Ileana Alamilla[1]
La sabiduría popular hay que valorarla. Ni la prepotencia ni la soberbia son buenas consejeras, no hay que actuar precipitadamente ni en momentos de euforia, pues le puede salir a uno el tiro por la culata: “Hay que tener conectado el cerebro a la lengua” dice un refrán. Las ofensas, las descalificaciones, los intentos de denigrar a quienes no piensan como uno, tienen riesgos.
El llamado Juicio del Siglo, que motivó enorme interés nacional e internacional, desnudó una serie de falencias de nuestro sistema judicial. Quienes tienen en sus manos la aplicación de justicia, deben analizar con urgencia qué hacer para enderezar ese entuerto. Juezas que olvidaron que la justicia es imparcial. Tribunales de alzada que se hicieron los desentendidos con los recursos que debían resolver. Magistrados de la Suprema que viven allá arriba sin preocuparse del camino torcido que lleva la justicia. Magistrados de la CC que no resolvieron a tiempo y cuyos fallos son sometidos a agrias críticas. Magistrados de las Salas de Apelaciones, más de 60, que encontraron excusas para no exponerse a los ataques. Abogados defensores que sólo se preocuparon de empantanar el juicio con marrullerías.
El Ministerio Público, con su caso paradigmático supuestamente fundamentado en estudios y tesis académicas, que llegó a olvidar su obligación de vigilar el cumplimiento del debido proceso y se centró en actuar mancomunadamente con los querellantes adhesivos.
Pero lo peor, un dramático perjuicio para las víctimas que se sienten burladas porque su valentía al enfrentar su horroroso pasado no tuvo como contrapartida una justicia pronta y cumplida.
Las violaciones flagrantes a los derechos humanos, los crímenes abominables fueron una realidad. ¿Será que si se hubieran tipificado como delitos de lesa humanidad y no como genocidio el resultado habría sido el mismo?
Esa parafernalia y la imprudencia prepotente llevaron al señor Dall’Anese a extralimitarse en su mandato y a intentar desprestigiar a 12 personas, cuyo pecado fue publicar un comunicado externando su opinión. Se ensañó con cuatro, a quienes intentó denigrar advirtiendo que perdían la confianza de la comunidad internacional, señalamiento que de inmediato fue rebatido en privado por varios diplomáticos que involucró en su aturdimiento.
No tuvo esa actitud con el diluvio de posicionamientos que llegaron de varios países ordenándole a los tribunales guatemaltecos cómo resolver y advirtiendo a los juzgadores que estaban vigilantes de su proceder.
Hoy que se sabe que se va, le están lloviendo las críticas y no sólo por ese absurdo intento de censurar la libertad de expresión. Se le señala que nunca se pronunció sobre el litigio malicioso ni sobre los errores en que estaba incurriendo el Tribunal que conoció el caso.
Se le reprocha que no deje aportes al país, que su gestión no alcanzó logros, que se dedicó a pelear con el Organismo Judicial, a descalificar y acusar a jueces que no resolvieron como él quería, que se le cayeron los procesos.
Dos abogadas a las que despidió, una que estaba embarazada, le han ganado la batalla legal y lo acusan de estar recurriendo a procedimientos que él cuestiona en otros para entorpecer procesos.
El actual comisionado se irá teniendo en su haber, según conocedores, 21 casos con magros resultados y procesos colapsados. Nosotros nos quedamos con la misma impunidad. Pero seamos positivos, recuperemos cuanto antes el espíritu y el mandato para lo que se estableció la Cicig, tan pronto como se vaya Dall’Anese.
- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, fallecida en enero de 2018.
