Este domingo 7 de noviembre de 2021 deberían marcar el comienzo de una nueva era en Nicaragua. Pero será difícil, porque están marcadas por la falta de garantías a los derechos y a las libertades, algo que tanto la ONU como la CIDH condenan abiertamente. Para ambos organismos resulta imperioso restablecerlas y eliminar los obstáculos a la plena participación de todas las personas en el proceso electoral.
En junio pasado, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advertía de que el «preocupante y acelerado deterioro» de la situación de las garantías fundamentales en Nicaragua «aleja la posibilidad de que se puedan ejercer plenamente los derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre».
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informaba hace pocos días de la grave crisis política, social y de derechos humanos a través de su informe Concentración de Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua.
Ahora, tanto la CIDH como la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (OACNUDH), muestran su preocupación por la negativa a permitir la entrada en Nicaragua de varios periodistas extranjeros en las últimas semanas, así como por la falta de respuesta a las solicitudes de acreditación realizadas para poder informar sobre el desarrollo de la jornada electoral.
Tampoco hay que olvidar los ataques contra medios y periodistas, tales como el allanamiento de las instalaciones del diario La Prensa, el 13 de agosto, y la detención de su gerente al día siguiente, que restringieron también la libertad de expresión y el derecho a la información, que resultan imprescindibles en períodos de campaña electoral.
A todo ello se suman las restricciones arbitrarias contra la libertad de asociación de la sociedad civil, tales como las impuestas por la Ley de Agentes Extranjeros o la cancelación de la personalidad jurídica de 45 organizaciones civiles durante 2021, que redujeron aún más el espacio cívico en el momento en que éste debía haber sido protegido de la manera más escrupulosa. Además, hay que añadir la prohibición de manifestaciones públicas en el país, en particular de personas y organizaciones consideradas como opositoras al Gobierno.
La dictadura, porque sólo ese calificativo puede describir lo que está pasando en Nicaragua, llega a tales extremos que hasta los tuits de Twitter de la cuenta oficial del Gobierno están “protegidos”, no tiene seguidores y no siguen a nadie
Curiosamente, la cuenta del propio presidente Daniel Ortega, es la que informa de las elecciones y del supuesto “ataque” al país con este comunicado: Basta ya del abuso del Yankee, de su injerencia en asuntos nacionales. El gobierno de Nicaragua procederá de manera legal contra META por apología del delito, actos de discriminación y exclusión ante ciudadanos santinistas (sic). Serán juzgados y procesados como dicta la Ley.
El pasado día 3 de este mes también exhibe este flamante tuit: El único que va a RENACER es el Frente sandinista este 7 de Noviembre. Metanse (sic) su ley por el Culo Yankees!!!!!
Ortega y su mujer me recuerdan a los Ceaușescu de Rumanía, quienes estuvieron en el poder durante quince años y acabaron ejecutados. Fueron derrotados tras una sublevación popular. Ortega, y su consorte, llevan los mismos años dirigiendo Nicaragua como si fuera su cortijo. ¿Hasta cuándo?
