Activistas de Amnistía Internacional entregan 40.000 firmas en la Embajada de Marruecos en Madrid para pedir justicia por el caso de Ali Aarrass
Con motivo del día internacional de apoyo a las víctimas de tortura, este 26 de junio, Amnistía Internacional recuerda que sigue en campaña contra este cruel e inhumano castigo. La organización lanzó el pasado 13 de mayo una campaña global de dos años de duración bajo el lema #StopTortura.
La tortura sigue vigente en muchos países. En unos es algo habitual y sistemático, en otros aislado, pero los gobiernos coinciden en ocultarlo y mantenerlo en secreto: «En los últimos cinco años, Amnistía Internacional ha documentado casos de tortura y malos tratos en 141 países».
“La tortura es salvaje e inhumana, está prohibida por el derecho internacional, corroe el Estado de derecho y socava el sistema de justicia penal. No puede, nunca jamás, justificarse y estamos decididos a acabar con ella”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
Desde 1984, 155 Estados han ratificado la Convención contra la Tortura de la ONU, de los que Amnistía Internacional investiga a 142. En lo que va de 2014, Amnistía Internacional ha observado que en al menos 79 de ellos (más de la mitad de los Estados parte de la Convención que investiga Amnistía Internacional) se han producido casos de tortura. Otros 40 Estados miembros de la ONU no han adoptado la Convención, aunque la prohibición legal mundial de la tortura les obliga a hacerlo: “treinta años después de la Convención de la ONU, es más que hora de garantizar que estas leyes y normas se aplican plenamente en la práctica, en todos los lugares”, continúa Beltrán.
Las técnicas de tortura han evolucionado con el tiempo y muchas se mantienen vigentes —desde las posturas en tensión y la privación de sueño hasta la electrocución de los genitales—. A menudo se emplean contra presuntos delincuentes, detenidos por motivos de seguridad, voces disidentes y rivales políticos, entre otras personas.
Las relaciones de género dan lugar a determinadas formas de tortura y malos tratos sobre mujeres y personas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intergénero) y explican las dificultades para acceder a la justicia y reparación, condicionadas por el género y la discriminación. Por ejemplo, la violencia sexual ejecutada por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia constituye una forma de tortura. Basada en la discriminación de género, se trata de una práctica extendida que afecta especialmente a las mujeres y las personas LGTBI, que se encuentran en situación de custodia, lo que las vuelve mas vulnerables.
En cualquier caso, todas las víctimas de tortura y malos tratos –tanto las personas que sobreviven a la tortura como las familias de quienes han muerto a consecuencia de ella– tienen derecho a indemnización, rehabilitación, justicia y otras formas de reparación.
Amnistía Internacional pide a los gobiernos que implanten mecanismos de protección para prevenir y castigar la tortura, como exámenes médicos adecuados, el acceso rápido a los abogados, controles independientes de los centros de detención, investigaciones independientes y efectivas de las denuncias de tortura, el enjuiciamiento de los presuntos autores y una reparación adecuada a las víctimas.
El caso de Ali Aarrass
En Marruecos y Sáhara Occidental, las autoridades rara vez investigan las denuncias de tortura. Uno de los casos más recientes es el de Ali Aarrass. Tras un mes de presión internacional se han conseguido algunos avances:
El 21 de mayo de 2014 las autoridades de Marruecos anunciaron la apertura de una investigación sobre el caso de Ali Aarrass. La decisión oficial todavía no ha sido publicada así que se desconoce su contenido. Desde el anuncio de la investigación, Ali Aarrass no ha sido ni entrevistado ni examinado por un médico forense, como marca la normativa internacional. Por otra parte, el 16 de junio 2014 el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos pidió una investigación sobre diferentes casos de tortura, entre los que se encuentra Ali Aarrass.
Para lograr una investigación adecuada, activistas de Amnistía Internacional han salido hoy a la calle en Madrid, Rabat y Bruselas y se mantiene on line una petición en www.actuaconamnistia.org. En Madrid hoy se han entregado 40.000 firmas recogidas en el último mes y medio por este caso. Activistas de otros 40 países han salido a la calle para reclamar #StopTortura
Las autoridades españolas extraditaron a Ali Aarrass a Marruecos en 2010 a pesar de la posibilidad de que fuera torturado. Fue recogido por unos funcionarios de los servicios de inteligencia que lo llevaron a un centro secreto de detención, donde Aarrass dice que le aplicaron descargas eléctricas en los testículos, le golpearon en las plantas de los pies y lo tuvieron horas colgado de las muñecas. Según Aarrass, los policías lo obligaron a confesar que ayudaba a un grupo terrorista. Ali Aarrass fue declarado culpable y condenado a 12 años de cárcel basándose en esa «confesión».
La tortura en el mundo
*En África, la tortura y otros malos tratos son práctica generalizada en todo el continente, una región en la que más de 30 países*–entre ellos Angola, Chad, Gabón y Sierra Leona– *ni siquiera la castigan por ley*. La tortura bajo custodia es endémica en muchos países, y los esfuerzos por llevar a los responsables ante la justicia han sido sumamente limitados. La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos prohíbe expresamente la tortura, pero sólo 10 Estados cuentan con legislación nacional que tipifique estos actos como delito.
América cuenta, a nivel tanto regional como nacional, con algunas de las leyes y los mecanismos contra la tortura más sólidos del mundo. Sin embargo, la tortura y otros malos tratos siguen siendo práctica generalizada, y los responsables rara vez comparecen ante la justicia. En algunos países, una gran parte de la población acepta el uso de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes como respuesta a los altos índices de delincuencia violenta.
Muchos países de Asia y Oceanía siguen sin prevenir ni castigar la tortura. China y Corea del Norte son algunos de los Estados de la región con peor historial a este respecto. En algunos países, como Maldivas, siguen permitiéndose castigos tales como la flagelación, y las investigaciones sobre el uso de la tortura son casi insólitas.
Pese a la introducción de disposiciones legales para prohibir *la tortura y otros malos tratos, la práctica sigue estando muy extendida en *Europa y Asia Central, especialmente en *los países de la antigua Unión Soviética*. También se han documentado torturas y malos tratos en partes de la Unión Europea (UE), donde algunos países han eludido además su deber de investigar de manera efectiva las denuncias de complicidad en la tortura infligida en el contexto de las operaciones antiterroristas encabezadas por Estados Unidos.
La región de Oriente Medio y el Norte de África se ha visto sacudida por la agitación durante gran parte de este decenio. El optimismo inicial respecto a un aumento del respeto por los derechos humanos, incluido el derecho a no sufrir tortura, ha cedido en gran parte su puesto a la desesperación por la falta de progresos o, en el caso de Siria, al horror ante la catástrofe de derechos humanos, en la que la tortura se comete a escala industrial. Las nuevas autoridades, en algunos casos, han tomado medidas positivas, aunque escasas, como el fortalecimiento de la prohibición jurídica de la tortura o, en el caso de Túnez, el inicio de un proceso de justicia transicional. Sin embargo, hasta el momento, los factores que facilitan esos abusos han resultado estar demasiado arraigados como para que la legislación se convierta en práctica.
La tortura en España: impunidad y negación por parte de las autoridades
Desde que España ratificó en 1987 la Convención contra la Tortura, Amnistía Internacional ha seguido recibiendo denuncias sobre casos de tortura y malos tratos por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad: “Las autoridades españolas no se toman en serio la gravedad de la tortura. Siguen sin reconocer que se trata de un problema persistente y se niegan a considerar la tortura como crimen de derecho internacional. Mientras tanto, las víctimas de tortura siguen desprotegidas” asegura Esteban Beltrán.
En las últimas reformas del Código Penal, los sucesivos gobiernos no han tipificado correctamente la tortura adecuando su definición a lo que marca la Convención, por ejemplo, incluyendo la violación sexual bajo custodia como forma de tortura.
El Gobierno acaba de restringir por Ley el ejercicio de la jurisdicción universal en España hasta el punto de hacerlo casi inaplicable. La tortura practicada fuera de España es uno de los crímenes de derecho internacional que los jueces españoles apenas podrán perseguir en nuestro territorio.
Los sucesivos gobiernos no han establecido de manera suficiente las medidas y mecanismos necesarios para prevenir la tortura bajo custodia de los cuerpos y fuerzas de seguridad (como, por ejemplo, la abolición del régimen de incomunicación que sigue vigente o la introducción de videocámaras en todos los lugares donde las personas están detenidas), ni para investigarla de manera exhaustiva, independiente e imparcial cuando ocurre. Cuando las investigaciones llegan a producirse, muchos casos terminan en impunidad, al no poder identificarse a los responsables.
Recientemente, Amnistía Internacional ha denunciado malos tratos policiales (y falta de rendición de cuentas por esos abusos) en el contexto de manifestaciones celebradas contra las medidas de austeridad impulsadas por el gobierno.
España extradita a personas a países donde existe el peligro de que sean torturadas, como en el caso mencionado de Ali Aarrass. El kazajo Aleksandr Pavlov, encarcelado en España y reclamado por su país, está en peligro inminente de sufrir el mismo destino, si no prospera el recurso sobre su solicitud de asilo presentado en la Audiencia Nacional. Su extradición ya ha sido aprobada por el Consejo de Ministros.
La Audiencia Nacional negó hace un mes la extradición del exinspector de policía, Juan Antonio González, Billy el Niño, y el excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas, reclamados por la justicia argentina por su presunta implicación en casos de tortura durante el franquismo, alegando que los delitos ya han “prescrito”. Las normas internacionales indican claramente que los delitos de tortura son imprescriptibles.
