La reforma al artículo 11 de la Constitución aprobada el martes por la Cámara de Diputados busca asegurar el acceso universal al derecho a la movilidad bajo los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y universalidad. Eso dicen los diputados del partido en el poder y sus “ayudantes”, PAN y los verdes (de lo que sólo tienen el color, dicho sea de paso).
En realidad, la ley en cuestión no implica la restricción de los derechos de libertad de expresión, reunión y asociación, pero puede generar condiciones para ello. El propio Dictamen que establece los alcances y límites de la modificación al artículo señala con claridad que, bajo ninguna circunstancia, la reglamentación de la reforma mediante una Ley General de Movilidad deberá restringir o inhibir los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación.
El Dictamen prohíbe expresamente reglamentar las manifestaciones públicas en el momento de hacer la ley secundaria (reglamento), señalando que se debe regular a los agentes del Estado y no a los manifestantes. Afirmación coherente con lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la audiencia temática sobre protesta social en México (30 de octubre) que, en voz de su Secretario Ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, expresó al Estado mexicano que «el paradigma democrático no es el control de la ciudadanía sino el control del ejercicio de poder y del uso y el abuso de la fuerza de sus agentes».
Malas intenciones
Pero nadie se cree esa buena intención. No, por el momento elegido para ponerla en marcha: las horas más bajas de Peña Nieto, y con la petición de dimisión cada vez más coreada por miles y miles de mexicanos. Dice Greenpeace México y el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social* que está claro que, en el contexto actual, “prevalece un afán criminalizador de la protesta social y que se ha dado un uso político al derecho penal y al sistema de justicia para inhibir su expresión” . Y es que se han presentado ya más de diez iniciativas a nivel federal y local en los dos últimos años (los que lleva Peña Nieto en el poder) con la intención de restringir cualquier expresión de disenso y descontento social. De esas iniciativas, fueron aprobadas tres este año.
Aun cuando la reforma constitucional señalada podría servir para garantizar el derecho a la movilidad, no deja de alarmar que se enmarque en un contexto de enorme descontento social y manifestaciones públicas frente a las que se ha utilizado la fuerza pública de manera desproporcionada, generando violaciones al derecho a la libertad de expresión, reunión, protesta social e incluso integridad. Lo que fortalece la preocupación de que, a través de la Ley General de Movilidad, se busque generar una restricción más al derecho a la protesta social.
En la criminalización de la protesta han estado implicados todos los partidos políticos. Por ello, llama poderosamente la atención que, en ese contexto, el PRD ande gritando que se busca restringir la protesta, cuando en el DF se aprobó una Ley de Movilidad que sí pretende inhibirla. A la par, en los últimos dos años, la violencia policial contra manifestantes se ha convertido en un patrón sistemático en la capital del país.
Hablan los jueces
Hasta ahora, dos juezas federales han declarado inconstitucionales las disposiciones de la Ley de Movilidad. Con ello se confirma la especial relevancia del derecho a la protesta en una sociedad democrática. Con estas resoluciones judiciales es claro que, en el caso de que el Congreso de la Unión pretenda transgredir los límites impuestos en su propio dictamen y reproducir normas que inhiben la protesta, podría pensarse que es imposible que sean avaladas por el Poder Judicial de la Federación. Pero quizá lo sean.
Los partidos de la oposición han puesto el grito en el cielo y han subido a la tribuna para convencer a sus colegas de que no se debe aprobar esa ley. Ellos, los que están en el gobierno y los que esperan estar (PAN) ni abrieron la boca durante el debate. Se limitaron a apretar el botón del si. Ahora debe ser aprobado por el Senado. Si sale adelante, será un error más del actual presidente de México: no se puede gobernar amordazando y criminalizando al pueblo.
- ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD; Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA; Fundar Centro de Análisis e Investigación; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Propuesta Cívica; Servicios y Asesoría para la Paz y Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”.
