La Comisión para las políticas integrales de la discapacidad del congreso, ha aprobado por unanimidad una proposición legislativa del PP para modificar la Ley de Jurisdicción Voluntaria, con el fin de restringir a casos, excepcionales, el informe médico requerido a personas sordas y ciegas para que puedan casarse.
El artículo 56 establece que si alguno de los contrayentes padece deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, el secretario judicial, notario o encargado del Registro Civil, que tramite ese acta, exigirá el dictamen médico sobre la aptitud de aquellos. Por ello, todos los grupos han coincidido en la necesidad de reformar la norma que es contradictoria con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas de Discapacidad.
El diputado del PP, Ignacio Tremiño, ha señalado que esta proposición de ley, no solo aclara la intención del legislador, sino que consigue acabar con la discriminación histórica que han padecido las personas con discapacidad.
Los grupos ERC, PNV, PDeCAT, han defendido enmiendas para modificar el Código Civil para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho hacer testamento sin testigos, de forma que puedan alcanzar la plena igualdad en esta materia y superar la visión paternalista de la legislación vigente. Podemos, ha indicado que para solucionar la chapuza legislativa, hecha durante la décima legislativa y pone de manifiesto las terribles consecuencias de las mayorías absolutas y del rodillo del PP. Por el grupo Ciudadanos, han afirmado que esta iniciativa deshace un entuerto de proporciones quijotescas, viene a solventar un problema creado por el gobierno del PP.
El nuevo texto dice que en casos excepcionales se recabará dictamen médico sobre la aptitud del contrayente para prestar el consentimiento y limita esas excepciones a situaciones en los que «alguno de los contrayentes presenta una condición de salud que, a modo evidente, categórico y sustancial, pueda impedirle prestar el consentimiento matrimonial pese a las medidas de apoyo».
