Once manifestantes detenidos por cargos penales graves en Ciudad de México el 20 de noviembre corren peligro de ser sometidos a un proceso judicial injusto. Todos ellos han denunciado haber sufrido malos tratos y han sido trasladados a prisiones de alta seguridad, en lugares muy apartados, que limitan seriamente sus posibilidades de ponerse en contacto con sus abogados y familiares.
Han sido acusados de asociación delictuosa, intento de homicidio y motín. Las autoridades les negaron durante casi dos días el derecho a acceder a un abogado de su elección. A continuación los enviaron a prisiones de alta seguridad, situadas en lugares muy apartados, que imponen serias restricciones al contacto entre los detenidos y sus abogados y familiares. Todos los detenidos han denunciado que la policía los golpeó y amenazó mientras estaban bajo custodia. Los representantes legales que se reunieron con algunos de los detenidos han declarado que éstos presentaban golpes en la cara, hemorragias en los ojos, y cortes en los brazos.
Estas detenciones, y los cargos penales federales, tuvieron lugar dos días después de que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, advirtiera de que las manifestaciones podían crear «desestabilización» y «desorden social» y atacar el «proyecto de nación».
Los manifestantes exigían una búsqueda urgente, y justicia, para los 43 estudiantes que llevan desaparecidos desde el 26 de septiembre.
Ante el peligro de que los detenidos pudieran ser condenados por unos delitos que no cometieron, Amnistía Internacional (AI) solicita que se escriba a las autoridades instándolas a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e inmediata sobre la presunta detención arbitraria y malos tratos que han sufrido. La investigación debe incluir la realización de exámenes médico forenses que cumplan plenamente las normas internacionales, o permitir que dichos exámenes sean realizados por expertos forenses independientes.
En la carta también se les debe solicitar que proporcione atención médica a los heridos, y que garanticen el proceso debido a todos ellos, lo cual incluye un contacto razonable con abogados y familiares, y un juicio justo. Además, hay que pedirles que respeten plenamente el derecho a la libertad de expresión y asociación de todos los manifestantes, y que investiguen “de manera exhaustiva, inmediata e imparcial”, todos los incidentes de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos.
Las misivas deben ser remitidas antes del 6 de enero del próximo año a:
Presidente de México
- Enrique Peña Nieto Residencia Oficial de «Los Pinos» Col. Chapultepec, México D.F., C.P. 11850, México Fax:00/ 52 55 5093 4901. Correo-e vía sitio web: http://en.presidencia.gob.mx/contacto/ Twitter: @EPN
Procurador General de la República
- Jesús Murillo Karam Procuraduría General de la República Reforma 211-213, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, México Fax: 00 52 55 5346 0908 Correo-e: [email protected] por Twitter: @PGR_mx
A fin de controlar los apoyos, piden que se remita copia al Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Correo-e: [email protected] ) y a la Embajada de México en España:
- Excmo. Sr. Francisco Javier Ramírez Acuña Embajador Extraordinario y Plenipotenciario C/ Carrera de San Jerónimo, 46. 28014 – Madrid E-mail: [email protected]
Qué hacer ante una detención
El organismo de derechos humanos Comité Cerezo ha elaborado un documento con recomendaciones que tratan de proteger a cualquier ciudadano que sea detenido por la policía cuando participe en una marcha o protesta. En el documento informan de que, en México, al ejercer el derecho a la protesta se puede ser objeto de mecanismos y actos de represión política; “si somos conscientes de esta situación, podremos avaluar el riesgo y generar los mecanismos para salvaguardar la integridad física y psicológica de nuestra organización o colectividad con la cual estamos participando”.
Se deben de grabar las agresiones e informar inmediatamente a las asociaciones de derechos humanos y, en caso de presenciar un “encapsulamiento” (cercados por la policía) hay que grabar las imágenes, narrar los hechos y comunicar vía telefónica a cualquier asociación de derechos humanos el lugar y hora en que se produce.
También informan de en qué casos pueden detener a una persona, durante cuánto tiempo, y los derechos de la persona detenida. El documento concluye con información sobre qué hacer ante la violación de derechos humanos.
