Un grupo de seis asociaciones y oenegés, entre las que se encuentran Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), han apelado a la intervención del Consejo de Estado francés para que el Gobierno ponga fin a los «controles discriminatorios» (conocidos como controles faciales) que lleva a cabo la policía.
En enero pasado, AI y HRW se habían dirigido al gobierno conservador de Emmanuel Macron, con la misma solicitud, sin obtener respuesta. En la demanda actual se les han unido las asociaciones de defensa de los derechos humanos Open Society Justice Inititive, Casa comunitaria para un desarrollo solidario (MCDS), Pazapas y la Red Igualdad, Antiscriminación, Justicia Interdisciplinar (REAJI), para pedir que se aplique la ley de 2016 «de modernización de la justicia del siglo XXI», que a priori obliga a las autoridades a dejar efectuar el control facial «estigmatizante, humillante y degradante, para todas las personas que lo sufren en Francia».
«Hoy, cuando uno tiene un color de piel que no es blanco está mucho más controlado (…) una práctica humillante, degradante –escriben las oenegés- Los controles basados en características físicas de la persona asociadas a su origen, supuesto o real, están prohibidos por el derecho internacional».
Para los abogados que han presentado la denuncia en nombre de las oenegés, «el estado podría al menos reaccionar, mostrar un poco de compasión con las numerosas víctimas». En cambio, lo que hay es «un silencio total que lamentan las organizaciones, especialmente doloroso para quienes padecen a diario este tipo de discriminación insoportable», escribe HRW en su comunicado.
Las organizaciones demandantes reclaman también una modificación del código penal para «prohibir explícitamente la discriminación en los controles de identidad» así como una modificación en las directrices de formación de la policía, entre otras cosas en lo relativo a sus interacciones con la gente: «Vivimos en un sistema que ha dejado que este tipo de prácticas se instalen y se extiendan».
