Nicaragua cancela la Misión de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos
La oficina de derechos de la ONU ha pedido acciones urgentes para abordar la crisis de los derechos humanos en Nicaragua y ha instado a poner fin a la «represión y represalias contra los manifestantes que continúan mientras el mundo mira hacia otro lado», petición que ha sido rechazada por el Gobierno de Daniel Ortega, quien ha ordenado cancelar la misión de la ONU en el país.
La iniciativa de Naciones Unidas se producía después de conocer el Consejo de Seguridad un nuevo informe de la oficina de derechos humanos de la ONU que detalla lo que describe como numerosas violaciones llevadas a cabo por el gobierno nicaragüense después de que estallaron protestas masivas a mediados de abril sobre las reformas planificadas de la seguridad social.
«La violencia y la impunidad de estos últimos cuatro meses han puesto de manifiesto la fragilidad de las instituciones del país y el estado de derecho, y han creado un clima de temor y desconfianza», dijo el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.
El informe abarca el período desde que comenzaron las protestas contra las reformas planificadas de la seguridad social el 18 de abril, hasta el 18 de agosto.
El uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, que a veces resulta en ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; detenciones arbitrarias generalizadas; tortura y malos tratos; y las violaciones de derechos a la libertad de opinión, expresión y reunión pacífica se han documentado en el informe.
El informe señala que en la etapa inicial, la policía y los elementos armados progubernamentales respondieron con dureza a las protestas. Durante la etapa de «limpieza», desde mediados de junio hasta mediados de julio, desmantelaron por la fuerza barricadas: según la información obtenida, los elementos armados a menudo actuaban en coordinación con las autoridades estatales de alto nivel y la Policía Nacional.
«El gobierno ya no niega la existencia de elementos armados progubernamentales, [y] aprueba sus acciones y les permite operar con impunidad», dice el informe.
La mayor parte de la violencia se produjo desde mediados de abril hasta mediados de julio y, según los informes, dejó unas 300 personas muertas y otras 2000 heridas, en su mayoría hombres menores de 30 años, incluidos estudiantes universitarios y jóvenes profesionales.
El informe también señala que 22 policías fueron asesinados.
En la etapa actual, los manifestantes y los llamados opositores al gobierno están siendo perseguidos y criminalizados. Hasta el 18 de agosto, la información indica que al menos 300 manifestantes están siendo procesados, incluso por cargos de terrorismo y crimen organizado. Estas causas tienen serios defectos y no observan el debido proceso, incluida la imparcialidad de los tribunales, dice el informe.
Los funcionarios públicos, incluidos docentes y médicos, han sido despedidos, y las autoridades han ido estigmatizando y desacreditando cada vez más a los manifestantes y defensores de los derechos humanos como «terroristas» o «golpistas».
«En lugar de reconocer la responsabilidad por cualquier acto violento durante la crisis, el Gobierno ha responsabilizado a los líderes sociales y de la oposición por lo que han denominado ‘violencia relacionada con el golpe'», señala el informe.
El informe hace un llamamiento al Gobierno para que ponga fin de inmediato al acoso, la intimidación y la criminalización; y desarmar a los elementos progubernamentales, detener todas las detenciones ilegales y liberar a todos los detenidos arbitrariamente.
Zeid instó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a la comunidad internacional a «tomar medidas concretas para evitar que la crisis actual descienda a una agitación social y política más profunda».
«Cualquier acción de este tipo debe tener como objetivo garantizar la plena rendición de cuentas por violaciones y abusos de los derechos humanos, permitir que las víctimas tengan acceso efectivo a la justicia y los recursos adecuados, incluidas las reparaciones y el derecho a saber la verdad», concluyó el Alto Comisionado.
Nicaragua cancela la Misión de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos
Según diversos cables internacionales (véase por ejemplo nota de France 24), Nicaragua ha optado por «expulsar» a los integrantes de la Misión de Naciones Unidas instalada en Managua este viernes 31 de agosto, otorgándoles – según algunos medios de prensa – un plazo de pocas horas para abandonar el territorio nicaragüense, informa Nicolás Boeglin desde Costa Rica.
Esta inédita decisión se toma 48 horas después de haberse hecho público en Nicaragua un informe sobre la situación imperante en materia de derechos humanos por parte de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)
En un documento oficial de 33 páginas, con fecha del 26 de agosto del 2018, Nicaragua hizo ver su profunda inconformidad con respecto al contenido de ese informe (que le fue remitido antes de hacerlo público), indicando en sus conclusiones finales que: «En base a todo lo planteado, manifestamos nuestro desacuerdo y rechazo al denominado informe de la OACNUDH por considerar que el mismo es improcedente al extralimitarse, teniendo en cuenta que el OACNUDH fue invitado para el acompañamiento de la Comisión de Verificación y Seguridad creada en la Mesa del Diálogo Nacional» (página 31).
Las razones aludidas por Nicaragua
En esta nota de prensa se reproduce la carta oficial del jefe de la diplomacia nicaragüense enviada el 30 de agosto a los funcionarios de Naciones Unidas, en la que se puede leer que: «Por lo tanto, considerando que han cesado las razones, causas y condiciones que dieron origen a dicha invitación, este Ministerio comunica que da por concluida la invitación y finalizada la visita a partir de hoy, 30 de agosto de 2018».
El informe hecho público este 29 de agosto en Nicaragua fue canalizado, según el Jefe de la Misión de Naciones Unidas en Nicaragua sobre Derechos Humanos, a los quince integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: estos podrían agendar una reunión para discutir la situación en Nicaragua y las medidas a tomar al respecto.
Tratándose de una reunión del máximo órgano político de Naciones Unidas, la reciente decisión adoptada por las autoridades en Managua, objeto de una amplia cobertura en medios de prensa internacionales, podría llevar a adelantar la fecha de esta cita en Nueva York; e incluso, empezar a interesar a otros órganos de Naciones Unidas sobre lo que ocurre en Nicaragua: el Consejo de Derechos Humanos y tal vez también la Asamblea General de Naciones Unidas, pronta a celebrar su sesión anual en Nueva York.
En otro ámbito, desde España se informó este 31 que la Unión Europea (UE) suspendió su programa de cooperación en materia policial con Nicaragua (véase nota de prensa de ElPais).
En Costa Rica, la situación en Nicaragua es observada con suma preocupación: el flujo masivo de nicaragüenses a Costa Rica desde que inició la crisis en Nicaragua (el pasado 18 de abril) dio lugar a una marcha xenófoba el 18 de agosto, la cual fue repudiada por las autoridades y por diversos sectores de la sociedad costarricense.
Remitimos al lector a nuestra nota publicada en el sitio jurídico de DerechoalDia sobre algunas lagunas detectadas en materia de lucha contra la xenofobia y la incitación al odio en Costa Rica, pese a advertencias hechas en el pasado.
