Si se legaliza la marihuana en la capital de México, como propone el gobierno local, este país se vería obligado a revisar su adhesión a las tres convenciones internacionales antidrogas, una senda ya seguida por algunas naciones, informa Emilio Godoy (IPS).
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal capitalino y el gobierno izquierdista de Miguel Mancera anunciaron que en septiembre se comenzarán a debatir los aspectos sanitarios, económicos y de seguridad de la marihuana (Cannabis sativa), popularmente conocida como «mota», por lo cual el aval legal para su uso terapéutico podría aprobarse antes de fin de año.
«Varios países han cuestionado esas convenciones por razones sanitarias. Eso pone en tensión el funcionamiento de los tratados», dijo a IPS el abogado Fernando Gómez-Mont, exsecretario (ministro) de Gobernación (interior) del gobierno del conservador Felipe Calderón (2006-2012).
Las reformas de 2009 a la Ley General de Salud facultan a los gobiernos estaduales a regular temas sanitarios vinculados con sustancias ilícitas. Ese marco legal permite la tenencia para consumo personal de cinco gramos de cannabis, 500 miligramos de cocaína y 50 de heroína, entre otras, pero veta la producción, distribución y venta de esas sustancias.
Este país, con más 118 millones de habitantes, es parte de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y substancias sicotrópicas de 1988 y del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971.
«En México se pueden dar pasos intermedios sin que necesariamente los países vecinos los sigan. Es algo mucho más viable en la capital», argumentó ante IPS el escritor Jorge Castañeda, quien fue canciller del gobierno conservador de Vicente Fox (2000-2006).
«Por ejemplo, en Estados Unidos se han tomado decisiones de ese tipo en algunos estados», añadió Castañeda, quien se ha convertido en un defensor a ultranza de la despenalización.
La marihuana es la droga ilegal más consumida en el país, seguida por la cocaína y las sustancias inhalables, según datos de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, elaborada por la Secretaría (ministerio) de Salud. La producción de esa planta se concentra en estados del oeste y el sur.
México está urgido de nuevos enfoques hacia las sustancias ilícitas por la crisis humanitaria desataca por la estrategia represiva aplicada por Calderón durante todo su mandato y cuyos resultados visibles son una gran mortandad y derramamiento de sangre y la propagación de las drogas.
En 2012 se registraron 26.037 homicidios, marcando un leve descenso respecto del año anterior, cuando fueron 27.213. Pero aun así, sigue siendo uno de los índices más altos de América Latina, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
El actual presidente, Enrique Peña Nieto, ha rechazado la despenalización como vía para enfrentar el narcotráfico y privilegia lo que denomina «estrategia de seguridad basada en la inteligencia», sin mayores matices en comparación con la política aplicada por su predecesor.
Pero cambios en la visión global de la lucha contra las adicciones a las drogas aún ilegales, especialmente la marihuana, ejercen presión para virar hacia políticas preventivas y no represivas.
«Vamos a ser muy responsables con el debate. En la Ciudad de México coincidimos en el cambio de políticas criminales por políticas de salud. Estamos listos para este debate y, en su momento, para legislar», expuso a IPS el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Manuel Granados, quien ocupa una banca en el órgano estadual por el gobernante Partido de la Revolución Democrática.
El Distrito Federal, con más de ocho millones de habitantes, ha sido vanguardista en la despenalización del aborto y la instauración de los matrimonios entre personas del mismo sexo.
En septiembre, cuando se reanuden las sesiones legislativas, habrá una cumbre con la presencia de delegados de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos para discutir las nuevas rutas de aproximación a las drogas.
Desde 2007 se han presentado al menos ocho iniciativas en el parlamento nacional y en legislativos estaduales para despenalizar la marihuana, pero ninguna ha llegado siquiera al debate de plenario.
«Intentamos proponer una nueva relación con la planta. Es posible crear un sistema regulatorio diferente. Pedimos derechos para los usuarios», expresó a IPS el presidente del Colectivo por Una Política Integral hacia las Drogas, Jorge Hernández, coautor del libro «La mota. Compendio actualizado de la mariguana en México».
Hernández propone la creación de clubes de cannabis, a la usanza de España, que permiten la producción fiscalizada y el consumo regulado de la droga en el ámbito privado, en sintonía con los tratados internacionales de control.
«El Estado tiene que reconocer su responsabilidad y generar información suficiente. Debe haber la misma regulación que para el alcohol y el tabaco. Es tiempo de revisar la ley. El DF puede ser un buen punto de arranque», planteó Gómez-Mont.
México fue el único país latinoamericano que no aprobó en enero la concesión a Bolivia del mascado de hoja de coca (planta que es materia prima de la cocaína), una práctica ancestral en ese país. Esa dispensa facilitó que el Estado boliviano ratificara su adhesión a la Convención Única sobre Estupefacientes.
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