La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) va a presentar a los expertos del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas un informe sobre la situación de los niños y de los adolescentes en México. El documento refleja los vacíos en la aplicación de sus derechos, así como la necesidad de crear un sistema integral que garantice los derechos de la infancia.
De acuerdo con el informe, en el año 2011, diversas instancias gubernamentales reportaron 2000 casos de maltrato infantil. No obstante, en 14.289 (cerca del 68,04 %) se comprobó maltrato, pero a nivel nacional solo se presentaron 1666 denuncias ante el Ministerio Público. Es decir, el castigo corporal continúa siendo un asunto que no se denuncia. Y encima, la mitad de los Estados dejaron de entregar la información consolidada que permitiría integrar datos nacionales.
La poca colaboracion de algunas entidades impide que se tenga información actualizada, ante lo cual, los ultimos datos del Censo Nacional de Población y Vivienda corresponden a 2010 y recogen que, a nivel nacional, no asisten a la escuela 6.079.695 criaturas de entre 3 y 17 años. Ello es debido a la falta de cobertura en preescolar y en educación media superior, pero también a la mala gestión del sistema en zonas urbanas y rurales.
Redim denuncia que la transgresión en sus derechos afecta tanto al aspecto educativo como al entorno de la migración, en donde están expuestos al secuestro, la venta y la trata, así como a la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual y el feminicidio. También hace mención a las secuelas que laceran a la niñez mexicana como consecuencia de la violencia armada de determinadas zonas. Por ello, presentará una agenda emergente para que se atienda el derecho a la integridad personal y a no ser víctima de los delitos mencionados.
Ley integral e internacional
No obstante la situación actual, parece que hay auténtica voluntad a nivel gubernamental de poner en marcha una ley que proteja la infancia, porque a primeros de este mes de septiembre, Presidencia envió al Senado de la República una iniciativa de Ley para que la revisen. Esta iniciativa, con carácter de preferente, deberá ser estudiada en un periodo máximo de 30 días a partir de la fecha en que fue enviada a los legisladores.
Lo que sucede es que su contenido deja bastante que desear, y debe ser mejorado. Ante ello, intelectuales y líderes de opinión han enviado una carta al presidente EnriquePeña Nieto, mostrando su preocupación, y llaman a acabar con el “asistencialismo y la desarticulación de acciones entre la Federación, los Estados y los municipios”, quienes funcionan cada uno por su lado. Los firmantes coinciden en la necesidad de que este proyecto sea acorde con los estándares internacionales con los que México está comprometido.
En este sentido, la carta recuerda que el Estado Mexicano firmó hace 24 años la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989) y con ello adquirió la obligación de proceder un arreglo institucional para garantizarlos. De ahí se deriva el compromiso de crear el Sistema Nacional de Garantía de Derechos de la Infancia, un mecanismo de coordinación que articule a los Secretarios de Estado, poder judicial, poder legislativo y sociedad civil para diseñar política pública dirigida a la infancia. Este Sistema Nacional estaría integrado por un Sistema de Información Único, una Defensoría de los Derechos de la Infancia y un Sistema de Protección Especial.
Juan Martín García, director ejecutivo de Redim, ha expresado la necesidad de poner atención a los detalles relacionados con los mecanismos de participación infantil y de la sociedad civil, así como a la configuración del sistema de información nacional y al presupuesto que se asigne para la implementación de los cambios profundos que demanda dicha ley. Para García, es imprescindible llevar a cabo modificaciones muy significativas, sin las cuales será difícil que la situación de los niños y los jóvenes sea atendida de forma apropiada.
