La Corte Provincial de Justicia de Napo, Ecuador, ratificó el 12 de noviembre 2020 un fallo de un tribunal de primera instancia contra el periodista Juan Sarmiento, condenado a diez días de prisión y a pagar cien dólares y pedir disculpas públicas al gobernador de la provincia de Napo, Patricio Espíndola, quien lo había denunciado por daño moral y emocional.
El abogado de Sarmiento presentó un recurso de impugnación de la sentencia, y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP¹) expresó este 25 de noviembre de 2020 preocupación por la falta de resolución de la Justicia de Ecuador al ratificar la condena y no corregir el fallo inicial de cárcel y multa contra un periodista, pese a que el gobernador demandante había renunciado a petición del presidente de Ecuador, Lenín Moreno.
«Es una contradicción que un periodista enfrente una condena de cárcel por informar sobre temas de interés público, cuando por el contrario el asunto debería ser tomado como una alerta para corregir problemas», señala la SIP.
El periodista Juan Sarmiento venía criticando en su portal Tendencia Digital y en las redes sociales al gobernador Patricio Espíndola por su mala gestión durante la emergencia sanitaria por la COVID-19.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, subrayó: «Nos sorprendió el fallo porque nos retrotrae a horas oscuras de América Latina, en las que prevalecía el desacato, ese recurso que las autoridades usaban para protegerse de las críticas enviando a los periodistas a la cárcel».
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, expresó que «precisamente este caso evidencia la necesidad de que se despenalice la difamación en Ecuador, para evitar que el castigo de cárcel inhiba al periodismo a seguir cumpliendo su papel fiscalizador en la sociedad».
Jornet, director del diario La Voz del Interior, Córdoba, Argentina, se refirió a la Declaración de Chapultepec, firmada en febrero de 2019 por el presidente Moreno, que señala que «ningún periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público», principio también recogido por la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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