A doce años de la publicación del llamado ‘Cablegate’, los principales medios que divulgaron la filtración de 251.000 cables confidenciales del Departamento de Estado de EEUU exigen al Gobierno estadounidense que retire los cargos contra Julian Assange, informa RT.
Mediante una carta, The New York Times, The Guardian, Le Monde, El País y Der Spiegel consideraron que hay que poner punto final al enjuiciamiento de Assange porque «publicar no es un delito».
En ese sentido, destacan que el ‘Cablegate’ «reveló corrupción, escándalos diplomáticos y asuntos de espionaje a escala internacional», y sirvió como una fuente invaluable para periodistas e investigadores que, aún hoy, siguen utilizando ese «tesoro único de documentos».
La contribución, no obstante, le ha costado al activista la persecución, su actual reclusión en una cárcel de máxima seguridad en Reino Unido y la posibilidad de ser extraditado a EEUU para ser enjuiciado por delitos que acarrearían una pena de 175 años de prisión.
«Nos reunimos ahora para expresar nuestras graves preocupaciones sobre el enjuiciamiento continuo de Julian Assange por obtener y publicar materiales clasificados», apuntan los editores de medios tras hacer una recopilación del calvario judicial sufrido por el fundador de WikiLeaks.
En esa línea, recuerdan que la administración de Barack Obama –en la que Biden fue vicepresidente– se abstuvo de acusar a Assange, «a pesar de sus incómodas consecuencias», pero que durante la gestión de Donald Trump, la situación cambió, porque el Departamento de Justicia usó la antigua Ley de Espionaje de 1917 –que enjuiciaba a presuntos espías durante la Primera Guerra Mundial– para justificar el caso contra Assange, a pesar de que esa normativa «nunca se ha utilizado para enjuiciar a un editor o locutor», recalcan los medios.
La acusación vigente sienta un «precedente peligroso» que podría socavar la libertad de prensa en EEUU, insisten en la misiva, por lo que instan al actual Gobierno a poner fin «al enjuiciamiento de Julian Assange por publicar secretos».
El grupo de editores sostiene que la divulgación de información sensible es una parte «central» del trabajo diario de los periodistas, por lo que criminalizar esa práctica solo conduce al debilitamiento de las democracias.
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