El gobierno islandés ha presentado en el Parlamento, el martes 4 de abril de 2017, un proyecto de ley por el que se pretende obligar a las empresas y servicios públicos que cuenten con más de 25 trabajadores a certificar que pagan idéntico salario a todos sus empleados, hombres y mujeres.
Según publica el diario francés L’Obs, el objetivo de la iniciativa es conseguir que en 2022 se haya erradicado completamente la desigualdad, y el proyecto va más allá de la distinción por sexos de los trabajadores, extendiéndose también al origen étnico y la nacionalidad, añade el diario inglés The Independent.
La ley deberá entrar en vigor en enero de 2018. A partir de ese momento se controlará a las empresas y servicios públicos ; a los cumplidores se les facilitará un certificado de «política de igualdad salarial”. También está previsto que los infractores sean sancionados con una multa, aunque queda por decidir la cantidad.
«Ha llegado el momento de adoptar medidas radicales», ha dicho el ministro de Asuntos Sociales e Igualdad, Thorsteinn Viglundsson, porque “disponemos de los conocimientos y los mecanismos para lograr nuestro objetivo”.
Suiza y el estado de Minnesota, en Estados Unidos, ya tienen aprobadas medidas en el mismo sentido, pero Islandia será el primer país que disponga de una ley que obligue a la igualdad salarial.
