La Asamblea General de IFRRO, que tuvo lugar el 8 de noviembre de 2017 en Tokio (Japón), aprobó una resolución en la que solicita al Gobierno español un sistema de remuneración justo para los autores por el préstamo público de sus obras.
Sala de consulta de la Biblioteca Nacional de España. Madrid © Ministerio de CulturaEn esta resolución de IFRRO, la federación internacional que agrupa a 94 entidades de gestión colectiva de libros y otras publicaciones de todo el mundo, se afirma que el sistema de remuneración para autores por el préstamo de libros en bibliotecas, regulado en la legislación española, es «ineficiente» y perjudica a los autores, tanto nacionales como a los de otros países.
Además, tal y como explica el texto aprobado, la remuneración del sistema español es «meramente simbólica», por lo que no cumple con los requisitos de la legislación europea ni de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Así mismo, esta federación pone de manifiesto que el pago de esta remuneración está dividido entre un gran número de deudores, lo que provoca un elevado coste de gestión para los titulares y las instituciones obligadas al pago (la mayoría de ellas ayuntamientos de más de 5000 habitantes).
Por estas razones, IFRRO solicita al Gobierno español que establezca un sistema que reduzca los gastos de gestión y que la remuneración para los autores sea coherente con la situación española y acorde con los ratios del resto de países europeos.
Por otra parte, IFRRO también insta en esta resolución a la Comisión Europea, con el fin de que actúe en este tema. (Ver resolución. Texto en inglés).
Esta Asamblea se celebró en el marco del Congreso Internacional de IFRRO 2017, en el que además se abordaron temas como la situación de la copia privada, el impacto digital en el sector de la prensa y los trabajos de la Unión en la propuesta de reforma del marco legal sobre derechos de autor en el Mercado Único Digital.
De la situación de España en cada una de estas cuestiones dieron cuenta Jorge Corrales, director general de CEDRO, y Javier Díaz de Olarte, director de los servicios jurídicos de la Entidad.
