La Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo aprobó este martes 14 de abril un proyecto de ley con el que se pretende evitar que la importación por empresas europeas de estaño, tantalio, tungsteno y oro acabe financiando actividades de guerrillas y fuerzas militares de zonas en conflicto, como la Región de los Grandes Lagos de África.
El borrador debe aún ser votado por el Pleno en primera lectura, previsiblemente en mayo.
Desvincular la extracción de minerales con la financiación de conflictos armados es el objetivo del nuevo proyecto de directiva al que la Comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara ha dado luz verde, por el que las empresas que voluntariamente deseen obtener un ‘sello de certificación’ de importación responsable de minerales deberán acreditar ante su Estado Miembro documentos que demuestren el origen de los minerales a lo largo de la cadena de distribución y someterse a auditorías externas que lo certifiquen.
Gracias a varias enmiendas de los eurodiputados, dicho sello sería obligatorio para todas las fundiciones y refinerías de la UE (que constituyen el 5% del mercado mundial).
Los minerales que estarían bajo esta normativa son el estaño, tantalio, tungsteno y oro. Las empresas que pueden sumarse de manera voluntaria al sistema de certificación son los operadores secundarios y terciarios, por ejemplo cualquier empresa que compra, procesa y usa estos minerales para hacer teléfonos móviles, frigoríficos, lavadoras, etc.
La iniciativa europea vendría a sumarse a los pasos que ya dieron en su día la OCDE (‘Directrices de Debida Diligencia’) y Estados Unidos (Dodd-Frank Act), en la limitación a la importación de los «minerales de sangre».
Según el borrador, la UE redactaría un listado anual de todas las empresas que se adhieran al sistema europeo de certificación, lo que serviría para dar valor añadido a sus marcas como entidades socialmente responsables.
Posiciones enfrentadas
La votación final de los eurodiputados de Comercio Internacional (22 votos a favor, 16 en contra y 2 abstenciones) ha puesto de manifiesto la posición encontrada de los grupos políticos: Por un lado, los Socialistas y Demócratas(S&D), Izquierda Unitaria (GUE) y Verdes (Greens/ALE) defendían en sus enmiendas que el sello fuera obligatorio para todas las empresas europeas (también del sector secundario) y que el reglamento se ampliara a otros metales.
Sin embargo en la votación obtuvieron mayoría las enmiendas defendidas por los conservadores del Partido Popular Europeo (PPE), Liberales y Demócratas (ALDE) y Europa de los Conservadores y Reformistas (ECR), a favor de mantener el sistema de certificaciones voluntario para las empresas, excepto en el caso de refinerías y fundiciones.
«El objetivo de esta legislación, que el Parlamento pidió hace años, es romper el vínculo de la minería y el comercio de materiales con la financiación de grupos armados ilegales. Las enmiendas aprobadas por la Eurocámara refuerzan el proyecto de la Comisión al intensificar la responsabilidad de las fundiciones y refinerías y al acoger las iniciativas de la industria europea por trabajar, como ya hace la OCDE, en consonancia con las ‘directrices de diligencia debida'», ha señalado el eurodiputado rumano y ponente del proyecto de ley, Iuliu Winkler (PPE), tras la votación.
El proyecto de ley, que debe ser refrendado por la Eurocámara en su conjunto en mayo y podría aún sufrir modificaciones, ha visto pasar hasta 576 enmiendas presentadas por los eurodiputados de Comercio Internacional, en las que se completa la propuesta de la Comisión Europea con muchas medidas adicionales, entre ellas la posibilidad de prestar ayuda técnica y financiera a las pequeñas y medianas empresas que voluntariamente deciden formar parte de la certificación.
