La desproporción de las condenas reabre la necesidad de reformar los sistemas penales a favor de la educación, de la prevención y de condenas alternativas para delitos menores, sostiene Carlos Miguelez Monroy, para quien las penas de cárcel quedarían como último recurso.
Carlos Miguélez Monroy1
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, conmutó el año pasado las penas de 46 presos que cumplían condenas por delitos no violentos relacionados con el tráfico de drogas. Algunos de estos presos estaban condenados a cadena perpetua.
Obama declaró que muchos de aquellos jóvenes habían cometido errores pero no habían tenido apoyo ni segundas oportunidades. Habló de proporcionalidad de las condenas y de reinserción, poco habituales en el discurso social en Estados Unidos hasta que empezara a cambiar el enfoque penal desde el principio de su mandato con planteamientos de reducción de condenas por delitos relacionados con consumo de estupefacientes.
Su último Plan Federal sobre drogas potenciaba el enfoque preventivo y de salud pública de las condenas por medio de un incremento en los fondos para tratamientos de rehabilitación y de “desenganche”, así como para programas de reinserción.
En España se produce un fenómeno contrario tras el endurecimiento de penas que trajo la Reforma del Código Penal que aprobó el Partido Popular. Esta reforma estableció medidas de prisión permanente revisable y puso mayores dificultades para la libertad condicional.
Esto choca con las reivindicaciones de distintos movimientos sociales en contra de un sistema penal que produce de las tasas de encarcelamiento más elevadas de Europa a pesar de que España tiene uno de los niveles más bajos de delincuencia.
Si cerca del 60 % de las personas en prisión tienen problemas de adicción a las drogas y un 60 % han cometidos delitos contra el patrimonio o relacionados con el tráfico menor de drogas, resultaría entonces más rentable invertir en programas educativos y preventivos, así como tratar problemas de adicciones fuera de la cárcel con condenas alternativas, como lo plantean la Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario (ROSEP), que agrupa a distintas organizaciones de la sociedad civil, y la plataforma Otro derecho penal es posible. Sostienen que la manera más eficaz de prevenir la delincuencia es apostar por la justicia social y resolver las causas que están en la raíz de la mayoría de los delitos: pobreza, exclusión y desigualdad.
La prisión permanente revisable establecida en el nuevo Código Penal expone al preso a arbitrariedades judiciales y atenta contra el principio de reinserción que la misma Constitución Española reconoce como principio de la condena de cárcel.
Entre otras de las propuestas que elabora la ROSEP, a partir de un análisis del sistema penitenciario, está la de establecer penas alternativas que tengan preferencia frente a la prisión. Se necesitan mecanismos de mediación para una solución pactada en determinados conflictos de forma que se repare el daño causado a la víctima, se responsabilice al infractor y se consiga una mayor paz social.
Proponen también un refuerzo de la figura de la libertad condicional, la reducción de condenas y los permisos de salida, lo que también redundaría en una menor ocupación en las cárceles.
La clave podría estar en la educación y en la prevención. Tanto en España como en Estados Unidos y en otros países del mundo, la exclusión y la falta de oportunidades, sobre todo para jóvenes excluidos del sistema, expone a muchas personas robos y a delitos menores de drogas. La alta ocupación en las cárceles en Estados Unidos por parte de negros y latinoamericanos tiene que ver con la falta de educación y de oportunidades de trabajo, con la pobreza y con un sistema judicial racista. La composición de los jurados influye en la disparidad en las condenas entre una persona negra o latinoamericana y otra blanca por delitos similares.
Los disturbios en los últimos años provocados por un uso de fuerza excesiva por parte de policías contra jóvenes negros han reabierto el debate y trazado una línea sobre la necesidad de abordar la justicia desde un enfoque preventivo, de derechos humanos y de justicia social. Ni el Partido Republicano rehúye del debate o plantea su habitual línea de endurecimiento de las penas por miedo a perder millones de votos. Donald Trump ha encontrado en los inmigrantes el blanco que necesitaba en sus discursos de odio.
La desproporción de las condenas reabre la necesidad de reformar los sistemas penales a favor de la educación, de la prevención y de condenas alternativas para delitos menores. Las penas de cárcel quedarían como último recurso.
- Carlos Miguelez Monroy es periodista y editor en el Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS)
