Venezuela: SNTP lidera campaña para liberar a periodistas presos y frenar la autocensura

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) ha vuelto a situar el foco sobre el deterioro de la libertad informativa en Venezuela. En una acción simbólica celebrada en la Casa Nacional del Periodista de Caracas, la organización desplegó un enorme cartel con los rostros de veinte reporteros y trabajadores de medios encarcelados, reclamó su excarcelación inmediata y alertó de que la represión gubernamental obliga a las redacciones a practicar autocensura para sobrevivir.

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Movilización por la libertad de periodistas encarcelados en Venezuela ©SNTP 4JUL2025

El acto, convocado conjuntamente con el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y el Círculo de Reporteros Gráficos, forma parte de una campaña permanente del SNTP que denuncia el uso «ilegal y arbitrario» de las leyes antiterroristas como herramienta para acallar la crítica y criminalizar la cobertura de asuntos de interés público.

«El periodismo se hace con valentía, con compromiso y con una profunda conciencia ciudadana. Pero en Venezuela la valentía ha sido castigada, el compromiso con la verdad ha sido encarcelado y la conciencia está siendo perseguida», subrayó el secretario general del SNTP, Marco Ruiz, durante la comparecencia.

A su juicio, el Ejecutivo ha instaurado «una política de intimidación y censura» que combina detenciones, procesos penales y hostigamiento digital para generar un clima de miedo en las redacciones

Cifras que retratan la censura

El sindicato cifró en cuarenta los comunicadores y empleados de prensa actualmente judicializados: veinte permanecen privados de libertad, doce están sometidos a medidas cautelares —que incluyen la prohibición de declarar o el régimen de presentación periódica ante tribunales— y otros ocho enfrentan interrogatorios o tratan de eludir órdenes de aprehensión.

Las víctimas de esta ofensiva proceden de todo el arco mediático: desde radios comunitarias a portales digitales de investigación, pasando por fotoperiodistas que cubren protestas y periodistas de provincias cuyo trabajo incomoda a caciques locales.

El SNTP recuerda que estas cifras no recogen la dimensión real del fenómeno, porque «muchos han tenido que exiliarse para seguir informando, otros lo hacen desde la clandestinidad y el resto tiene miedo, pero sigue contando».

De acuerdo con el comunicado difundido por el sindicato, la represión es hoy «sistemática y selectiva», y se extiende a colaboradores, fuentes e incluso familiares de los comunicadores afectados.

Detenciones ejemplarizantes y autocensura preventiva

Los nombres incluidos en la pancarta —entre ellos los de Gabriel González, Carlos Julio Rojas y Rory Branker— ilustran un patrón: arrestos sin orden judicial, largos periodos de incomunicación, acusaciones genéricas de «instigación al odio» o «terrorismo» y traslado a centros de reclusión como El Helicoide, donde los abogados denuncian torturas y retardo procesal.

El SNTP sostiene que estas prácticas no sólo vulneran las garantías constitucionales, sino que envían un mensaje intimidatorio a las salas de redacción.

En ese contexto, define como autocensura «la otra cara» de la ofensiva gubernamental. Numerosos medios han suprimido secciones de política o derechos humanos y restringido coberturas en zonas mineras y fronterizas. «El objetivo del poder —denunció Ruiz— es que el ciudadano no tenga acceso a información vital para ejercer sus derechos políticos y sociales», una estrategia que, en su opinión, se agudiza a medida que se aproximan los comicios regionales y parlamentarios de 2025.

Respuesta de la sociedad civil

La protesta del 4 de julio congregó a familiares de los periodistas encarcelados, representantes de oenegés de derechos humanos, líderes religiosos y colectivos vecinales. Todos coincidieron en la importancia de mantener viva la campaña y trasladar el caso a instancias internacionales.

El sindicato ha remitido ya informes actualizados a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU.

Además del despliegue del cartel, los convocantes anunciaron la puesta en marcha de una colección gráfica itinerante que recorrerá universidades y sedes sindicales para difundir los casos y recoger firmas. En paralelo, se lanzó la etiqueta #LibertadPeriodistasVzla en la red social X, con la que el SNTP aspira a mantener la presión tanto dentro como fuera del país.

Más allá de las rejas: medidas cautelares y exilio

Los detenidos son sólo la punta del iceberg. El SNTP subraya que las medidas cautelares actúan como una forma de control social menos visible, pero igual de efectiva. «Quien debe presentarse cada quince días ante un tribunal o confirmar su domicilio al Sebin no puede investigar con libertad», sostiene el comunicado.

La misma lógica se extiende al bloqueo selectivo de portales y a las multas astronómicas impuestas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a emisoras de radio críticas.

Frente a ello, el sindicato reclama una reforma integral del marco legal que garantice la libertad de expresión y que derogue los artículos que permiten imputar delitos de terrorismo a profesionales de la información. «Mientras la antorcha de la censura esté encendida, ningún periodista estará a salvo», advierte la organización.

Próximos pasos

El SNTP prevé intensificar las acciones de calle conforme se acerque la campaña electoral y no descarta solicitar la mediación de la Unión Europea y del sistema interamericano. Entre las iniciativas anunciadas figuran talleres de autoprotección digital para reporteros, una base de datos sobre agresiones y la promoción de un protocolo de atención psicológica a familiares de periodistas detenidos.

Para los profesionales venezolanos, la libertad de sus colegas es también la libertad de la ciudadanía a estar informada. Como resumió Ruiz al término del acto: «Sin periodismo no hay democracia, y sin democracia no hay futuro». Palabras que, en un país acostumbrado a la resiliencia, resuenan hoy con una urgencia renovada.

Con esta campaña, el SNTP no sólo exige la excarcelación de veinte nombres concretos: plantea la necesidad de desmantelar un sistema de intimidación estructural cuyo efecto más pernicioso es el silencio. Y recuerda que, aun tras los barrotes, la noticia sigue viva.

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