El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, con motivo del día internacional de los derechos humanos, que se celebra el 10 de diciembre, hace un balance de la situación en el mundo en el que concluye que “hoy en día defender los derechos humanos tiene un riesgo enorme, pero es más necesario que nunca».
En 2016, un total de 281 defensores y defensoras de derechos humanos fueron víctimas de homicidio en el todo mundo. La tendencia no cesa de agravarse. La organización registró el homicidio de 146 defensores y defensoras en 2015 y de 145 en 2014. Estas cifras demuestran que las personas que denuncian la injusticia son blanco de agresiones. Gobiernos, empresas, grupos armados, grupos que fomentan el odio y la discriminación y otras personas con poder hacen todo lo posible para silenciarlas e impedir que hagan su trabajo.
Las consecuencias de la retórica del “nosotros contra ellos” con que se elabora la agenda política en todo el mundo ha fomentado un retroceso general en materia de derechos humanos.
Desde el fallido golpe de Estado en Turquía en 2016, se ha desatado una oleada masiva de represión dirigida no sólo contra personas de quien se tienen sospechas legítimas de participación en el intento de golpe de Estado, sino que se dirige contra cualquier persona crítica con el gobierno, incluidos los medios de comunicación y activistas de derechos humanos. Once defensores y defensoras de estos derechos enfrentan hoy cargos de terrorismo y uno de ellos, Taner Kiliç, presidente de Amnistía Internacional continúa en prisión preventiva desde junio pasado y podría ser condenado a 15 años de cárcel.
La guerra contra las drogas liderada por el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, desde que llegó al poder en junio de 2016 se ha cobrado miles de víctimas, entre ellas han sido asesinados decenas de niños y niñas, pero ni un solo agente ha rendido cuentas por ninguno de los crímenes cometidos.
El pueblo rohinyá de Myanmar está atrapado en un cruel sistema de discriminación institucionalizada y patrocinada por el Estado que constituye apartheid. Las fuerzas de seguridad han matado, torturado y violado a personas rohingyas, incendiado pueblos enteros reduciéndolos a ceniza y forzado a huir a Bangladesh a más de 600 000 personas.
Además, la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo constante y extendida en todo el mundo, y se aborda inadecuadamente por parte de los Estados, sobre todo la violencia sexual. A esta terrible situación se han sumado nuevas formas de abuso y violencia a través de las redes sociales.
En el último año los gobiernos han atacado los derechos humanos de forma constante, intentando minar su credibilidad. Trump, por ejemplo, debilita la respuesta global que los países intentan dar a las grandes crisis retirando a Estados Unidos del Pacto de la ONU sobre migraciones o rompiendo el Acuerdo de París contra el cambio climático.
Derechos humanos en Europa y en España
Los países europeos han incumplido rotundamente sus compromisos de reubicar a personas solicitantes de asilo desde Grecia e Italia, ya que apenas han llegado a un tercio de lo prometido. Entre los peores infractores figuran Polonia y Hungría, que se han negado a aceptar a ni una sola persona.
España, por su parte, ha cubierto menos del 14 % de su cuota, acogiendo a menos de 2500 personas de las más de 17 000 plazas prometidas.
En Grecia, la situación en las islas está llegando a su límite una vez más: los centros de Lesbos, Samos y Chios acogen a un total de 10 925 personas, casi el triple de su capacidad. Miles de personas, incluidas mujeres cabezas de familia solas y menores, están siendo obligadas a dormir en tiendas de campaña y o incluso en el suelo, mientras las temperaturas son cada vez más bajas. Algunas mujeres tienen que compartir tienda con hombres que no son de sus familias, poniendo en peligro su derecho a la privacidad y su seguridad.
También en Europa, las nuevas leyes y políticas concebidas para abordar la amenaza del terrorismo han pasado como una apisonadora sobre las salvaguardias de los derechos.
En 14 países se han propuesto o adoptado medidas antiterroristas que han erosionado el Estado de derecho, han aumentado el poder del ejecutivo, han eliminado controles judiciales, han restringido la libertad de expresión y han expuesto a toda la población a una vigilancia gubernamental sin control. El impacto ha sido especialmente profundo para las personas extranjeras y las minorías étnicas y religiosas, así como para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y manifestación.
En España, los dos años de vigencia de la Ley de Seguridad Ciudadana han confirmando lo previsible: más poder para la policía, menos garantías para que la ciudadanía defienda sus derechos y un impacto negativo en el ejercicio de los derechos de reunión pacífica, información y expresión.
Activismo y movilización
Frente a este panorama, señala Esteban Beltrán, «la movilización es más necesaria que nunca. Pedimos a la gente que se oponga a los abusos y que proteste. En Amnistía Internacional, somos personas que trabajamos por personas y que nos tomamos la injusticia como algo personal».
Y concluye que «hoy es un día clave para demostrarlo y por eso hay millones de activistas de la organización en más de 100 países de todo el mundo y en 70 ciudades de España que están exigiéndolo con la participación en acciones de calle”.
