El asalto de parte de partidarios del presidente Donald Trump al Capitolio de Estados Unidos el pasado 6 de enero desembocó en el bloqueo, en algunos casos indefinido, de las cuentas personales del presidente en Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, Twitch y TikTok, así como la eliminación de la red conservadora Parler en Amazon y en las aplicaciones de Apple y Google.
Estas medidas adoptadas por compañías privadas, ponderadas por algunos y criticadas por otros, incluso por líderes mundiales, ponen de manifiesto nuevas complejidades sobre la libertad de expresión en el ámbito digital, señala la a Sociedad Interamericana de Prensa (SIP¹), que defiende la relevancia de la Declaración de Salta en este ámbito.
La entidad considera que dicho documento es relevante en la discusión sobre el papel y la responsabilidad de los operadores de las plataformas de internet en el sostenimiento de la libre expresión y para el análisis sobre este y otros hechos similares que afectan la vida diaria de millones de usuarios que utilizan los servicios en la red.
En ese contexto, el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, consideró que los principios de la Declaración de Salta, adoptada por la SIP en octubre 2018 en la ciudad de Salta, Argentina, establecen derechos y deberes que deben asumir los actores que participan en el intercambio de información en el entorno digital, sean plataformas, creadores de contenido, usuarios y gobiernos.
Canahuati, presidente del Grupo OPSA de Honduras, rescata que la declaración advierte que, pese al impacto positivo de la comunicación por internet, no han cesado los ataques y las amenazas, desde «el exceso de regulaciones estatales» hasta «la diseminación maliciosa de información», así como acciones de actores privados «que ejercen un poder sustantivo en la circulación de información».
Más allá de la justificación autorregulatoria de las plataformas ante la responsabilidad de Trump en los hechos de violencia, Canahuati agregó que el mayor ruido generado se debe a si una plataforma privada, con características de red pública por su alcance y masividad, puede decidir sobre los temas de debate público o censurar voces por más irrazonables que estas aparenten ser.
«El bloqueo indefinido a las expresiones de una persona pública, como en el caso de Trump, implica censura previa, como lo define el punto 5 de la Declaración de Salta, ya que se infieren delitos o faltas que todavía no ocurrieron», dijo Canahuati, para quien «lo peligroso es que se deja de considerar la aplicación correcta del principio de responsabilidad ulterior».
Por su parte, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, analizó que parte de la confusión global sobre las medidas adoptadas se debe a que las plataformas han sido erráticas en la aplicación de criterios ante situaciones similares ocurridas en países diferentes.
Sostiene que la Declaración de Salta es imperativa ante las plataformas al decir que «sus políticas y criterios que puedan restringir la circulación de contenidos deben ser claros y transparentes», para no incurrir en lo que se denomina «cultura de la cancelación». Con el agravante de que de tal modo pueden estar obturando el debate público.
Ante la presión que pudieran experimentar las grandes plataformas estadounidenses por el inminente cambio de gobierno en el país, Jornet, director del diario La Voz del Interior, de Córdoba, Argentina, parafraseó el artículo 13 de la Declaración de Salta que pide a los intermediarios tecnológicos «comprometerse con el respeto y la promoción de la libertad de expresión» y no ceder «ante presiones de gobiernos u otros grupos de poder».
Si el argumento es de «incitación a la violencia» o «aliento a la insurrección», las plataformas pudieron haber borrado los mensajes que consideraban ilegales o disponer una suspensión breve de la cuenta, mientras instaban un pronunciamiento judicial que dispusiera una medida más drástica, agregó.
Canahuati y Jornet expresaron el temor de la SIP a que las medidas adoptadas por las plataformas pudieran desembocar en una carrera legislativa desenfrenada por regular la libertad de expresión en el área digital, aspectos que la Declaración de Salta también establece como una de las mayores amenazas.
- La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de mil trescientas publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
