En España no existe una regulación que garantice el trabajo de los profesionales de la comunicación ni otros aspectos que vienen recogidos en el artículo 20 de la Constitución Española sobre libertad de expresión y de información y que no se han desarrollado, a pesar de la importancia que tiene el periodismo como uno de los principales pilares de los estados democráticos.
Así lo han expresado hoy varios investigadores y profesionales de la comunicación en la mesa redonda “Sindicalismo y ciudadanía en el derecho a la información”, organizada por la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) en el marco del VIII Congreso Internacional Latina de Comunicación que se ha celebrado en la Universidad de La Laguna.
Agustín Yanel, secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), destacó la importancia de contar con una ciudadanía que reclame el pleno cumplimiento del derecho a la información al igual que sucede con derechos como la Sanidad y Educación, aunque consideró que gran parte de la responsabilidad en la crisis del periodismo estriba en la “mala utilización” que han hecho los partidos políticos de los medios de comunicación.
En esta misma línea se manifestó Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, al cuestionar la “desregulación” en España y también criticar el nulo interés que tienen los partidos políticos por regular un derecho que “no les dará una rentabilidad política”. Según Pérez, tiene que haber una “respuesta legal” a problemas como las noticias falsas u otros relacionados con nuevas tecnologías, aunque también existen otros problemas que se arrastran desde hace varias décadas y que no se les ha puesto solución, como el principio de veracidad o derechos como la cláusula de conciencia y el secreto profesional de los periodistas. Para solucionarlos aboga por un proyecto o proposición de ley que regule “el valor constitucional del periodismo”.
También José Luis González, profesor de Periodismo en la Universidad Miguel Hernández de Elche, denunció que “España es el paradigma de la desregulación periodística” y que es necesario que ante un panorama de “crecimiento alocado y desregulado” en el sector se opte por un esfuerzo colectivo que involucre a las empresas de la comunicación, a los colectivos profesionales y a las universidades. En este último punto instó a los centros públicos a que garanticen no solo un conocimiento técnico del periodismo sino una formación humanística. Asimismo, consideró que es necesario educar en comunicación desde el colegio y seguir haciéndolo a los profesionales que ya trabajan en los medios.
En esta defensa del Derecho a la información, Agustín Yanel remarcó que los derechos profesionales y laborales deben estar estrechamente unidos: “Sin unas condiciones de trabajo dignas se resiente la calidad de la información”. Destacó además que según diversos estudios, más del 80 por ciento de los periodistas han reconocido sufrir presiones en su trabajo al tiempo que prosigue creciendo la concentración mediáticas, particularmente en el sector audiovisual, donde sólo dos empresas acaparan casi el 90 por ciento del mercado publicitario.
