El Tribunal del distrito de Bostandyk, en Almaty, impuso a la antigua directora del medio independiente Orda una pena de ocho años por varios delitos, entre ellos difusión de información falsa. La condena a Gulnara Bazhkenova queda aplazada durante dos años por tener un hijo menor, pero le prohíbe ejercer el periodismo durante cinco años.
La periodista Gulnara Bazhkenova, antigua directora del medio digital independiente Orda, fue condenada el dieciocho de agosto por el Tribunal del distrito de Bostandyk, en Almaty, según informó la Federación Internacional de Periodistas (FIP).
El tribunal la declaró culpable de difusión de información falsa, apropiación indebida y actividad empresarial ilegal. La sentencia establece ocho años de prisión, aunque aplaza durante dos años el cumplimiento de la pena debido a que la periodista tiene un hijo menor.
Además, Bazhkenova no podrá ejercer el periodismo ni ocupar puestos directivos en organizaciones de medios de comunicación durante cinco años.
La FIP y su organización afiliada en el país, la Federación de Periodistas por la Igualdad de Kazajistán, consideran que las autoridades están utilizando disposiciones penales especialmente restrictivas para silenciar al periodismo independiente.
La condena a Gulnara Bazhkenova y el proceso contra Orda
Bazhkenova permanecía bajo arresto domiciliario desde diciembre de 2025. Agentes armados habían registrado su domicilio y las oficinas de Orda, mientras varios trabajadores del medio fueron retenidos para ser interrogados.
Según la FIP, durante los registros las autoridades se incautaron de dispositivos electrónicos y de dinero destinado al pago de salarios. Los abogados de Orda tampoco pudieron acceder a las dependencias mientras se desarrollaba la operación.
La investigación comenzó a partir de varias denuncias por la presunta difusión de información falsa. Los registros se produjeron después de que el medio comunicara haber sufrido durante meses amenazas, ataques informáticos e intentos de acceso ilícito a sus sistemas.
En diciembre de 2025, una coalición integrada por nueve organizaciones de derechos humanos denunció que las autoridades kazajas habían intensificado sus actuaciones contra periodistas y medios independientes. Las entidades también señalaron posibles irregularidades procesales durante el registro de Orda y la detención de su directora.
El abogado de la periodista perdió su licencia
El proceso también afectó al abogado de Bazhkenova, Murat Adam, quien perdió su licencia profesional después de criticar públicamente los registros policiales y denunciar posibles vulneraciones de garantías judiciales.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, integrado por la Organización Mundial contra la Tortura y la Federación Internacional de Derechos Humanos, consideró que la retirada de la licencia podía constituir una represalia por su trabajo de defensa.
Relatores y expertos de Naciones Unidas también trasladaron al Gobierno de Kazajistán su preocupación por el procedimiento contra la periodista y por la inhabilitación de su abogado.
Las organizaciones firmantes sostienen que estas actuaciones forman parte de un patrón de hostigamiento judicial dirigido a dificultar la actividad de los medios que investigan asuntos de interés público.
Una sentencia dictada antes de las elecciones
El fallo contra Bazhkenova se conoció cinco días antes de las elecciones parlamentarias del veintitrés de agosto, las primeras destinadas a constituir el nuevo Parlamento unicameral de Kazajistán, denominado Kurultai.
La Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE concluyó que los comicios estuvieron técnicamente preparados, pero se celebraron en un contexto carente de pluralismo político y con un espacio limitado para los medios independientes.
Los observadores internacionales señalaron que el mercado informativo kazajo está dominado por el Estado mediante la propiedad directa y un sistema de subvenciones poco transparente. También advirtieron de que las detenciones y presiones contra periodistas independientes generan autocensura.
La misión electoral de la OSCE citó expresamente las normas contra la «difusión deliberada de información falsa» entre las disposiciones penales y administrativas que restringen el ejercicio de la libertad de expresión.
La FIP informó asimismo de procesos contra otros profesionales y medios. En julio, un tribunal del distrito de Almaly impuso penas de prisión al director de la agencia KazTag, Aset Matayev, y a otro responsable editorial por negligencia y difusión consciente de información falsa.
La FIP reclama la retirada de los cargos
La Federación de Periodistas por la Igualdad de Kazajistán considera que la severidad de la condena y la prohibición de ejercer crean «un precedente extremadamente peligroso» para el sector. La organización ha pedido a los tribunales superiores que revisen el fallo.
Por su parte, la FIP reclama a las autoridades kazajas que retiren los cargos, anulen la prohibición profesional y garanticen que los periodistas puedan informar sin censura ni hostigamiento judicial.
La condena no solo afecta a la situación personal de Bazhkenova. La prohibición de ejercer y la aplicación de tipos penales imprecisos contra quienes publican informaciones críticas pueden reducir el acceso de la ciudadanía kazaja a fuentes independientes y limitar la fiscalización pública de las instituciones.
