Al cumplirse 20 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México soporta el desplazamiento de cultivos como el maíz por los de marihuana y amapola, ante la caída de los precios del rubro agrícola más importante del país, informa Emilio Godoy (IPS).
Desde que entró en vigor el TLCAN entre Canadá, Estados Unidos y México, en enero de 1994, los precios del maíz y otros productos agrícolas comenzaron a caer marcadamente, en detrimento de los ingresos de los agricultores con menos tierra y menor cosecha, lo que los colocó en el punto de mira de las mafias del tráfico de drogas.
«La situación se da en regiones de agricultores pobres, donde el precio se ha derrumbado y la productividad es baja. Tienen que recurrir a los narcos, quienes les prestan dinero o les arriendan las tierras», dijo Víctor Quintana, asesor del no gubernamental Frente Democrático Campesino en el norteño estado de Chihuahua.
Quintana citó a IPS el caso de los indígenas pimas, que habitan en Chihuahua y el vecino estado de Sonora, y quienes se han convertido, según sus datos, en proveedores de materia prima para las bandas delictivas que se disputan violentamente las rutas de distribución hacia el vecino y lucrativo mercado estadounidense.
«El proceso comenzó en los años 80, pero con la penetración de los carteles de Sinaloa y Juárez se ha venido incrementando desde 2006», explicó, en referencia a la disputa entre ambas mafias de la droga por el control de esa región fronteriza.
El maíz tiene especial simbolismo para México, considerado el origen del cereal con 59 razas autóctonas y 209 variedades, que constituye un componente esencial de la dieta de su población.
El país produce unos 22 millones de toneladas anuales, pero tiene que importar otros 10 millones para satisfacer la demanda, según datos de la Secretaría (ministerio) de Agricultura y organizaciones de productores.
Unos tres millones de agricultores siembran alrededor de ocho millones de hectáreas de maizales, pero dos millones de ellos destinan su cosecha únicamente al consumo familiar.
Omar García Ponce, académico del Departamento de Política de la estadounidense Universidad de Nueva York, dijo a IPS que «el deterioro de la economía de los municipios maiceros está vinculado de forma muy estrecha al cultivo de drogas».
A su juicio, ese deterioro explica por qué el país se ha convertido en uno de los productores más importantes de marihuana y amapola.
García Ponce, Oeindrila Dube y Kevin Thom, también de la universidad estadounidense, publicaron en agosto el estudio «From Maize to Haze: Agricultural Shocks and the Growth of the Mexican Drug Sector» (Del maíz a la bruma: Choques agrícolas y el crecimiento del sector narcótico mexicano), que concluye que la caída de los precios incrementó los cultivos prohibidos en los municipios climáticamente más aptos para la siembra de maíz.
Los autores analizaron datos de más de 2.200 municipios durante el periodo 1990-2010, sobre producción, empleo agrícola e ingresos. Asimismo, midieron el impacto de los vaivenes en el precio del maíz sobre el cultivo de drogas y la violencia desatada por la actividad ilegal.
El estudio subraya que el NAFTA forzó la liberalización del sector, expandiendo las cuotas de importación del grano y reduciendo aranceles, además de precipitar una gran caída en el precio del maíz en México.
La cotización del cereal cayó 59 por ciento entre 1990 y 2005, lo cual se tradujo en una disminución de 25 por ciento en los ingresos de los productores maiceros.
En paralelo, los asesinatos relacionados con el tráfico de estupefacientes se extendieron en promedio 62 por ciento en los municipios con condiciones adecuadas para el cultivo, indica la investigación.
A raíz de la crisis mundial de alimentos de 2007, el precio del maíz subió ocho por ciento entre ese año y el siguiente, en tanto que los homicidios ligados al narcotráfico decrecieron 12 por ciento en los municipios maiceros.
La confiscación de drogas aumentó 16 por ciento y la erradicación de plantíos ocho por ciento, a diferencia de lo ocurrido en zonas no productoras de maíz, a cuya producción también ronda el peligro de la autorización de plantación comercial de grano transgénico.
«Los cambios a la baja en el precio del maíz contribuyeron a la bonanza del narcotráfico en México», cita el documento, el primero en vincular la crisis rural con el desarrollo del tráfico de drogas en México.
La pesquisa mapeó zonas de los estados de Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Tamaulipas, Yucatán y Campeche, que han experimentado la sustitución del cultivo. La erradicación de la droga se concentra a lo largo de las franjas occidental y sureña de la Sierra Madre y las áreas adyacentes.
Datos de la Secretaría de la Defensa Nacional indican que la eliminación de marihuana se incrementó entre 1990 y 2003, cuando pasó de de unas 5.400 hectáreas a 34.000. Luego cayó, hasta situarse en 17.900 en 2010.
Entre diciembre de 2006 y noviembre de 2012, el sexenio del conservador Felipe Calderón, las Fuerzas Armadas arrasaron 98.354 hectáreas, mientras que en 2013, el primer año de gestión del también conservador Enrique Peña Nieto, esa cantidad fue de 5.096 hectáreas.
La erradicación de amapola comenzó con 5.950 hectáreas en 1990, trepó a 20.200 en 2005 y cayó a 15.331 en 2010. Entre diciembre de 2006 y noviembre de 2012 los militares arrasaron 86.428 hectáreas.
El año pasado la extirpación alcanzó a 14.419 hectáreas.
El tema es tabú en las zonas maiceras, donde abundan los rumores de que los agricultores disimulan plantíos ilícitos entre otros de sus parcelas y nadie reconoce abiertamente que está vinculado a esa actividad.
«Se escucha que tal o cual productor siembra droga, hay mucho miedo de hablar de eso», dijeron a IPS cosechadores de los estados de Jalisco y Guerrero, quienes por seguridad pidieron el anonimato.
Desde 2011, los medios de comunicación mexicanos y la Fiscalía General difundieron al menos dos casos de campesinos capturados por cultivar estupefacientes en los centrales estados de Puebla y Guerrero.
Peña Nieto anunció para este año un presupuesto para el campo de unos 26.000 millones de dólares y «una reforma profunda» del sector. Pero los expertos dudan que esas medidas alteren la situación de los pequeños productores.
«Si se concentran en un puñado de estados y no se cambia la estructura de distribución de recursos, va a seguir sucediendo lo mismo» con la situación en el campo y, en particular, con los cultivos de estupefacientes, explicó Quintana.
En cambio, «si se aprovechan tierras ociosas, si se eleva la capacidad productiva, si se apoya técnicamente a campesinos pobres e indígenas, el problema se reducirá», planteó este asesor de maiceros, que propugna un precio mínimo de garantía para el maíz para contrarrestar el desmantelamiento de los respaldos a la producción local, debido al TLCAN.
García Ponce aconseja «más énfasis en ayudar a los agricultores que son más susceptibles. La situación del campo y los incentivos que se han generado para que los agricultores se hayan orillado a los cultivos ilícitos, han sido ignorados por las políticas públicas».
La investigación concluyó también que la caída del precio del grano redunda en un incremento de cinco puntos porcentuales en la posibilidad de que aparezca un cartel en un municipio.
