Ileana Alamilla[1]
Desde hace más de dos décadas la Unesco, expertos y entidades especializadas en la materia han venido abordando el tema de la seguridad de los periodistas que trabajan en zonas peligrosas, bajo el supuesto de la necesidad de tener una prensa libre, pluralista e independiente, como base de una sociedad democrática.
La condena de los asesinatos, ataques, amenazas, acoso, intimidación y cualquier otra forma que pretenda o intente coartar la libertad de emisión del pensamiento, de expresión, de opinión y de prensa, así como el derecho a la información, constituyen reivindicaciones irrenunciables y son preocupaciones gremiales.
Se ha solicitado a los Estados miembros de la ONU que apoyen el plan de acción de Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad que hizo suyo la junta de los jefes ejecutivos del sistema de la ONU el 12 de abril de 2012, que busca garantizar la libertad de expresión. La llamada también ha sido para que se “cree un entorno jurídico e institucional seguro para que los periodistas puedan informar” y garanticen “que los crímenes contra periodistas y medios de comunicación estén sujetos a investigaciones y enjuiciamientos independientes, rápidos y eficaces”. Para este efecto se señala que la cooperación interestatal es indispensable.
A los periodistas, Unesco les ha instado a dar una “amplia cobertura de los crímenes contra la profesión, en particular cuando estos queden impunes…”, y ha alentado a “continuar monitoreando la seguridad de los periodistas” que es de alta prioridad.
También es fundamental el llamado a promover la sensibilización de los funcionarios públicos y sociedad civil sobre el derecho humano de la libertad de expresión y de prensa.
El 21 de septiembre de 2012 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, integrado por 47 miembros, aprobó una resolución sobre la importancia de la seguridad de los periodistas, donde subraya la necesidad de mejorar la cooperación y coordinación en el plano internacional, para garantizar la seguridad de dichos trabajadores de la prensa.
Ese mismo año, en Ginebra, en el marco del Examen Periódico Universal, el Gobierno de Guatemala ratificó su decisión expresada desde 2011 por el presidente Otto Pérez de impulsar un programa de protección a periodistas.
Dicho documento fue firmado en noviembre de 2013 y este mes lo empezó a poner en práctica, con la instalación de una mesa técnica que tendrá la tarea de dar vida a la iniciativa.
Para este propósito, se propuso a quien esta columna escribe para hacerse cargo de la coordinación de la citada mesa, propuesta que fue respaldada por unanimidad por todos los integrantes de la misma.
Convencida de la necesidad de contar con un mecanismo ágil, efectivo y eficaz que contribuya a atenuar los riesgos que corren los periodistas guatemaltecos, especialmente en el área rural, así como la necesidad de priorizar la prevención, y garantizar la protección, considero que la adopción de un programa de protección es un legítimo derecho de los trabajadores de la información en nuestro país.
Debido a mi función periodística, las corresponsalías que desempeño de entidades internacionales de protección a periodistas y de algunos medios, así como la responsabilidad que ostento en el observatorio de los periodistas y a la intención de optar a un cargo internacional, decidí no aceptar el ofrecimiento.
Ratifico la urgente necesidad de prevenir y proteger a los periodistas, especialmente a los que ejercen en los departamentos.
- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, fallecida en enero de 2018.
