campesinos más que habían sido detenidos posteriormente. Allí fue donde tomaron la decisión de constituir un espacio propio de derechos humanos, ya que durante este proceso de criminalización y represión se encontraron solos. Actualmente, su lucha está más viva que nunca, porque sigue siendo demasiado necesaria, desgraciadamente.

Pregunta: ¿Cuántos más “suicidados”, como Digna, puede haber en el país?

Respuesta: Ni se sabe. El caso de Digna Ochoa fue paradigmático porque fue el primero que conocemos en que el gobierno mexicano evadió su responsabilidad. En la ejecución sumaria recurrió a la estigmatización de Digna Ochoa señalando que era una mujer depresiva e inestable emocionalmente, y que por ello se suicidó, cuando toda la evidencia pericial demuestra claramente que fue asesinada en su despacho en la ciudad de México. La estrategia ha cambiado con el inicio de la supuesta guerra contra el crimen organizado, declarada por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, ya que antes, el modus operandi del gobierno era presentar las muertes de defensores de derechos humanos como producto de suicidios, accidentes o víctimas de asaltos; con el gobierno calderonista se inició la abierta eliminación y desaparición de defensores de derechos humanos, pero esa estrategia se ha profundizado con el de Enrique Peña Nieto.

Una prueba de ello es lo que está pasando con colaboradoras cercanas a Digna, como el de la valiente abogada Pilar Noriega (quien actualmente es integrante de la Comisión de la Verdad para la investigación de las violaciones de Derechos Humanos durante la “guerra sucia” [sexenio de Calderón] en el Estado de Guerrero). Fue víctima de un atentado en el Estado de Guerrero.

P: Ustedes trabajan en Chiapas, el Estado mexicano con la naturaleza más hermosa, con grandes recursos naturales, pero el más pobre, junto con Guerrero ¿Por qué esa pobreza?

R: El Estado de Chiapas está sumido en una pobreza estructural histórica producto de organismos que han gobernado para una minoría con un origen finquero, a los cuales no les interesa que la población tenga mejores condiciones de vida y acceso a servicios básicos, como educación, vivienda digna, salud, agua potable. Chiapas siempre ha sido visto como un Estado maquilador de materias primas para el resto del país. Las condiciones de miseria de la mayoría de chiapanecos se ha agudizado a partir de 1994, ya que la mayoría de su población es rural y se dedica al campo. Con la entrada en vigor del TLCAN (Tratado de Libre Comercio con América del Norte) y las reformas al Artículo 27 se ha implementado una política de abandono total al campo, y una estrategia de despojos de las tierras comunales ricas en recursos como agua, minerales, petróleo, bosques y selvas. Su objetivo es entregarlas a empresas extranjeras y para beneficio de la oligarquía chiapaneca. Para ilustrar esta situación de drama que se vive en Chiapas, sólo hay que tener en cuenta que, a partir de la década de 1990, comenzó la migración masiva de chiapanecos a EEUU, y, en la actualidad, este Estado ocupa el primer lugar nacional de migración a Estados Unidos.

El levantamiento armado de 1994 por el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) ha profundizado la situación de crisis, ya que el gobierno usa los recursos y programas públicos con fines de contrainsurgencia, provocando una enorme división y la profundización del rompimiento del tejido social y comunitario. A la par, la militarización y paramilitarización de los territorios, y la incursión de cárteles de la delincuencia organizada han acabado de rematarlo.

P: ¿Qué tanto por ciento de la población es indígena?

R: Según datos del INEGI (Instituta Nacional de Estadística y Geografía), en Chiapas, hay 1.141.499 personas mayores de cinco años que hablan alguna lengua indígena, lo que representa 27 % de la población de la entidad.

P: ¿Cómo son las escuelas chiapanecas?

R: Son espacios muy similares a los que denuncian maestros de los Estados de Guerrero y Oaxaca. En las comunidades (y aún en ciudades importantes como Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas) encontramos salones de madera, techos de láminas y pisos de tierra, con escasos muebles o materiales didácticos para los niños. Faltan maestros, aunque el gobierno señala que las normales son espacios que deben cerrarse, como la Normal Rural de Mactumatzá, escuela que fue reprimida por el gobierno de Chiapas en agosto del año 2003. A partir de entonces se cerró el internado, negando alojamiento y alimentos a los normalistas que ahí estudiaban. Ahora tienen que rentar (alquilar) cuartos y pagar su alimentación en Tuxtla Gutiérrez, la ciudad más cara de Chiapas.

P: ¿Cree que son necesarias las llamadas “normales”?

R: Las normales son más necesarias que nunca. Existe una gran necesidad de formar maestros para cubrir el derecho a la educación de miles de niños y niñas chiapanecas, ya que constituyen la única oportunidad para que jóvenes campesinos e indígenas puedan superarse y, sobre todo, porque son los únicos maestros dispuestos a trabajar en comunidades y regiones apartadas, donde muchos no quieren ir para brindar educación a los niños y niñas campesinos e indígenas.

P: ¿Los estudiantes de esos centros son violentos?

R: Desde nuestra perspectiva, no son violentos ni revoltosos, ejercen su legítimo derecho a la protesta social para defender el derecho fundamental a la educación. Lo han demostrado con su actitud y dignidad ante los atroces sucesos del 26 de septiembre en donde fueron brutalmente asesinados tres estudiantes normalistas y desaparecidos forzadamente 43. La violencia siempre ha venido desde las esferas del Estado.

P: ¿Por qué cree que fueron tiroteados los jóvenes de Ayotzinapa?

R: Ayotzinapa ha sido un ejemplo de dignidad y congruencia para el pueblo de México. La cobarde agresión contra normalistas de Ayotzinapa fue parte de un plan para desbaratar su lucha y movilización en defensa de la educación. Ayotzinapa ha sido un objetivo del gobierno desde la década de los años 70, en los que integrantes de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) daban puntual seguimiento y vigilancia permanente a los estudiantes normalistas.

No es la primera ocasión en que son agredidos. En diciembre de 2012 mataron a dos estudiantes de esta normal. Fueron baleados por policías estatales cuando bloqueaban la Autopista del Sol, sólo por exigir aumento de plazas. La brutal masacre de Iguala en contra de normalistas de Ayotzinapa, valoramos, es la punta del iceberg de una política criminal de Estado desarrollada en Guerrero con el objetivo de desbaratar la disidencia social. Esta política ha consistido en la criminalización, ejecución y desaparición forzada de activistas y defensores de derechos humanos.

Ayotzinapa es una escuela de extracción popular, los estudiantes provienen de familias pobres y de comunidades marginadas. El ataque del 26 de septiembre demuestra también el odio, el clasismo y racismo del gobierno hacia espacios como la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

P: ¿Dónde están los 43?

R: El gobierno de Enrique Peña Nieto y sus funcionarios saben en dónde están, y cada día que pasa aumenta la certeza de que la masacre de Iguala fue un crimen de lesa humanidad y de Estado. Nos sumamos al clamor nacional e internacional para gritar: ¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!

P: Desde que ha vuelto a gobernar el PRI, ¿qué diría de la violencia e inseguridad?

R: Creemos que con el retorno del PRI al gobierno se ha mantenido el nivel de violencia e inseguridad que caracterizó el sexenio panista de Felipe Calderón Hinojosa (quien manchó de sangre todo el país), y que la violencia y la inseguridad han alcanzado su punto de inflexión que ha desatado la condena nacional e internacional con la masacre de Iguala y la desaparición forzada de 43 jóvenes, casi niños-.

P: Francisco Cerezo, miembro del Comité Cerezo México, ha asegurado que durante la administración actual han sido detenidos arbitrariamente 669 defensores de derechos humanos acusados de motín, ultrajes a la autoridad, homicidio y secuestro. ¿Ustedes se sienten más perseguidos?

R: Sí, sentimos el temor debidamente fundado de ser víctimas de ser detenidos, asesinados o desaparecidos en cualquier momento. En los últimos años se ha acentuado la vigilancia hacia nuestra labor de defensa de derechos humanos. En Chiapas hemos sido víctimas de estigmatización por parte del actual gobierno del Estado, que encabeza Manuel Velasco Coello; sujetos de apariencia militar nos hacen saber que nos vigilan, y en algunas ocasiones se han acercado para decirnos abiertamente que estamos fichados. Nuestros teléfonos están intervenidos.

P: ¿Se conseguirá justicia, algún día, para Digna Ochoa?

R: Tenemos la esperanza de que es posible conseguir justicia para Digna Ochoa, pero que no vendrá de parte del gobierno mexicano. Tenemos la certeza de que habrá justicia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en donde el caso se encuentra en litigo actualmente. Para el pueblo y los organismos de derechos humanos, el asesinato de Digna Ochoa fue un crimen de Estado.

Terminando esta entrevista llega a mis manos una triste noticia (una más): un grupo de paramilitares asesinó el lunes a un integrante de la OCEZ-RC (Organización Campesina Emiliano Zapata- Región Venustiano Carranza). Según cuentan ellos, un camión de tres toneladas y una camioneta con aproximadamente 60 persona armadas con machetes, palos y armas de fuego, agredieron directamente a sus compañeros Hermelindo Pérez Gonzáles y José Ruiz, resultando gravemente heridos. José fue trasladado al Hospital de Comitán, donde se encuentra en estado grave, y Hermelindo, con una herida en el estomago producida por arma de fuego, al de Campo de Venustiano Carranza. Tras ser atendido durante dos horas, Pérez González falleció. Se sospecha que el ataque fue perpetrado a instancias de un “cacique” de la zona.