La semana anterior se llevó a cabo la cumbre NetMundial, en Sao Paulo, en la que se abordaron aspectos relativos a la gobernanza en internet, un tema de actualidad que despertó el interés de gobiernos que se vieron afectados por el atrevimiento de Estados Unidos de espiar a sus altas autoridades, revelación que tampoco fue una novedad, sabiendo de las estrategias internacionales de dominio geopolítico.
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, impulsora del encuentro, dijo que ningún país debe tener más peso que otro en el manejo de internet y demandó participación de los países en desarrollo en dicha administración, refiriéndose a las acusaciones de la hegemonía que sobre tal instrumento de poder tiene Estados Unidos, que por razones históricas, según se dijo, alberga los principales organismos que administran las direcciones, dominios, normas y protocolos de la web.
La declaración final, alcanzada por consenso, refiere que la gobernanza debe ser inclusiva y transparente, permitiendo la participación de múltiples actores; condena la vigilancia masiva y arbitraria; el objetivo debe ser establecer una red global, estable, flexible, descentralizada, segura e interconectada, disponible para todos, y sus estándares tienen que ser consistentes con los derechos humanos.
Al final, el documento recibió aplausos y abucheos. Para algunas organizaciones de la sociedad civil, la condena a la vigilancia masiva es muy débil y el texto final no asegura las garantías del debido proceso, lo que podría socavar el derecho a la libertad de expresión y la privacidad, además de que no establece un equilibrio de poder e influencia entre los diferentes grupos de interés.
“La explosión tecnológica en la comunicación tiene gran potencialidad y gran peligro a la vez. El resultado depende de decisiones vitales de dónde y por quién se tomen. Por tanto, es urgente organizar el proceso de toma de decisiones en forma participativa con base en una conciencia plena del efecto social de diferentes alternativas”.
“La concentración de la tecnología de las comunicaciones en un número relativamente pequeño de países desarrollados y corporaciones transnacionales ha conducido a situaciones de monopolio virtual en este campo. Para contrarrestar estas tendencias se requieren medidas nacionales e internacionales, entre ellas la reforma de las leyes de patentes y las convenciones existentes, la legislación apropiada y los acuerdos internacionales”.
Las anteriores son citas del Informe MacBride, que generó una gran polémica en el siglo pasado, al grado que Estados Unidos y Gran Bretaña se retiraron de la Unesco, con todo y sus recursos, al conocer su aprobación y el respaldo que brindó a las recomendaciones de sus integrantes, entre quienes se encontraba Gabriel García Márquez, quien, junto al chileno Juan Somavia, entre sus comentarios finales sentenciaron: “En varias partes del Informe hay una tendencia a ‘glorificar’ las soluciones tecnológicas a los problemas de la comunicación contemporánea. Queremos subrayar que la promesa tecnológica no es neutral, ni libre de valores. Las decisiones tomadas en este campo tienen implicaciones políticas y sociales enormes. Cada sociedad debe desarrollar los instrumentos necesarios para hacer una evaluación de las elecciones alternativas y su efecto”.
Como se ve, la discusión es la misma, antes y ahora, lo que cambia en nuestra realidad actual es que los viejos problemas de inequidad viajan por nuevos y modernos vehículos, manejados por los mismos.
