Lula da Silva en libertad provisional agita la política brasileña

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva salió en libertad provisional de la cárcel en Curitiba, en el sur de Brasil, este viernes 8 de noviembre de 2019, beneficiado por la nueva jurisprudencia sobre la prisión de los reos que aún tienen pendientes fases del proceso judicial, aprobada en la víspera por el Tribunal Supremo Federal, informa Mario Osava^[1](IPS) desde Río de Janeiro.

En un fallo que exigió cuatro sesiones con intervalos de una semana, los once ministros (magistrados) del STF dictaminaron por una mayoría de seis a cinco que el encarcelamiento del condenado solo se ejecuta al agotarse todas las posibilidades de recursos judiciales.

Recibido por decenas de militantes fuera de la sede de la Policía Federal, donde estuvo detenido 580 días, Lula anunció que recorrerá el país como hizo varias veces en el pasado.

Dijo que sale sin rencores, pero criticó la «banda podrida del Estado brasileño» y del sistema judicial y las condiciones sociales del pueblo que empeoraron en los últimos años. Puede mejorar con un gobierno «que no mienta tanto como Bolsonaro por el Twitter», sostuvo refiriéndose al presidente de extrema derecha, en el poder desde enero.

Lula es el principal beneficiado de esa nueva interpretación del inciso LVII del artículo 5 de la Constitución de 1988, que asegura que «nadie será considerado culpable hasta el tránsito en juzgado de sentencia penal condenatoria».

Su libertad, aunque posiblemente temporal, puede alentar la oposición al presidente Jair Bolsonaro, de extrema derecha. La derrota electoral en octubre de 2018, con Lula ya preso desde abril, desarticuló las fuerzas opositoras, especialmente el izquierdista Partido de Trabajadores (PT) de Lula.

En realidad las elecciones sellaron el desmantelamiento del sistema político que se había construido en el proceso de redemocratización, tras la dictadura que los militares  impusieron a los brasileños de 1964 a 1985.

La corrupción generalizada, revelada por la operación Lava Jato (autolavado de vehículos), iniciada en 2014 por fiscales del Ministerio Público (fiscalía) y policías federales, fue el factor determinante de ese derrumbe de los partidos y la seducción de la antipolítica representada por Bolsonaro.

El triunfo de ese excapitán del Ejército, que siempre mantuvo relaciones estrechas con los cuarteles, representó una redención de las Fuerzas Armadas. En el gobierno que asumió en enero son militares un tercio de los ministros y centenares de funcionarios de rangos superiores en varios ministerios.

La ausencia de una oposición organizada y activa se refleja en el dicho de que «Bolsonaro es su mayor opositor», ante sus acciones que despiertan rechazo, por el autoritarismo y desprecio por el medio ambiente, la ciencia, los derechos humanos y la cultura.

Es un cuadro que puede cambiar, por el liderazgo de Lula, quien presidió el país de 2003 a 2010 y cuya popularidad permitió elegir a Dilma Rousseff como su sucesora, manteniendo al PT en el poder hasta 2016.

Pese a la mancha de la corrupción, que llevó a otros de sus exdirigentes a la cárcel, el PT se mantuvo como el partido de mayor representación en la Cámara de Diputados, con 56  escaños. Además sigue siendo mayoritario en todo el Nordeste, segunda región más poblada de Brasil.

Crece, sin embargo, el temor de analistas y políticos moderados, centristas, de que un Lula libre y un despertar del PT realimenten la polarización «entre extremos» que dominó las elecciones de 2018 y condujo al triunfo de Bolsonaro.

La evaluación general es que el rechazo a Lula y su partido, por la corrupción y la crisis económica al final de los trece años del gobierno del PT, le dieron al excapitán los votos decisivos.

Lula de telón de fondo judicial

El STF volvió ahora al entendimiento que había aprobado por mayoría de siete votos a cuatro en 2009, reconociendo la presunción de inocencia hasta la condena definitiva del reo, agotadas todas las instancias posibles de recurso, que establece claramente la la Constitución.

Pero en 2016, con el auge de la operación Lava Jato y una opinión pública clamando por el fin de la impunidad de los criminales del «cuello blanco», el STF revisó su fallo y decidió que se puede encarcelar a los condenados en segunda instancia, es decir por un tribunal de apelación, aunque tengan la posibilidad de recurrir a tribunales superiores.

Es el caso de Lula, condenado en 2017 por el juez Sergio Moro, símbolo de la operación anticorrupción y actual ministro de Justicia y Seguridad Pública. Su sentencia fue luego ratificada por el Tribunal Regional Federal del Sur, con una condena de doce años de cárcel.

El delito sentenciado fue el haber recibido su esposa como «regalo» un apartamento de tres pisos en una playa cercana a São Paulo, como un supuesto soborno de una gran constructora beneficiada con contratos de la estatal compañía petrolera Petrobras.

Moro se volvió un héroe popular por juzgar y encarcelar a poderosos políticos y empresarios, pero su entrada en el gobierno de Bolsonaro y la ruptura de reglas jurídicas dañaron su credibilidad. En particular, en el caso de Lula, trascendieron este año diálogos con fiscales para concertar posiciones, algo prohibido en Brasil, en que se pusieron al descubierto su parcialidad e interés en encarcelarlo.

Alcances y consecuencias del fallo

La decisión de los once ministros supremos fue por la mínima mayoría de seis votos contra cinco.

El sistema judicial brasileño, con cuatro instancias y una infinidad de recursos posibles, favorece la impunidad de los ricos y poderosos, que pueden pagar buenos abogados para alargar el proceso hasta la prescripción de las acusaciones.

Además, las pruebas son examinadas solo en las dos primeras instancias, las superiores se destinan a revisar los procedimientos. Y en todos los países más avanzados el encarcelamiento es aplicado tras la segunda fase e incluso la primera instancia, arguyen los más interesados en castigar la corrupción.

Ahora el STF volvió a la jurisprudencia de 2009, de prisión solo tras completarse el tránsito en los tribunales, aunque sea con la mínima mayoría posible.

El juez Gilmar Mendes cambió su voto, arguyendo que en 2016 defendió la «posibilidad» de prisión tras condena en segunda instancia, pero que en la práctica la cárcel se volvió «obligatoria», lo que obliga a una corrección.

No faltaron, sin embargo, especulaciones de que el cambio se debió a la nueva situación política. Hace tres años había fuerte interés de la derecha en debilitar el PT y alejar Lula de la disputa presidencial, en que era favorito según las encuestas. Y Mendes es conocido como un juez bien relacionado con políticos derechistas.

El STF sufrió un gran desgaste en su credibilidad por fallos encontrados, medidas adoptadas individualmente por sus miembros y decisiones cuestionables, como algunas que favorecieron la creación de nuevos partidos, lo que resultó la fragmentación en treinta partidos con representación parlamentaria.

Este último fallo sobre prisión de condenados despertó nueva ola de críticas: «una decisión equivocada» del STF, opinó la Asociación Nacional del Ministerio Público.

Los fiscales de la Lava Jato señalaron en una nota conjunta que la decisión está «en disonancia con el sentimiento (popular) de rechazo a la impunidad y con el combate a la corrupción, prioridad del país».

Estimaron que 38 de los condenados tras investigaciones de la operación obtendrán su libertad. Pero hay muchos más presos comunes en el país. Son cerca de 4900 encarcelados tras condena en segunda instancia que podrán beneficiarse de la nueva jurisprudencia del STF, según el Consejo Nacional de Justicia, órgano corregidor.

La decisión no elimina prisiones cautelares y preventivas que se aplican en cualquier fase del proceso judicial, incluso antes de las condenas, en caso de acusados que son peligrosos para la sociedad o pueden obstruir la justicia, destruyendo pruebas, por ejemplo, aclararon los defensores de la nueva jurisprudencia.

La decisión es válida para todos los que tienen abiertos sus procesos, pero pesó mucho el caso de Lula que «contaminó» el juicio, según el magistrado Mendes.

Las actitudes que asuma Lula, quien está inhabilitado de participar en nuevas elecciones por la condena en apelación y que enfrenta otros ocho procesos, tendrán fuerte influencia en la política brasileña, donde una resistencia dispersa trata de contener las veleidades autoritarias de un gobierno con su imagen internacional muy deterioradas, especialmente por su antiambientalismo.

1. Edición: Estrella Gutiérrez