El último informe global 2021 de Human Rights Watch (HRW) sobre la situación en Marruecos ha motivado el «rechazo categórico» del Gobierno porque duda de su «imparcialidad y objetividad». También se han producido duras críticas a Reporteros sin Fronteras (RSF).
El ejecutivo arremete contra la ONG señalando su «enfoque inadecuado» y la «instrumentalización de los derechos humanos». Asimismo señalan que se basa en «ideas preconcebidas».
Ya el pasado mes de diciembre de 2020 el Gobierno marroquí rechazó las denuncias de HRW sobre la represión contra activistas saharauis. Ahora también recogía el informe la prohibición sistemática de manifestaciones a favor de la autodeterminación en el Sahara, así como la represión en las calles y Comisarías de Policía.
De hecho, no solo en el territorio saharaui, hace escasos días el partido marroquí Vía Democrática, favorable al derecho de autodeterminación del Sahara, denunció que un miembro de sus juventudes, Mohamed Jeffi, fue detenido por la policía por defender en una red social esta postura y su negativa a la normalización del Majzén de relaciones con Israel.
El informe de HRW 2021 sobre Marruecos denunciaba “la intensificación de la represión” contra periodistas, miembros de redes sociales y artistas. Asimismo recuerdan las campañas de difamación en páginas web “conocidas por ser cercanas a los servicios de seguridad”, cuestión que también han denunciado ONG marroquíes como la Liga de Derechos del Hombre.
También denunciaba el informe las trabas a la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, la discriminación por razón de sexo, el matrimonio infantil o un sistema judicial que prima las pruebas de interrogatorios policiales obtenidas “mediante medidas de presión”.
Este ataque a HRW no es nuevo y viene a confirmar que ninguna ONG independiente es del agrado de Rabat. Hay que recordar otros casos parecidos como el sucedido el pasado verano de 2020 con Amnistía Internacional (AI), a la que incluso amenazó con cerrar su oficina en Marruecos tras conocerse el espionaje efectuado al periodista Omar Radi, que actualmente se encuentra en prisión.
Precisamente seis detenidos del Hirak del Rif y los periodistas encarcelados Omar Radi, Souleiman Raissouni, Taoufik Bouachrine y Maati Monjib mantuvieron una huelga de hambre simbólica de 48 horas para denunciar la política del estado marroquí contra la libertad de prensa, opinión y manifestación.
Miembros del Gobierno marroquí calificaron a AI como «organización que pretende defender los derechos humanos» añadiendo que habían recibido un total de 72 informes críticos de AI en los últimos seis años.
Otra ONG que ha sufrido las iras del Majzén marroquí es Reporteros sin Fronteras (RSF) debido a sus informes anuales sobre el país y la situación de la libertad de expresión. El miércoles 20 de enero desde el Gobierno marroquí se criticó los «ataques injustificables» y «afirmaciones difamatorias» donde la ONG se preguntaba cómo los periodistas críticos con el régimen se convierten de manera sorprendente en delincuentes, recordando los sistemas de los servicios secretos de Marruecos para desacreditar a los informadores, citando los casos de los que se encuentran en prisión.
Del mismo modo, incluso el Centro Robert F. Kennedy de Estados Unidos, ha recibido críticas por sus informes sobre Derechos Humanos calificándolos de «parciales y exagerados». Incluso voluntarias de ONG extranjeras que han estado trabajando en Marruecos han sufrido amenazas y acoso por su vestimenta por lo que abandonaron el país.
En resumen, para el Gobierno de Marruecos ninguna ONG internacional independiente es bien vista y sus informes son todos «hostiles y parciales», mismos calificativos que usan para buena parte de la prensa española.
