Reporteros Sin Fronteras (RSF) valora en un comunicado una nueva resolución sobre la seguridad de los periodistas adoptada por consenso este 21 de noviembre de 2014 por la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, y pide que se nombre un asesor especial del Ssecretario General para asegurarse de que se aplique de forma eficaz.
La Asamblea General deberá aprobar de forma definitiva, el próximo diciembre, esta nueva resolución, que ha sido propuesta por Francia, Grecia, Austria, Argentina, Costa Rica y Túnez y copatrocinada por más de 80 países.
La resolución contiene avances similares a los de resolución de la Asamblea General sobre el mismo asunto aprobada el año pasado, pero va más allá en varios puntos, por ejemplo, en la rango de abusos contra periodistas identificados como tales, en la lucha contra la impunidad de los crímenes contra periodistas y en la vigilancia de sus comunicaciones.
El secretario general de RSF, Christophe Deloire, señala que «las resoluciones internacionales que se están adoptando se encaminan en la misma dirección, al menos en el papel, es decir, hacia una mayor seguridad para los periodistas», pero señala que «la realidad sobre el terreno no ha cambiado. Los periodistas siguen siendo vulnerables y todavía están en la mira por sus informaciones. Un total de cincuenta y nueve periodistas han sido asesinados desde el inicio del año. Los gobiernos tienen que dar cuenta de sus esfuerzos concretos para proteger a los periodistas y combatir la impunidad».
«Los informes anuales del Secretario General de las Naciones Unidas y de la UNESCO sobre la seguridad de los periodistas proporcionan una visión general, pero tenemos que ir mucho más lejos», añade Deloire: «Hacemos un llamamiento para que se nombre a un asesor especial del secretario general que supervise si los gobiernos están cumpliendo con las obligaciones en esta materia».
Siguiendo la estela de la resolución adoptada el 18 de diciembre de 2013, la nueva resolución reafirma el concepto de periodismo como una actividad que está evolucionando y ahora incluye no sólo a los periodistas profesionales, sino también a «individuos privados y una amplia gama de organizaciones que buscan, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, tanto online como fuera de la Red».
Se reafirma la obligación de proteger a los periodistas, en tiempos de guerra y también en período de paz, y hace hincapié en la necesidad de «crear y mantener, en la legislación y en la práctica, un entorno seguro y propicio para los periodistas», así como para emprender «una investigación imparcial, pronta, exhaustiva, independiente y eficaz» en los ataques contra los periodistas y otros proveedores de noticias.
La resolución enumera todas las violaciones de los derechos humanos y los abusos que constituyen una amenaza para la seguridad de los periodistas, y no sólo el asesinato, la tortura y la desaparición forzada, sino también «el arresto y la detención arbitraria, la expulsión, la intimidación, el acoso, las amenazas y otras formas de violencia».
Se refuerzan las obligaciones de los gobiernos de luchar contra la impunidad, mencionada en el panel del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de junio de 2014 sobre la seguridad de los periodistas -en la que los relatores especiales criticaron la falta de voluntad política por parte de los gobiernos-; se señala que los ataques contra los periodistas están en el ascenso y se describe la lucha contra la impunidad como el «mayor desafío» para la seguridad de los periodistas.
El apartado 8 insta a los gobiernos a cooperar con la UNESCO de «forma voluntaria» y para compartir información acerca de las investigaciones sobre los ataques contra periodistas, mientras que el párrafo 7 se refiere a las buenas prácticas identificadas en la resolución del Consejo de Derechos Humanos de 25 de septiembre de 2014.
Al igual que en la del Consejo de Derechos Humanos, la resolución de este 21 de noviembre incide en «la especial vulnerabilidad de los periodistas para convertirse en objeto de vigilancia o intercepción de las comunicaciones, lo que viola su derechos a la intimidad y a la libertad de expresión».
También pide la liberación de todos los periodistas que están secuestrados o son víctimas de desapariciones forzadas, y dice que no sólo los periodistas, sino también a sus familias deben recibir una compensación por los actos violentos.
La creación del cargo de asesor especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas fue una de las recomendaciones sobre la seguridad de los periodistas que RSF publicó el 14 de septiembre.
El 2 de noviembre, Día Internacional contra la Impunidad de los Delitos contra Periodistas, RSF llamó la atención sobre diez casos emblemáticos de impunidad con la finalidad de implicar a los ciudadanos de a pie en general, así como aumentar la presión sobre los gobiernos para que lleven a los responsables de estos crímenes ante la justicia.
