Siete años después de las graves violaciones de los derechos humanos contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, localidad del Estado mexicano de Guerrero, el caso sigue estancado y se ignora dónde ocultaron los cuerpos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) consideran fundamental continuar priorizando la búsqueda de los estudiantes, cuyo paradero aún se desconoce, así como avanzando con la investigación del caso y el esclarecimiento de los hechos de manera pronta y efectiva.
«Desde la adopción de la medida cautelar 409/14, la CIDH brinda un seguimiento cercano al asunto de Ayotzinapa y en el último tiempo ha podido dar testimonio de la importancia de la voluntad política del Estado para el impulso en el caso Ayotzinapa» señaló la Comisionada y Relatora para México, Esmeralda Arosemena de Troitiño.
A partir del trabajo articulado de las autoridades, con la participación de madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, hoy se conoce nueva información sobre el contexto y la dimensión del ataque ocurrido y las múltiples violaciones a derechos humanos que resultaron de ello. Y, por supuesto, ha quedado absolutamente desmentida la versión con la que el gobierno anterior, presidido por el priista Enrique Peña Nieto, quiso cerrar el caso a principios de 2015.
Avances relevantes
Asimismo, se han logrado avances relevantes en la investigación, como la identificación positiva de dos estudiantes; se están investigando actos de tortura y malos tratos cometidos durante la toma de las primeras declaraciones a los supuestos responsables; se ha tenido acceso a información de inteligencia que no había sido aportada en la primera fase de la investigación; y se tiene mayor claridad de la responsabilidad de actores no estatales y de funcionarios de todos los niveles del Gobierno.
Ambos organismos están de acuerdo en que la apertura al escrutinio internacional sienta precedentes positivos para la investigación de los casos de desaparición en México. Resulta de suma importancia transformar los avances logrados en acciones concretas que tengan como objetivo romper el pacto de silencio y los obstáculos para conocer la verdad de lo ocurrido. Al mismo tiempo, destacan que resulta prioritario determinar el paradero de los estudiantes; cumplir con las consignaciones y órdenes de aprehensión y extradición pendientes; impedir filtraciones de información sobre el caso; garantizar la seguridad de víctimas y testigos; y sancionar a los funcionarios públicos que obstaculizaron la justicia y cometieron violaciones a los derechos humanos durante la investigación.
El transcurso de siete años en una investigación como esta tiene un efecto negativo respecto de la conformación de la prueba y las expectativas de los familiares, que en algunos casos fallecieron sin haber obtenido justicia y reparación. Razón por la cual es necesario que se redoblen los esfuerzos en la recuperación de pruebas y nuevos testimonios relevantes, y se aceleren las entregas de información de las instituciones de seguridad e inteligencia aún pendientes.
Familiares y defensores de DD.HH, imprescindibles
La CIDH y la ONU-DH reconocen la lucha de las familias y de los defensores de derechos humanos que las acompañan, así como la destacada labor y compromiso de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia, de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa, que aunado a los hallazgos del Grupo Interdisciplinario de Personas Expertas Independientes (GIEI), permitió derribar la fabricación de una versión de los hechos que menoscabó las obligaciones internacionales del Estado respecto de los derechos de acceso a la justicia y debido proceso de los estudiantes desaparecidos y sus familias.
La CIDH, a través de su Mecanismo Especial para el Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA), continuará prestando la asistencia técnica al Estado en el marco de la medida cautelar 409/14 que aún se encuentra vigente; así como facilitando las labores de coadyuvancia del GIEI a las investigaciones.
De igual manera, la ONU-DH refrenda su compromiso de continuar brindando asistencia técnica al Estado mexicano en el caso Ayotzinapa, sobre la base de su mandato en el país y del acuerdo suscrito por la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, el 8 de abril de 2019 en el marco de su visita oficial a México.
