En el condado de Rutherford, en Tennessee (Estados Unidos), el 48 por ciento de los niños que pasaron por el Tribunal de Menores en 2014 fueron encarcelados, mientras que en el resto del estado de Tennessee la media estaba en el 5 por ciento, según información del colectivo de periodistas independientes estadounidenses ProPublica, que ha reproducido la prestigiosa revista Forbes.
Según estas fuentes, la jueza Donna Scott Davenport ha creado un sistema de represión contra los niños del condado, «tan duro como lucrativo».
Durante cerca de trece años, niños de Rutteford, a partir de los siete años fueron encerrados ilegalmente en centros de detención acusados de delitos, a veces imaginarios.
Una amplia investigación de ProPublica, ha revelado en octubre de 2021 la existencia de un «sistema de filtrado» creado en 2008 por la jueza Davenport, única jueza del Tribunal de Menores del condado, que dejaba en manos de los guardianes de la cárcel la decisión de enviar a los niños a un centro de detención de menores, o dejarles en libertad. La política de la jueza era que, en principio, los menores fueran a una prisión, tanto si los había detenido la policía como si sus padres no querían tenerlos en casa.
El digital francés Slate, que ha reproducido la información de Forbes, asegura que la jueza Davenport tiene un peso considerable como autoridad del condado, «lo que en parte explica la aplicación a gran escala de esta línea a los menores». Tanto el nombramiento de los magistrados, como las políticas del centro de detención, dependen de ella que, además, participa todas las semanas en un programa de la radio local donde se autodefine como «madre del condado», defiende su política con los menores y asegura estar cumpliendo una «misión divina».
En abril de 2016, una pelea de dos chavales de cinco y seis años contra otro mayor, en una cancha de baloncesto, tuvo como consecuencia la detención de once niños negros, de entre ocho y doce años, en la escuela y en sus domicilios. El crío de ocho años, detenido por error, quedó inmediatamente en libertad pero los diez restantes –cuatro niñas y seis niños- fueron a parar al centro de detención «por haber contemplado la pelea», y les acusaron de «responsabilidad criminal de la conducta de otros», un delito que no existe en las leyes de Tennessee.
Las familias plantearon un recurso colectivo contra el condado de Rutherford, que en 2017 pagó 397.500 dólares a los niños injustamente incriminados. Un segundo recurso ha terminado con «el sistema de filtrado» que ha funcionado durante nueve años. Chrystal Templeton, la oficial de policía que llevó a cabo las detenciones, fue castigada con tres días de suspensión de empleo y sueldo mientras que tanto la directora del centro de detención, Lynn Duke, como la jueza Davenport siguen en sus puestos.
Los abogados de una de las familias, cuyo hijo de diez años estaba entre los detenidos, estiman que, desde el comienzo de su mandato hasta 2017, la jueza Davenport encerró a más de 1500 niños mediante el «sistema de filtros», y que otros 500 fueron detenidos por motivos «nulos e ilegales».
Examinando diversos casos, esos abogados han identificado los de más de cincuenta niños encarcelados por delitos que no lo serían si se tratara de adultos, como indisciplina, absentismo o fuga.
Pero resulta que el encarcelamiento de menores es también una actividad lucrativa en el condado de Rutherford, que tiene firmados contratos con otros 39 condados para hacerse cargo de sus delincuentes menores en las 64 plazas del centro de detención a razón de 175 dólares diarios, lo que ha elevado el presupuesto de los Servicios de Menores, que incluyen el Tribunal y el centro de detención, a 3,69 millones dólares en 2020 frente a los 982.444 dólares del de 2005. El salario anual de la jueza Davenport, candidata a un nuevo mandato, es de 175.000 dólares anuales.
