Ileana Alamilla[1]
Los periodistas son agredidos y amenazados por varios actores, entre ellos las autoridades, los policías, algunos auxiliares fiscales, cuerpos de seguridad, estudiantes universitarios, familiares y amistades de sindicados de la comisión de un delito, vecinos y población convertida en turba, según ha documentado el Observatorio de los Periodistas de Cerigua en el primer semestre de este año.
Pero ahora es verdaderamente el colmo que en los Tribunales y los encargados de administrar justicia violenten el derecho constitucional de libertad de emisión de pensamiento.
En Retalhuleu, el corresponsal de Prensa Libre fue denunciado por el ingenio El Pilar, debido a una nota publicada en abril, donde vecinos de dos cantones del municipio de San Andrés Villa Seca revelaron que los cauces de un río se contaminaron y culparon por ello a la empresa azucarera.
La denuncia por injurias y calumnias es absurda. En la nota difundida se cita explícitamente que la información fue recogida de varias fuentes, entre ellas, alguien de El Pilar, vecinos de los cantones Pajales Central y Los Chunes, quienes expresaron su alarma porque dijeron que el agua del río Ixpaquibán estaba contaminada por los desechos provenientes del ingenio El Pilar; también hay declaraciones de la jefa del Área de Salud y de un delegado del Ministerio del Medio Ambiente.
El Ingenio imputó los delitos al periodista porque, según ellos, por causa de esa publicación, el Ministerio Público abrió un proceso de investigación en su contra.
El Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Retalhuleu citó al periodista Miranda, para efectuar la audiencia en la que se integraría el jurado de imprenta que se hará cargo del caso en su contra, la que no se produjo y se reprogramó para el 12 de agosto. Se supo que personas vinculadas con el Ingenio han llegado al tribunal a averiguar si el periodista ha presentado a su vez, alguna denuncia. ¿Otra intimidación, además de este intento de censura que significa la denuncia?
En materia de libertad de expresión y libertad de prensa hay preceptos consagrados internacionalmente y, en nuestro caso, la Constitución Política de la República y la Ley de Emisión del Pensamiento, de rango constitucional, son explícitas en la protección de este derecho en varios de sus artículos. El periodista es un profesional de la información, trabaja en función social, publica y difunde hechos de interés general y entre sus responsabilidades está, además del apego a la verdad, investigar y citar las fuentes de su noticia. Eso hizo Miranda, eso publicó Miranda, eso no es un hecho delictivo.
El Ingenio lo que está haciendo es pretender culpar al mensajero, que no es el responsable de los daños que las fuentes citadas en la noticia atribuyen a dicha empresa. Estaremos pendientes de la actuación del juez y de la seguridad del corresponsal, pues este caso puede sentar un nefasto precedente en contra de la libertad de prensa, que no estamos dispuestos a tolerar.
Pero hay otro caso terrible, abordado en dos columnas de opinión por abogados muy ilustrados: Gabriel Orellana y Acisclo Valladares. Se trata de una resolución en la que el juez ¡prohíbe a una de las partes (Mario Taracena) hacer declaraciones, o sea, hablar de la otra (Rosa Zapeta)! Aunque el diputado Taracena sea un personaje polémico, el juez violó flagrantemente la Constitución con esta resolución.
¿Desde cuándo en Guatemala hay censura previa?
Esta resolución es espuria y la rechazamos.
- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, fallecida en enero de 2018.
