El Departamento de Estado de Estados Unidos, en su informe anual detallado sobre la situación de los derechos humanos en numerosos países en 2021, señala que la tortura y el trato degradante por parte de las fuerzas de seguridad prosigue en Marruecos y el Sahara.
El informe añade que las investigaciones de violaciones por parte de las fuerzas policiales «carecen de seguridad». Del mismo modo cita que las investigaciones sobre los abusos policiales efectuados por el Gobierno «carecían de transparencia y a menudo enfrentaban largas demoras y obstáculos procesales que contribuyen a la impunidad».
En concreto, se citan 385 casos de acusaciones de malos tratos policiales de los cuales hubo 336 denuncias de los que solo 49 estaban en investigación y solo ocho habían partido de la fiscalía.
El oficialista Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de Marruecos tan solo abrió durante 2021 veinte investigaciones por torturas o vejaciones. Por el contrario, al CNDH se le permitió un total de 137 visitas de vigilancia en las cárceles mientras que a las distintas ONG tan solo 49.
El texto del Departamento de Estado, que se basa en informes nacionales e internacionales de derechos humanos, sostiene que hay informes creíbles que certifican «torturas y tratos degradantes» por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes. Se recoge que en caso de denuncia de tortura el detenido debe ser visto por un médico pero los jueces se niegan a ordenar un examen médico.
En este sentido se señala el abuso de la detención arbitraria, donde las fuerzas de seguridad detienen a grupos de personas, las llevan a comisaría, las interrogaban durante horas y luego las ponían en libertad. Se indica que no ha existido ninguna investigación interna sobre las detenciones arbitrarias producidas.
Del mismo modo recuerdan que en la legislación marroquí no existe el término de «preso político» aunque organizaciones como la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y asociaciones saharauis confirman que se ha encarcelado a personas por sus creencias y actividades políticas con «la apariencia de cargos penales».
También recoge el texto «restricciones a la libertad de expresión y a los medios» así como la «vigilancia e intimidación de activistas políticos» además de una «corrupción gubernamental grave».
En lo referido al apartado de libertad de expresión y prensa se recoge que las autoridades «utilizaron una variedad de mecanismos legales para castigar a los periodistas críticos», añadiendo que el «hostigamiento e intimidación incluye desacreditarlos a través de falsos rumores dañinos sobre su vida personal».
En este sentido se cita el caso del periodista Souleiman Raissouni, quien estuvo en prisión preventiva más de un año antes de ser condenado a seis años de cárcel, recordando los «defectos de procedimiento» porque la defensa no pudo presentar testigos, algo también denunciado en el caso del periodista Omar Radi.
Además, la «autocensura y restricciones gubernamentales siguen siendo serios obstáculos para el desarrollo de un periodismo de investigación libre e independiente» por lo que alojan servidores de noticias fuera del país «para evitar ser censurados por las autoridades».
Del mismo modo, se han visto restringidas las «libertades de reunión y asociación pacífica», quejándose varias oenegés de que el Gobierno impidió manifestaciones pacíficas usando demoras administrativas además de rechazar el reconocimiento de algunas ONG.
En lo referido al Sahara se destaca algo ya conocido y denunciado por asociaciones de derechos humanos, que a los presos saharauis «se les trata con más dureza» que al resto de encarcelados, algo que niegan las autoridades penitenciarias marroquíes.
Se añade que la prisión de Dajla está «superpoblada y no tiene suficiente equipamiento para brindar condiciones dignas a los detenidos».
En Marruecos citemos dos datos del reciente Informe de índice de confianza, un 82 por ciento de los marroquíes considera que no se respetan los derechos humanos en su país, un 95 por ciento estima que el soborno es algo muy extendido en la sociedad y casi la mitad de los encuestados cree que el Gobierno no hace nada al respecto.
