Los intereses geoestratégicos y empresariales eclipsan los abusos contra los derechos humanos.
La actitud de Estados Unidos, Alemania y otros países de la Unión Europea que siguen sin ver la tortura endémica en Uzbekistán garantiza que continuarán terribles abusos, afirma Amnistía Internacional en el informe, titulado «Secrets and Lies: Forced confessions under torture in Uzbekistan», que revela el «papel central» de la tortura y otros malos tratos en el sistema de justicia uzbeko y la represión por el gobierno de cualquier grupo al que perciba como una amenaza para la seguridad nacional.
Asimismo, advierte que la policía y las fuerzas de seguridad recurren con frecuencia a la tortura para obtener confesiones, intimidar a familias enteras o como amenaza para exigir sobornos.
«Es un secreto a voces que en Uzbekistán, todo el que pierda el favor de las autoridades puede ser detenido y torturado. Nadie puede escapar de los tentáculos del Estado», afirmó John Dalhuisen, director del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional, en la presentación del informe en Berlín.
«Lo que es vergonzoso es que muchos gobiernos, incluido el de Estados Unidos, hagan caso omiso de terribles torturas, aparentemente por miedo a incomodar a un aliado en la guerra contra el terror. Otros gobiernos, como el de Alemania, parecen más preocupados por las oportunidades de negocio y por no remover las aguas», añadió.
La «paciencia estratégica»
Próximo el décimo aniversario de la matanza de cientos de manifestantes ocurrida en Andiyán en mayo de 2005, el informe de Amnistía Internacional pone de relieve cómo los gobiernos de Estados Unidos y de la UE, incluido el de Alemania, han antepuesto sus intereses de seguridad, políticos, militares y económicos a cualquier acción significativa para presionar a las autoridades de Uzbekistán a fin de que respeten plenamente los derechos humanos y pongan fin a la tortura.
Las sanciones impuestas por Europa a Uzbekistán después de la matanza de Andiyán de 2005 se levantaron en 2008 y 2009, revocándose las prohibiciones de viajar y permitiendo que se reanudasen las ventas de armas a pesar de que nadie rindió cuentas por la matanza.
La última vez que los ministros de Asuntos Exteriores de la UE incluyeron en su agenda la situación de los derechos humanos en Uzbekistán fue en octubre de 2010. Alemania en concreto mantiene estrechos lazos militares con Uzbekistán. En noviembre de 2014, renovó el arrendamiento de una base aérea en Termez para dar apoyo a las tropas alemanas en Afganistán. El 2 de marzo de 2015, Alemania y Uzbekistán acordaron una inversión de 2.800 millones de euros y un paquete de medidas comerciales.
Estados Unidos
En enero de 2012, el gobierno estadounidense suspendió las restricciones a la ayuda militar a Uzbekistán impuestas en 2004 debido en parte a la situación de los derechos humanos en el país. Este año, la relación militar entre los dos países se fortaleció de forma significativa con la implementación de un nuevo plan quinquenal para la cooperación militar.
En diciembre de 2014, la secretaria de estado adjunta para Asia Central, Nisha Biswal, dijo que Washington ejercía una «paciencia estratégica» en sus relaciones con Uzbekistán.
«La actitud de los socios internacionales de Uzbekistán ante el uso habitual de la tortura parece, en el mejor de los casos, ambivalente, y en el peor, silenciosa hasta la complicidad. Estados Unidos califica sus relaciones con Uzbekistán de política de «paciencia estratégica», pero quizá sea más adecuado calificarla de tolerancia estratégica. Estados Unidos, Alemania y la UE deben exigir inmediatamente que Uzbekistán corrija sus errores y ponga fin a la tortura», dijo John Dalhuisen.
El informe de Amnistía Internacional está elaborado a partir de más de 60 entrevistas efectuadas entre 2013 y 2015, y de datos reunidos a lo largo de 23 años. Revela el uso de celdas de tortura insonorizadas con paredes acolchadas por la policía secreta, el Servicio de Seguridad Nacional de Uzbekistán (SNB), y documenta el uso continuo de celdas de tortura clandestinas en las comisarías de policía.
La policía y la policía secreta usan técnicas terribles, como la asfixia, la violación, las descargas eléctricas, la exposición a frío y calor extremos, y la privación de sueño, comida y agua. El informe documenta asimismo palizas prolongadas y minuciosas a manos de grupos, incluidos otros reclusos.
Las fuerzas de seguridad actúan contra familias enteras
El informe documenta el uso generalizado de la tortura y otros malos tratos, entre cuyas víctimas figuran críticos del gobierno, grupos religiosos, trabajadores migrantes y empresarios.
En ocasiones las autoridades actúan también contra la familia extensa de la víctima. Zuhra, exdetenida, contó a Amnistía Internacional que las fuerzas de seguridad actuaron contra toda su familia, la mayoría de cuyos miembros siguen hoy detenidos.
Zuhra debía acudir periódicamente a la comisaría de policía local, donde fue detenida y golpeada para castigarla por pertenecer a una «familia extremista» y obligarla a revelar el paradero de varios parientes varones o incriminarlos. Contó: «No existe la paz en nuestra casa. Cuando nos levantamos por la mañana, si hay un coche aparcado delante de nuestra puerta, se nos acelera el corazón. Ni siquiera quedan nietos.»
Brutalidad arbitraria
Nuevos testimonios recibidos por Amnistía Internacional denuncian el uso institucionalizado de la tortura y otros malos tratos para obtener confesiones y pruebas inculpatorias contra otros detenidos. A menudo se juzga a las personas basándose en pruebas obtenidas bajo tortura. Los jueces piden sobornos para imponer penas benignas y la policía y la policía secreta usan la amenaza de la tortura para obtener enormes cantidades de dinero de detenidos y presos.
El empresario turco Vahit Güneş fue acusado de cometer los delitos económicos de evasión fiscal y relación con un movimiento islámico prohibido, cargos cuya veracidad niega. Estuvo retenido diez meses en un centro policial secreto, donde dice que lo torturaron hasta que firmó una confesión falsa. Lo volvieron a torturar cuando la policía secreta quiso extorsionar varios millones de dólares estadounidenses a su familia a cambio de su libertad.
La respuesta que recibió cuando pidió un abogado ilustra el carácter injusto y arbitrario del sistema de justicia de Uzbekistán: «Uno de los funcionarios dijo: ‘Vahit Güneş, cálmate. En toda la historia del SNB no han traído a nadie aquí que haya sido declarado inocente y puesto en libertad. A todo el que traen lo declaran culpable.
Vahit Güneş describió las condiciones deshumanizadoras, la intimidación psicológica, las palizas y la humillación sexual de la detención: «Dejas de ser un ser humano. Allí te asignan un número. Tu nombre ya no sirve allí. Yo, por ejemplo, tenía el 79. Allí ya no era Vahit Güneş, era ‘el 79’. No eres un ser humano. Te conviertes en un número.»
Tortura sin tregua desde 1992
Aunque la tortura está prohibida en la legislación de Uzbekistán, rara vez es castigada. Incluso las propias cifras del gobierno muestran la escala de la impunidad para la tortura: sólo 11 policías han sido declarados culpables en aplicación de la legislación uzbeka entre 2010 y 2013. Durante este periodo, se registraron oficialmente 336 denuncias de tortura, de las que sólo se enjuiciaron 23 y seis fueron sometidas a juicio.
Para empeorar las cosas, las autoridades encargadas de investigar esas denuncias suelen ser las mismas que son acusadas de tortura, lo que limita gravemente la probabilidad de que se haga justicia a las víctimas y de que éstas reciban una reparación.
Amnistía Internacional pide al presidente Islam Karimov que condene públicamente el uso de la tortura. Además, las autoridades deben establecer un sistema independiente de inspección de todos los centros de detención y garantizar que no se usan nunca ante los tribunales las confesiones y otras pruebas obtenidas bajo tortura u otros malos tratos.
