Diez jóvenes que se manifestaron el pasado 19 de julio en la capital saharaui, El Aaiún, por la victoria de Argelia en la Copa Africana de Naciones, han sido condenados a penas de uno hasta dos años y medio de prisión.
El juicio celebrado en El Aaiún el miércoles 4 de agosto de 2019, tras diferentes aplazamientos, arrancó sin la presencia de observadores internacionales tras la expulsión por dos veces de la abogada española Cristina Martínez.
Los nueve saharauis y el joven marroquí se sentaron en el banquillo de los acusados acompañados de sus familias y de activistas saharauis de derechos humanos, así como de “componentes del servicio de información, la Dirección General de Vigilancia del Territorio Nacional (DGST)”, el servicio secreto, según informó Equipe Media.
Los acusados fueron detenidos tras la manifestación por la victoria de Argelia en la Copa Africana de Naciones de fútbol el pasado 19 de julio. Una manifestación que no es la primera vez que se producía por las victorias argelinas y que entonces acabó con la represión de las fuerzas de seguridad marroquíes y en la que murió una joven, Sabah Njourni Azmán atropellada intencionadamente por un coche de las fuerzas auxiliares.
Amnistía Internacional en un comunicado señaló en su día que las autoridades marroquíes deben investigar “de manera imparcial y efectiva la fuerza excesiva ejercida por las fuerzas de seguridad en El Aaiún” contra los manifestantes saharauis.
Los cargos que se les imputaban a los diez eran humillación de la policía, obstaculizar el tráfico y vandalismo en propiedades con uso de la fuerza. El fiscal retó a los acusados a demostrar que la policía no respetó las prácticas civilizadas y legales en su intervención para dispersar las manifestaciones de El Aaiún el 19 de julio.
Pese a que la defensa contaba con los vídeos de Equipe Media y de otras entidades, “la defensa ni se inmutó, cuando tenía pruebas que mostraban bien a las claras la represión de ese 19 de julio”, apuntan desde la agencia de prensa saharaui.
Asimismo, aseguran que uno de los abogados elogió al rey marroquí, Mohamed VI y a la policía: “gracias a quienes vivimos en una zona de paz y estabilidad”. La defensa estaba formada por dos abogados saharauis y dos abogados marroquíes. Su único alegato consistió en poner en evidencia las violaciones de forma que cometió la policía al no avisar a las familias de los detenidos del arresto, y al no poner el caso en conocimiento de los abogados hasta 72 horas después, es decir, el 22 de julio.
Pidieron que, dada la especificidad de los detenidos (la mayoría, jóvenes estudiantes), no dieran la oportunidad “a algunos partidos de derivar el tema a causas políticas”.
El juez preguntó a los detenidos si querían pedir perdón a la Dirección General de Seguridad Nacional. Los encausados respondieron que no cometieron ni delito ni violación y por lo tanto no tenían que esperar ningún perdón.
Los acusados han negado todos los cargos y afirman que son inocentes, sin embargo, cuatro de ellos han sido condenados a dos años y medio, tres a un año y medio y otros tres a un año.
Según ha informado Equipe Media, “después del veredicto, la policía agredió a los prisioneros antes de esposarles para mandarles a la Cárcel Negra. La reacción de uno de los prisioneros fue arrojar una botella de agua al juez y al fiscal”.
No se permitió la entrada al presidente de Comité de Defensa del Derecho de Autodeterminación del Pueblo del Sáhara Occidental (Codapso), Mohamed Dadach. Las activistas por los derechos humanos Laila Lili y Hadi Matou solo pudieron acceder a la sala del juicio por la tarde.
Por su parte, los cuatro menores detenidos continúan en libertad provisional.
